¿Por que los ayuntamientos gallegos no promueven más la reducción y el reciclaje de basura?
El Parlamento de Galicia acaba de rechazar una iniciativa legislativa popular (ILP) por el reciclaje y contra la incineración. Es la segunda vez que lo hace, pues ya vetó otra promovida en los años 90. En las dos votaciones, el voto contrario del PP fue suficiente para rechazarla. Esta vez, el PSdG-PSOE votó a favor, pero hace 17 años se había abstenido. Su entonces secretario general, el ex-alcalde de A Coruña Francisco Vázquez, apoyaba a SOGAMA. El derribo de la escombrera municipal de basuras de A Coruña, en septiembre de 1996, lo haría cambiar de opinión. Como alcalde, acabaría impulsando un plan de residuos alternativo, con resultados poco brillantes pero mejores que los de SOGAMA. El rechazo de la ILP no lo impidió entonces. Tampoco ahora imposibilitaría que los ayuntamientos se comprometieran a fondo con los “tres erres” (reducción, reutilización y reciclaje).
La empresa semipública SOGAMA no sería viable sin la adhesión de los ayuntamientos. La creó en 1992 la Xunta, de la mano de la hoy Gas Natural Fenosa, pero la alimentan los ayuntamientos con la basura que recogen y el dinero que pagan. Por ley, la recogida y el tratamiento de la basura son competencias municipales. Sin apenas resistencia social a nivel local a la adhesión a SOGAMA, la adopción del modelo de gestión ideado por Xosé Cuiña fue la elección cómoda de 296 de los 315 municipios del país. Muy pocos optaron por la vía, más compleja, de promover plantas propias de compostaje y de reciclaje. Y ninguno ha impulsado hasta hoy una política de residuos asentada en la prevención y en la gestión pública.
Hablar de la gestión de la basura en Galicia es, sobre todo, hablar de SOGAMA. La Xunta y casi todos los Ayuntamientos dejaron el problema de la basura en manos de SOGAMA. Y no sólo los gobernados por el PP. Los partidos de izquierda se comprometieron poco con los “tres erres” desde el poder municipal -y desde la Xunta, en la etapa del bipartito-. Sobre todo el PSOE, capaz al mismo tiempo de votar contra la incineración en el Parlamento y de facilitar la ampliación de la incineradora de SOGAMA -y, en su día, su instalación- desde la alcaldía de Cerceda.
SOGAMA no sería nada sin los Ayuntamientos
Bien está que se ponga el foco en SOGAMA, y en una política autonómica que sigue apostando fuertemente por la incineración, pero hace falta no olvidar que, sin los ayuntamientos que le entregan la basura voluntariamente, SOGAMA habría sido, en lugar de un desastre ambiental, un fracaso empresarial. Los ayuntamientos (y las diputaciones provinciales) son corresponsables de la excesiva generación de basura, de las bajas tasas de reciclaje y de la consolidación de la macroincineradora de Cerceda. Ni siquiera le cabe a SOGAMA el 'mérito' de haber introducido en nuestro país la incineración como método de tratamiento de la basura. Antes de SOGAMA, ya hubo una incineradora municipal en Vigo.
La privatización de la recogida y el tratamiento de la basura
La gestión privada de los residuos municipales dificulta la adopción de políticas de prevención. El principal obstáculo para estas políticas es su carácter contradictorio con las dinámicas de un sistema económico productivista y consumista, pero hacer de la recogida y el tratamiento de la basura un negocio privado (más basura, más negocio) añade un obstáculo adicional. Por no hablar de lo que implica engordar aún más las grandes empresas de la construcción (propietarias de las principales concesionarias de los servicios de basura) y del sector eléctrico (en este caso Gas Natural Fenosa, copropietaria con la Xunta de SOGAMA), cuya actividad económica e influencia política tanto tienen que ver con muchos de los problemas que padecemos.
Incinerar destruye recursos naturales y contribuye al cambio climático
Según un comunicado de la propia SOGAMA, de mediados del pasado año, desde la entrada en funcionamiento, hace más de 10 años, de su 'complejo ambiental' ha incinerado 5.230.000 toneladas de basura 'no reciclable'. La prevención y el reciclaje de estos residuos habrían ahorrado más energía de la que SOGAMA produjo, equivalente a la de 1.176.000 toneladas de carbón, un poco menos de la cantidad importada por las térmicas de carbón gallegas sólo en 2010.
La contaminación local asociada a la actividad de una incineradora es, por sí sola, razón suficiente para rechazarla, sobre todo en medio rural. Pero lo peor de la incineración, desde el punto de vista de la sostenibilidad ecológica, no es la contaminación local. Es el desperdicio de recursos naturales, cuya extracción y transformación es la causa última de la crisis ecológica global. Los residuos son una auténtica 'mina' de recursos que no deberíamos desaprovechar en una Galicia caracterizada por el sobreconsumo y la dependencia de materiales y de energía importados. La reutilización y el reciclaje de los residuos urbanos son una especie de 'minería urbana' alternativa a la megaminería destructiva que está espoliando el planeta y, ahora más que nunca, está poniendo sus ojos en el territorio gallego.
