La Federación de Caza pide ayuda a la Junta contra el Gobierno central

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha pedido ayuda a la Junta contra el Gobierno central, para evitar la puesta en marcha de una norma europea que limita el uso de la munición de plomo en la naturaleza, en pro de otros materiales alternativos.

Esa asociación de cazadores ha alertado de que las nuevas restricciones al uso del plomo previstas en la modificación del Reglamento europeo Reach podrían afectar a “más de 600.000 hectáreas” en Extremadura y suponer la reducción drástica del número de escopetas en acción.

La federación ha pedido el apoyo de la Junta para trasladar al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y el Ministerio de Sanidad los riesgos de una norma que, entre otras cosas, definiría “toda superficie cubierta temporalmente de agua” y “vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia”.

En un comunicado, considera “alarmante” el “posicionamiento unilateral” del Gobierno central, que está “apoyando esta propuesta”.

A la hora de analizar “el riesgo de muerte de cazadores y personal auxiliar por el rebote que produce cualquier munición que no sea la de plomo”, el Gobierno señala que “hay alternativas técnicamente viables”.

Para la federación, esto es “falso” dado que las municiones alternativas “no disponen de la capacidad de producción necesaria ni son económicamente viables, a excepción del acero que es altamente peligroso”.

Sin embargo la regulación actual, con la prohibición del uso del plomo en humedales de alto valor ecológico, es “coherente y razonable”.

La nueva propuesta definiría humedal como “toda superficie cubierta temporalmente de agua superior a un metro cuadrado”, lo que podría afectar a gran parte de Extremadura.

Además siempre según Fedexcaza los cazadores tendrían que demostrar “su inocencia” si poseen un cartucho de plomo, incluso fuera de los humedales cuando regresan a casa después de la caza, lo que representa “una interferencia importante con los principios fundamentales del derecho de la Unión Europea (UE)”.

Por otro lado, están disconformes con el período de transición que propone la Comisión Europea (CE) de 24 meses, mucho más corto que los 36 de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

“La Comisión ha tenido amplias oportunidades para remediar la redacción totalmente inadecuada y la ambigüedad en sus disposiciones”, de una norma que contribuiría a la “incertidumbre y la inestabilidad jurídica”, por lo que entiende que la CE debería proponer un texto que sea “legal y comprensible”.