Junta propone pactar una ley audiovisual que fije el porcentaje de producción regional en Canal Extremadura
La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha propuesto este jueves a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura negociar y consensuar una nueva ley del sector audiovisual, que contemple entre otras cosas el porcentaje de la programación que debe contratar Canal Extremadura con empresas extremeñas.
Rosiña ha comparecido ante el Pleno de la Asamblea, a petición del PP, para informar sobre la situación actual de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma).
La también responsable de Relaciones Institucionales ha recordado que el pasado lunes ya mantuvo una reunión con representantes de las distintas formaciones parlamentarias en la que propuso no sólo la necesidad de modificar la ley de la CEXMA, sino la posibilidad de elaborar una nueva ley de todo el sector audiovisual, en la que se integre la reforma referida a la Cexma.
La modificación incluiría la obligatoriedad de elegir por concurrencia competitiva la dirección general de la Corporación, como ya hizo el Gobierno de Fernández Vara en 2015 y que permitió el acceso a este puesto de Carmen Santos Garaicoechea.
Isabel Gil Rosiña ha indicado que los 24 millones de euros de presupuesto de la radio y televisión públicas de Extremadura y su plantilla de 207 trabajadores “no son una broma” y abogado por dar “mayor fortaleza y capacidad” a los órganos de control de estos medios con una reforma de la ley.
Tras precisar que la capacidad de contratación de la programación corresponde a la Cexma como ente autónomo, ha instado a los grupos a negociar una ley del sector audiovisual extremeño si lo que se quiere, ha dicho, “es poner en la ley cómo se contrata en Canal Extremadura”.
En ese sentido, ha anunciado que en los próximos 15 días las formaciones políticas en la Asamblea de Extremadura contarán con un primer borrador de esa ley, que incluirá una comparativa de cómo está regulado esto en otras comunidades autónomas.
Ha defendido que las contrataciones ahora se hacen tal y como marca la ley y que si alguien tiene alguna prueba de lo contrario, las presente a la Junta o acuda a los tribunales, porque no está dispuesta a aceptar “temeridades ni cuentos” al respecto.
Gil Rosiña se ha referido así, al igual que los grupos de la oposición, a las críticas formuladas por algunos colectivos en torno a la supresión de los dos programas de la tarde en Canal Extremadura Televisión y a la contratación con una productora andaluza de los espacios que los sustituirán.
Independencia y pluralidad
Por otra parte, la portavoz de la Junta ha destacado que “ésta ya no es la televisión del gobierno sino que es la televisión de todos los extremeños”, dada la independencia y pluralidad de este medio frente al control y la manipulación informativa que ejerció el PP en sus cuatro años de gobierno.
La prueba es que en esos cuatro años Fernández Vara “salió dos veces” y sin embargo ahora todos las semanas hay tertulias con todos los partidos y a Monago se le entrevista sin problemas, como recientemente en torno al congreso nacional del PP
Además, ha recordado la situación económica “absolutamente dramática” con la que se encontraron a la televisión extremeña, con una deuda de casi 8 millones de euros a sus proveedores en septiembre de 2015, lo que ponía en seria duda su viabilidad y la de todo el sector.
Cobraron con el FLA
Tras ser Extremadura la única comunidad autónoma que incluyó en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al sector audiovisual, la Corporación “es hoy una empresa pública más viable” y que puede garantizar mejor los derechos de sus 207 trabajadores, según la portavoz de la Junta.
Gil Rosiña ha anunciado, además, que será una de las entidades que serán auditadas por la Junta dentro de su plan anual de auditorías para 2017.
El diputado del PP Hipólito Pacheco ha considerado “intolerable” la deriva de la televisión pública y ha recordado que la Asociación de Productoras de Extremadura (APECA) ha pedido la dimisión de la directora general, Carmen Santos Garaicoechea, tras suprimir los dos programas de la tarde y contratar con una productora andaluza.
Mientras Pacheco ha adelantado que “no aceptarán el modelo andaluz de televisión pública bajo ningún concepto”, ni “tampoco el de Podemos”, la diputada de C's, María Victoria Domínguez, ha aceptado el reto para consensuar una nueva ley, tras indicar que “hay muchas cosas que no funcionan bien”.
El portavoz de Podemos, Álvaro Jaén, por su parte, ha insinuado que la productora andaluza ha sido contratada por su “amistad” con un sector del PSOE extremeño y lamentado que las condiciones laborales de esta empresa son peores de las que estaban antes.
