Un alto cargo de la Xunta declara ante la juez por vertidos de metales pesados de la mina coruñesa de Monte Neme

La noticia salió en toda la prensa. En febrero de 2014, una de las balsas de residuos de la mina de Monte Neme, entre Carballo y Malpica (A Coruña), en tiempos dedicada al wolframio y más tarde a la extracción de áridos, se rompió. 24.000 metros cúbicos de aguas sucias y lodos descendieron ladera abajo, contaminaron tierras y riachuelos, y por poco no alcanzaron poblaciones de la zona. Siete años después, un alto cargo de la Xunta de Galicia declara ante un juzgado de Carballo investigado por presunto delito “contra los recursos naturales y el medio ambiente” derivado de aquel suceso.

La explotación minera había pertenecido en su última etapa a Leitosa, una empresa de la familia Cotino -implicada en la rama valenciana de la trama Gürtel- que entró en quiebra en 2012 y se disolvió en 2015. Había recibido unos 600.000 euros en ayudas concedidas por el último ejecutivo de Fraga Iribarne. Que el dinero público regase el proyecto no fue suficiente para que la compañía se hiciese cargo de la restauración del lugar, algo a lo que están obligadas las firmas mineras en el Estado español desde, por lo menos, 1982. Leitosa no atendió a ello. El Gobierno gallego es responsable civil subsidiario de los problemas ambientales que pueda causar. Y los causó, en 2014, con la ruptura de la balsa.

La Xunta decidió entonces tomar las riendas. Valló el lugar, ya que la gente acudía a hacerse fotos con el fondo azul turquesa de las aguas -coloración provocada por la polución- e incluso a bañarse. Augas de Galicia había ya detectado elevadas concentraciones de aluminio. Pero los vertidos continuaron. Fuentes del movimiento ecologista explican que la restauración de la mina no se ha completado, pese a llevar años sin actividad. Hace dos años, el propio Feijóo afirmaba que la “responsable” de lo que ocurra en la mina era la antigua empresa que la explotaba. “Tiene que recuperar el espacio, sanear las balsas y rehabilitar la zona de acuerdo con la comunidad de montes”, dijo el presidente. Le habían preguntado por la intoxicación de algunos bañistas en la balsa de Monte Neme. Se desentendió.

“Drenajes con metales pesados”

La Asociación Petón do Lobo fue la que presentó la denuncia contra Ángel Bernardo Tahoces y Juan José Iglesias Suárez, entonces director general de Minas y el jefe territorial de la Consellería de Industria en A Coruña, respectivamente. Este último declaró el miércoles ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de la localidad de la comarca de Bergantiños. Los indicios detectados por la juez que lleva el caso se refieren a “un delito ecológico continuado por vertidos de drenajes ácidos de mina con altas cantidades de metales pesados”. Y los mencionados vertidos ocurren a través de “dos tubos de drenaje instalados por la Xunta sin tratamiento”.

La misma magistrada considera sin embargo prescrito otro delito, la responsabilidad criminal “respecto a los hechos relativos a la falla crítica de uno de los depósitos mineros en febrero de 2014”. Tal y como argumenta en el auto de incoación de diligencias al que ha tenido acceso elDiario.es, al presentarse la demanda el pasado mes de diciembre, ya habían transcurrido cinco años desde los hechos y “no consta denuncia penal en este tiempo” que “haya podido interrumpir la prescripción”. Petón do Lobo lo denunció en su día, recuerdan desde la asociación, pero la Fiscalía no admitió la demanda.

Consultada por elDiario.es, la Consellería de Economía, Empresa e Innovación se ha limitado a expresar su “máximo respecto al procedimiento” y su “colaboración con los tribunales para que esta situación se aclare lo antes posible”.

Tahoces y la justicia

La actual demanda incluye también a Ángel Bernardo Tahoces, director general de Minas durante una década en los gobiernos de Feijóo. El presidente lo cesó el pasado año. Pero, a pesar de estar investigado en otro proceso, también relacionado con la minería -el caso de Varilongo-, le buscó acomodo. Tahoces es ahora gerente de la Axencia da Industria Forestal, dependiente de la Consellería de Economía.

La política minera de la Xunta de Feijóo ha sido un foco constante de conflictos sociales, algunos de ellos judicializados. En el caso de Varilongo (Santa Comba, A Coruña), el Gobierno gallego autorizó su reapertura sin evaluación de su impacto ambiental. Y eso que algunos informes alertaban de la posibilidad de que la explotación contaminase las aguas de lugar. Tahoces ya ha declarado en sede judicial por el caso. Lo hizo el pasado junio. También la reapertura de San Finx (Lousame, A Coruña) ha generado protestas vecinales y ecologistas. Y ha acabado con Tahoces nuevamente ante el juez, esta vez por presunto delito de prevaricación ambiental. La movilización social consiguió paralizar un proyecto análogo en Touro (A Coruña).