La normalidad se va instaurando en los juzgados extremeños tras la COVID

Tras la suspensión de 3.192 vistas judiciales por la covid, Extremadura ha abierto este lunes un nuevo año judicial con deseos de normalidad, de retomar proyectos aparcados y con un incremento de actividad en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2019, anterior a la pandemia.

Durante el acto, celebrado en Cáceres, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), María Félix Tena, ha puesto de manifiesto el deseo de “normalidad” en los órganos judiciales, una situación que ya se vislumbra en las estadísticas de 2021. Los seis primeros meses de este año los juzgados y tribunales de Extremadura finalizaron 61.547 asuntos, es decir, un 11,6 % más que en el mismo período de 2019, antes de la pandemia, y un 53 % más que la misma fecha de 2020, según ha apuntado Tena.

Junto a la presidenta del TSJEX han estado en el acto, que el pasado año no se pudo celebrar por la covid, el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, y el secretario de gobierno del TSJEX, Domingo Bujalance, así como autoridades civiles y militares. “A todos nos inunda ese deseo de normalidad, pero siempre dentro de la prudencia y mesura que la circunstancia nos exija. Encaramos este nuevo año judicial con la seguridad de que alguno de los proyectos que hubo que posponer y otros que han ido surgiendo será posible visualizarlos en la práctica”, ha expuesto Tena.

Así, entre otros proyectos a afrontar este año está el traslado de los órganos judiciales de Badajoz al nuevo Palacio de Justicia, la publicación del concurso para la redacción del proyecto de ampliación del de Cáceres, y la creación de un juzgado de violencia contra la mujer y otro de lo mercantil, ambos con sede en la capital cacereña.

Todo ello después de un año y medio de pandemia, que ha provocado la suspensión de 3.192 vistas judiciales en Extremadura, una cifra “escalofriante”, según ha afirmado el fiscal superior, Francisco Javier Montero, quien ha agregado que en 2020 y en lo que va de año “no ha habido un funcionamiento normal de la administración de justicia”.

En su intervención, ha apuntado que un total de 4.611 actos judiciales se han celebrado, pero 3.192 vitas fueron suspendidas. A su juicio, la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto “lo mejor” de la administración de justicia, como es el compromiso y dedicación de los trabajadores públicos, su capacidad y formación, pero también “lo peor”, como es “la tradicional insuficiencia de medios materiales y personales”.

De hecho, ha reconocido que en los peores momentos de la pandemia se han realizado “enormes esfuerzos” para dar satisfacción a las demandas de justicia en todos aquellos asuntos que se consideran inaplazables, y en unas condiciones francamente desfavorables desde el punto de vista higiénico-sanitario.

Aunque en el ámbito de la Fiscalía y su órgano jurisdiccional de referencia inmediata que es el TSJ se produjo en 2020 un mantenimiento en cifras similares a las de 2019 en la Sala Civil y Penal, sí hubo un incremento de intervenciones por parte del Ministerio Fiscal ante la Sala de lo Contencioso del TSJ en defensa de los derechos fundamentales de las personas, pues pasó de cuatro en 2019 a 33 en 2020, un incremento de más de un 800 %.

Este aumento se produjo, según ha explicado, por la reforma operada por la Ley 3/20 de 18/9, por la que las Salas de lo Contencioso de los TSJ asumieron la competencia para la ratificación de las medidas restrictivas.

Otro eje de su actividad, como así lo ha trasladado, ha sido la protección de las personas mayores ingresadas en centros residenciales o sociosanitarios durante la pandemia.

En un prisma estadístico, ha apuntado que los sucesivos estados de alarma, confinamientos domiciliarios y perimetrales, y las limitaciones y paralizaciones de actividades colectivas y de ocio han condicionado las cifras.