Vergeles pide a Ambulancias Tenorio que reconsidere los últimos 28 despidos

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha celebrado la conversión en indefinidos de 100 trabajadores de Ambulancias Tenorio, al tiempo que ha pedido a la empresa que “reconsidere” y estudie “caso a caso” su decisión sobre los 28 despidos producidos recientemente.

Vergeles se ha expresado así al ser preguntado por el conflicto laboral que existe en la adjudicataria del servicio de transporte sanitario terrestre, donde estaba previsto el inicio a partir de este viernes de una huelga indefinida.

El titular de Sanidad ha indicado que es “una buena noticia” que se haga indefinidas a 100 personas y ha animado a la empresa “a seguir en esa dirección porque nos irá bien a todos”.

“Y si pueden rescatar a esos 28 me alegrará todavía más, porque mi exigencia a la empresa es que mientras más contratos indefinidos haya, mejor”, ha expresado.

El consejero ha sido cuestionado por el hecho de que la adjudicataria señale como un “compromiso” con el servicio la conversión en indefinidos de trabajadores eventuales que, según los sindicatos, cumplen dos años en la empresa, pues es algo a lo que “obliga la ley”.

“Entiendo que como cualquier empresa cuando cumplen los dos años, uno los puede despedir o hacerlos indefinidos”, aclara sin embargo Vergeles, quien se ha mostrado “a favor de que haya un empleo digno y de calidad”.

En cualquier caso, ha explicado que la Junta “no es competente” en las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores, lo que puede hacer es ofrecerse a “mediar” como está haciendo.

 

Condiciones

Y la competencia del Ejecutivo regional, ha precisado, es exigir y “comprobar si se cumple el pliego de condiciones técnicas y las cláusulas sociales”, que son condiciones especiales de contratación que incluyen el cumplimiento del convenio colectivo, por las que se adjudicó el contrato.

Algo que se está haciendo a través de la comisión de seguimiento del contrato, que se ha reunido “10 veces” para exigirle el cumplimiento en cuestiones relacionadas con el equipamiento y número de ambulancias, y de las inspecciones de Trabajo y de la Seguridad Social.

Tiene constancia de que hay denuncias ante ambas inspecciones, que están “en proceso administrativo”, pero “no hay resoluciones firmes ni de unas ni de otras” por infracciones “graves” de incumplimiento del convenio, de modo que la administración “no tiene causa administrativa en este momento para rescindir el contrato”.

Si se resuelve el contrato con la empresa si las circunstancias no se dan y, por tanto, de forma “arbitraria”, la empresa “podría emprender acciones judiciales porque no hay esa resolución firme”.

A este respecto, ha asegurado que por “la resolución del contrato culpable con la UTE del hospital de Cáceres durante el Gobierno del PP”, ahora existe “una amenaza” de “indemnización de 28 millones de euros porque no estaba bien justificado”, que la Junta trabaja para que no tenga que hacerse efectiva.