Extremadura tiene 110.589 personas con discapacidad, el 58% de ellas en zonas rurales

Un total de 110.589 personas con discapacidad de seis años y más residen en Extremadura, de las que el 57,8 % viven en zonas rurales, según recoge el informe Olivenza 2022 del Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED).

Un 55,5 % de ellas presentan mayoritariamente problemas de movilidad con un máximo grado reconocido de severidad y el 25,5 % de la población con discapacidad extremeña vive sola, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2022 se aprobaron 254 normas -34 estatales y 220 autonómicas- que regulan aspectos relevantes para las personas con discapacidad y las comunidades que más legislación han generado han sido Navarra y Galicia, ambas con más de una veintena de regulaciones.

Son datos del informe Olivenza 2022 del OED, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que cada año ofrece un panorama actualizado de la discapacidad en España.

El OED promueve está promovido por la Junta y la Universidad de Extremadura.

En el análisis de los avances que se han llevado a cabo desde mayo de 2019 para cumplir con las recomendaciones que hizo a España el Comité de Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, señala como preocupaciones principales la discriminación múltiple por motivos de discapacidad, la violencia de género que se ejerce contra estas personas o la falta de accesibilidad.

También, destaca las carencias en educación inclusiva, las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad, la limitación de los servicios de salud y la falta de formación de los profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.

A pesar de este impulso normativo durante el pasado año, el estudio pone de relieve que en 20 de 25 indicadores comparados las personas con discapacidad presentan una situación más desfavorable que la población general.

Para el director general de derechos de las personas con discapacidad, Jesús Martín, este tipo de diagnósticos permiten conocer la realidad de las personas con discapacidad y sus familias para poder impulsar políticas certeras para mitigar la desigualdad, explica el Observatorio en un comunicado.

Entre los análisis de regulaciones y normas, están la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, la evaluación del Plan de Acción de la anterior estrategia 2012-2020; la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, el Plan Nacional de Accesibilidad, la Estrategia Integral de Cultura para Todos y el Plan de Apoyo al Deporte Objetivo.

Respecto a las políticas públicas de discapacidad desarrolladas por las administraciones autonómicas, revela que 11 de las 17 comunidades autónomas han formulado documentos de medidas integrales en materia de discapacidad.

Del ámbito laboral, muestra cómo las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales.