Investigan si un matrimonio convenido con una menor es trata de personas
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Herrera del Duque (Badajoz) investiga si el caso de una menor rumana, que llegó a Talarrubias (Badajoz) con una familia también rumana para casarse con un hijo de ésta es una trata de personas, y si estaba secuestrada.
Según ha explicado Raúl Montaño, abogado de la madre de la menor rumana (14 años de edad) y del joven (21) con el que supuestamente se iba a casar, los hechos se remontan al mes de septiembre cuando esta familia de rumanos, que lleva años en la población pacense de Talarrubias trabajando en tareas agrícolas, vuelven de un viaje de Rumanía con la menor.
La madre del joven la llevó al médico, momento en el que se comprobó que no tenía ningún tipo de documentación y que no era su hija, por lo que la asistente social del Ayuntamiento hizo un informe que remitió a la Guardia Civil.
En este informe se señala, según el abogado, que la joven estaba secuestrada y que se podría tratar de un caso de trata de blancas, un extremo que rechaza el abogado, ya que la propia menor reconoce que vino voluntariamente y que la familia la cuidaba “y estaba muy pendiente de ella”.
Fruto del informe, en febrero fueron detenidos el joven, sus padres y después también la madre de la menor, “que se había trasladado desde Rumanía para solucionar las cosas”, y la menor quedó bajo la tutela de la Junta de Extremadura.
Recurso contra la prisión
Precisamente, la Audiencia Provincial de Mérida tenía que pronunciarse este miércoles sobre el recurso interpuesto contra el auto de prisión, que fue presentado en abril y que todavía no se ha resuelto, pese a que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un máximo de 30 días, ha lamentado el abogado.
Raúl Montaño ha explicado que la jueza argumenta falta de arraigo y riesgo de fuga para justificar la prisión, algo que califica como “barbaridad”, ya que los padres del joven llevan años trabajando en España, y la madre de la menor vino a España voluntariamente.
El abogado cree que hay que tener en cuenta “las costumbres sociales de estos grupos, que se juntan sin casarse y esperan a tener la mayoría de edad para formalizar el matrimonio”.
Ha añadido que incluso la madre de la menor le hizo un poder notarial a los padres del joven para poderla traerla a España, y atribuye los 50 euros que según la fiscalía recibió la madre “a un regalo y no a un pago”.
Para Raúl Montaño, el problema es que la Guardia Civil “pone en el atestado que se trata de un posible caso de trata de blanca y saltan las alarmas”.
