Audiencia de Cáceres quiere escuchar a varios alcaldes antes de archivar una denuncia sobre vestigios franquistas

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres ha dictado un auto para que el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital cacereña tome declaración a cinco alcaldes, entre ellos el de la ciudad Luis Salaya, para ver si es cierto como acusa la asociación Abogados Cristianos que la Diputación provincial condiciona algunas subvenciones a la retirada de vestigios franquistas.

Vestigios que serían contrarios a la ley de memoria histórica y que están incluidos entre los 530 casos localizados en la provincia por la comisión de técnicos asesores que creó la Diputación en su seno.

Abogados Cristianos cree que Diputación presiona “de hecho” con las subvenciones para que se sigan las recomendaciones de los asesores que redactaron el catálogo, y presentó una denuncia en los juzgados contra el presidente de la institución provincial y alcalde de Calzadilla, Carlos Carlos.

Tras unas diligencias, el Juzgado 3 de Cáceres desestimó y archivó la denuncia después de analizar los escritos cruzados entre Diputación y ayuntamientos, y no encontrar prueba alguna de la presunta presión ejercida.

Abogados Cristianos recurrió a la sección segunda de la Audiencia, que ha determinado que dado que es lógico que la presunta presión no se ejerciera por escrito, para no dejar pruebas, y en los escritos efectivamente no aparece, hay que escuchar los testimonios orales de cinco alcaldes que deberán aclarar si la hubo o no.

El Juzgado de Instrucción 3 deberá tomar declaración pues a los alcaldes de Cáceres, Brozas, Gargüera de la Vera, Talaveruela de la Vera y Barrado, todos ellos del PSOE, y luego tras escucharles deberá ratificar si archiva y sobresee la denuncia, o no.