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Los empleados públicos consideran “irresponsable” poner fin al teletrabajo en la Junta

Trabajadora de un servicio público

Santiago Manchado

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La pandemia se ha agudizado en las últimas semanas en Extremadura y, “en muchos de los casos, ni las instalaciones administrativas ni los procesos de trabajo se han adaptado completamente a la situación”, por lo que el Sindicato de Empleados Públicos Extremeños (SGTEX) considera “temeraria e irresponsable” la medida de ordenar incorporarse a la totalidad de los trabajadores de manera presencial y simultánea a sus puestos.

Según denuncia la organización, en algunos casos ya esta semana, y en otros, a partir de la semana que viene, se están impartiendo desde los distintos servicios, instrucciones en orden a la incorporación a los distintos centros de trabajo de la totalidad de los trabajadores, por lo que este miércoles ha presentado un escrito a la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública para solicitar la prórroga de la modalidad semipresencial de trabajo en la Junta de Extremadura.

Esta modalidad permite desde hace varios meses que los trabajadores acudan por turnos a los centros y continuar teletrabajando en días alternos “en aquellas unidades y servicios donde esta modalidad sea factible sin degradación de los servicios públicos” que prestan a los ciudadanos.

Negociar el teletrabajo

SGTEX argumenta que durante el tiempo transcurrido desde la finalización del estado de alarma muchos empleados públicos han venido compaginando el trabajo presencial en sus centros con la modalidad de teletrabajo en sus domicilios, turnándose entre ellos mediante un cuadrante de servicios, “sin que por ello los servicios públicos que la Administración viene prestando hayan sufrido merma ni menoscabo alguno y siguiendo el protocolo para la incorporación progresiva de los empleados públicos dictado por la Junta de Extremadura”.

Por último, el sindicato reclama negociar de forma “urgente” un decreto de teletrabajo en la Administración autonómica que clarifique y amplíe en lo posible los términos en que los empleados públicos de la región pueden acogerse a esta modalidad. El objetivo último, explica la organización, es restringir “al máximo posible” la posibilidad de contagios entre trabajadores y entre estos y los administrados, “contribuyendo de manera decisiva a la mejora de la salud pública”.

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