El vertido y la incineración suponen el malgasto de valiosos recursos naturales. En nuestro país, se vierten o se incineran nada menos que el 85% de los residuos municipales (2009). En el conjunto de la UE acaban en la escombrera o en la incineradora el 60% de este tipo de residuos (2010). Queda mucho para lograr una Europa y una Galicia que usen unos recursos naturales cada vez más escasos y caros con suficiencia y con eficiencia. Lo que pasa, entre otras cosas, por reducir y reciclar la basura.
¿Qué pueden hacer los ayuntamientos por la reducción, la reutilización y el reciclaje?
No es poco lo que pueden hacer los gobiernos locales a favor de la prevención y el reciclaje de los residuos, siempre que no renuncien a la autonomía municipal, abandonen la comodidad de las políticas dominantes hoy y promuevan la participación ciudadana. Los ayuntamientos gallegos podrían hacer mucho más de lo que están haciendo por los 'tres erres'. A continuación apuntamos algunas medidas, entre otras posibles. Medidas que representan oportunidades de mejora ambiental, de creación de empleos verdes y de reducción de costes económicos.
Implantar la recogida selectiva puerta a puerta (PaP). La recogida PaP de la basura separada por fracciones es un sistema que ofrece mejores resultados que los contenedores, alcanzando un 80% de recogida selectiva. Ha sido noticia en el Estado español por la polémica suscitada en Euskadi a raíz de su implantación en municipios gobernados por Bildu, pero es un sistema aplicado en muchos municipios de diversos países por gobiernos de distintos colores políticos. En Cataluña, donde se formó la Asociación de Municipios Catalanes para la PaP, más de 80 municipios implantaron este sistema desde el año 2000.
Remunicipalizar la recogida (y el tratamiento) de la basura. Muchos ayuntamientos privatizaron la recogida de la basura desde los años 80, alimentando un negocio dominado por grandes constructoras. Sería deseable una remunicipalización de la recogida de la basura acompañada del establecimiento de una política tarifaria socialmente justa y favorecedora de la reducción y el reciclaje.
Acciones permanentes de educación ambiental para evitar el desperdicio alimentario, fomentar el uso de agua del grifo, promover la compra de productos con menos envases, descartar el empleo de bolsas de un sólo uso, separar correctamente los residuos, participar en el compostaje doméstico o comunitario, etc,.
Fijar las tasas de la basura en función de la producción real, y no, por ejemplo, del consumo de agua. La cantidad generada se obtendría por pesaje directo o por estimación a partir de bolsas especiales para el depósito de los residuos, que deben adquirirse al municipio. El sistema PAYT (Pay-as-You-Throw) favorece la reducción y la separación en origen, siendo común en algunos estados europeos. Sin embargo, en la Península Ibérica su aplicación es aún muy limitada. En el Estado fueron pioneros algunos municipios de Cataluña y de Mallorca. En Portugal se está comenzando a aplicar en Maia, municipio del área metropolitana de Oporto.
Una de las medidas propuestas por la ILP era “implantar el compostaje doméstico como modelo prioritario, especialmente en los ámbitos de población dispersa, así como el compostaje comunitario en pequeños núcleos, barrios y espacios urbanos”. Galicia es una de las comunidades del Estado donde más se ha impulsado el compostaje doméstico, gracias al impulso de asociaciones ecologistas (ADEGA, Amigos da Terra), de algunos ayuntamientos y diputaciones, y hasta de la propia SOGAMA, pero está claro que estas modalidades de compostaje podrían desarrollarse muchísimo más. Existe una Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario, de la que no es socio ningún ayuntamiento gallego.
Apoyar el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases de bebidas al comercio, parecido al que se empleaba cuando “devolvíamos el casco”, y aplicado hoy con éxito en más de 40 regiones del mundo. Según la iniciativa Retorna, los ayuntamientos españoles ahorrarían entre 58 y 93 millones de euros con la implantación de un SDDR, pues dejarían de pagarse los costes de recogida y tratamiento de los 28 millones de envases que actualmente se envían a escombreras o incineración o son abandonados. Sin embargo, ningún ayuntamiento gallego ha aprobado hasta ahora una moción de apoyo a este sistema como la propuesta por Retorna. En el Estado español, Cadaqués (Girona) está realizando una prueba piloto de este sistema.
Impulsar plantas de compostaje y reciclaje. Los ayuntamientos han promovido hasta hoy dos plantas de compostaje y reciclaje (Lousame y Nostián). Como apuntó la comisión promotora de la ILP de los residuos, la del Barbanza alcanza “cifras de reciclaje del 50% y en otros municipios del Estado consiguen cifras del 80% y 90% de reciclaje, con sistemas de recogida puerta a puerta y compostaje”. ¿Por que más ayuntamientos no apostaron por esta opción? La respuesta radica, sobre todo, en la falta de voluntad política. El Plan de Gestión de Residuos Urbanos 2010-2020 de la Xunta sólo pretende reciclar un “mínimo” del 30% de la basura en 2020.
Si las fuerzas políticas que votaron a favor de la ILP en el Parlamento se comprometen en serio con políticas de “residuo cero” desde los Ayuntamientos que gobiernan, a pesar de la Xunta y de SOGAMA, la incineración perderá terreno en favor del reciclaje.
