Ecologistas espera que el informe encargado por el TSJEx a Doñana les dé la razón
Esperanzados, animados y con la convicción de que el nuevo movimiento del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura reforzará su postura. Los ecologistas piensan que el informe pericial encargado a la Estación Biológica de Doñana sobre los impactos del proyecto urbanístico de Marina Isla de Valdecañas será la antesala de su derribo.
El alto tribunal ha notificado a la Junta su decisión de aplazar la orden de demolición del complejo de Valdecañas hasta disponer de un nuevo informe pericial encargado por la propia Sala a Doñana.
Ecologistas en Acción confía en que este nuevo informe sea la ‘sentencia de muerte’. Piensan que la independencia, el rigor científico y la independencia de este organismo les dará la razón a ellos.
Un proyecto que se enfrenta a un futuro incierto. Por un lado la empresa promotora del complejo turístico de lujo ha presentado un concurso de acreedores. A lo que se suma que el Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad del complejo, y ordena la reposición de los terrenos a la situación anterior a las obras.
Francisca Blanco, activista de Ecologistas en Acción, no entiende por qué a su juicio la justicia tiene una ‘doble vara de medir’ a la hora de ordenar que se cumpla una sentencia, de manera que “aquí solo cumplen las órdenes judiciales quienes no tienen dinero, porque el resto se libra por el morro”.
“La situación no ha variado con el informe”
La organización ecologista entiende que la situación de Marina Isla de Valdecañas no ha variado con la solicitud del informe realizada por el TSJEx. En mitad del conflicto creen que la única intención del gobierno del PP es “marear la perdiz, y ganar tiempo”.
Es más, Francisca Blanco está convencida de que el objetivo de Monago “sería quitarse de en medio este embrollo para dejarle la ‘perita’ al siguiente gobierno de Extremadura”, que no va ser del PP en su opinión.
La activista explica que Monago, para ejecutar sus planes, recurrió a través de los servicios jurídicos de la Junta a formular ante el Tribunal extremeño un incidente en el que se venía a expresar la imposibilidad de ejecución. Y lo hacía una vez dictada la sentencia en la que se anulaba el Plan de Interés Regional (PIR) que servía de base a la construcción del Complejo y se pedía la demolición de lo construido.
