El PSOE denuncia que la política fiscal de Guardiola está diseñada para beneficiar a las rentas más altas

El Grupo Parlamentario Socialista ha asegurado este miércoles que las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo extremeño son “propaganda” y apenas tendrán impacto en la economía real de las familias extremeñas.

De este modo se ha pronunciado en la comisión conjunta de Hacienda y Presupuestos y Administración Pública y Diálogo Social de la Asamblea de Extremadura, en la que ha comparecido la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, para dar cuenta de las líneas de actuación de su departamento.

En su intervención, la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, ha acusado al Ejecutivo de desarrollar una política diseñada para beneficiar a las rentas más altas y ha puesto como prueba la eliminación del impuesto de patrimonio y la intención de suprimir el impuesto a las grandes eléctricas. “Van a regalarle 100 millones de euros a empresas eléctricas que facturan más de 10.000 millones al año mientras dicen que no hay dinero para pagar ayudas al alquiler a 4.000 jóvenes extremeños”, ha afirmado, según ha informado el Grupo Socialista en una nota.

Ha advertido de que las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo son “propaganda” y apenas tendrán impacto en la economía real de las familias extremeñas, mientras amenazan la sostenibilidad de los servicios públicos.

“Menos ingresos públicos significan menos capacidad para sostener hospitales, centros educativos y políticas de dependencia”, ha aseverado Gil Rosiña, quien ha acusado a la consejera de “mentir” sobre la ecotasa y la tasa Enresa vinculada a la central nuclear de Almaraz, reclamándole “rigor” y que diferencie entre ambos tributos “porque no tienen nada que ver”.

La portavoz socialista ha denunciado además una baja ejecución presupuestaria del Gobierno regional y el retraso en numerosos pagos a familias, asociaciones y empresas. “Ni ejecutan ni pagan”, ha resumido, citando partidas millonarias sin ejecutar en áreas como gestión forestal, infraestructuras, empleo, agricultura, cultura y turismo.

Por otra parte, ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de mantener a Extremadura “paralizada” durante seis meses tras las elecciones anticipadas y de haber tomado decisiones “rozando el límite de la legalidad” durante el periodo en funciones.

En materia de administración pública, la diputada ha denunciado que el Gobierno regional “no ha sido cumplidor” ni con la función pública ni con la Administración pública y ha calificado de “nefasto” el proceso de estabilización del empleo público.

Asimismo, ha criticado el incumplimiento de la prometida Ley de Función Pública y el “recurso continuo” del Ejecutivo a los decretos ley para sacar adelante decisiones clave.

La diputada socialista también ha puesto en cuestión el compromiso del Gobierno autonómico con el diálogo social mientras depende de Vox para gobernar.

En este sentido, ha reivindicado el papel histórico de la concertación social en Extremadura y ha recordado que los grandes avances de la comunidad autónoma “jamás hubieran sido posibles sin sindicatos y agentes sociales”.