Trabajadores sociales piden que sigan sus contratos y PSOE y Podemos les apoyan
Los trabajadores sociales que tramitan las peticiones de la renta básica en Extremadura pidieron ayer que se mantengan sus contratos, que acaban en breve, con fin de que no se produzcan otra vez “tapones” en la gestión de los expedientes, una cuestión que respaldan tanto el PSOE como Podemos.
Así lo han reclamado hoy en Mérida, ante las puertas del Parlamento de Extremadura, a los partidos políticos que hoy participan en al acto de constitución de la cámara tras las últimas elecciones autonómicas.
El trabajador social Manuel Martín ha explicado que el colectivo está integrado por 115 personas y que su trabajo ha permitido paliar el “retraso” que había en los trámites, una mejora que peligra si se consuma el fin de sus contratos el próximo día 15 de julio.
“Una vez que se nos despida se van a caer otra vez la Ley y la gestión ya que, si no hay personal, se va a volver al tapón que había en 2013 y 2014”, ha agregado Martín.
Por su parte, la también trabajadora social Francisca González ha leído un documento en el que se expone, entre otras cuestiones, que la contratación de estas personas ha supuesto “un alivio en la carga de trabajo” y la mejora de la gestión, y que “la no consecución del seguimiento del proyecto de inserción y la paralización de los informes sociales incumple la Ley de Renta Básica de Inserción”.
Además, ha continuado, el papel del proyecto de inserción en la renta básica es “fundamental” ya que permite superar las situaciones de carencia y superar “el esquema de beneficencia”, y no se han resuelto los motivos por los que se contrató a los trabajadores sociales ya que se sigue tramitando “una gran cantidad de expedientes, con sus correspondientes seguimientos”.
Otro punto es que la renovación de los contratos de esos profesionales supone un mejor atención en los servicios sociales de base ya que sus trabajadores no pueden dedicarse a tramitar la renta básica, “que requiere tiempo y dedicación, el apoyo de los trabajadores sociales”.
Por todo esto, este colectivo solicita al Gobierno regional que se mantenga la dotación de estos profesionales en los servicios sociales de base durante todo el año con fin de atender las demandas de renta básica o de cualquier otra prestación.
Evitar necesidades graves
También ha intervenido la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, que ha dicho que el papel de estos trabajadores es “necesario”, que el PSOE “coincide con ellos plenamente” y que, por esto, durante la anterior legislatura han planteado numerosas iniciativas para paliar “el hambre y la miseria” mediante el reforzamiento de los servicios sociales de base.
Ha subrayado es éstos son “la piedra angular” para evitar que las familias sufran necesidades graves.
Gil Rosiña ha explicado que el futuro Gobierno regional encabezado por el socialista Guillermo Fernández Vara “va a resolver problemas” pero que es preciso que los extremeños “dejen que pasen cinco, seis o siete días para que Guillermo Fernández Vara pueda entrar por las puertas de la Junta y sentarse en el sillón de presidente para empezar a tomar decisiones”.
En este sentido, ha subrayado que se tomarán “decisiones políticas importantes” relacionadas con “lo perdido socialmente, lo que ha quebrado la región y ha generado muchas desigualdades”, pero que no se pueden tomar medidas “estancas” en cada administración.
Por esto, ha dicho que es preciso que los servicios sociales de base experimenten “una vuelta” con el acuerdo de todas las administraciones públicas y con una Ley específica.
Podemos
A su vez, la diputada de Podemos Jara Romero ha explicado que en la región se vive “una situación de emergencia social grave”, que es preciso “un plan de rescate ciudadano que no sea mero asistencialismo” y que los trabajadores sociales no sean despedidos porque, si no, se volverá al “estancamiento” en la renta básica.
Ha ofrecido “el total compromiso de Podemos al PSOE, que comenzará su Gobierno la próxima semana, para que se mantengan los contratos y se cobre la renta básica”.
El Gobex dice que no es necesario
Por su parte el Gobierno extremeño ha asegurado que la reducción de solicitudes de Renta Básica y la agilización de los trámites de gestión de los expedientes hacen innecesarias nuevas ayudas para la contratación de trabajadores sociales para gestionar esta prestación.
La normalización del sistema, la agilización en la tramitación de expedientes y la mayor cobertura que representa la actual normativa reguladora de la Renta Básica ha reducido hasta en un 75 por ciento el número de solicitudes presentadas por convocatoria y la carga de gestión en la mayoría de ayuntamientos y mancomunidades.
En este sentido, indica que la contratación con carácter extraordinario de estos trabajadores por los ayuntamientos y las mancomunidades obedeció en su día a la implantación del nuevo modelo de gestión de la renta básica a través de un sistema informático que buscaba, como así ha sucedido, la simplificación en la tramitación a través de la eliminación de gran parte de la documentación anteriormente requerida.
La Junta de Extremadura ha afirmado que la reducción en el número de solicitudes que se han recibido en función de las distintas convocatorias abiertas es más que evidente en municipios como Mérida, donde se ha pasado de las 1.857 solicitudes registradas en la convocatoria de 2013, a las 313 en la primera convocatoria de 2015 que acaba de terminar.