La “caótica” solicitud del adelanto de la paga extra para los funcionarios
El pasado 27 de diciembre, la Xunta anunció que los empleados públicos gallegos podrían pedir un anticipo en la nómina de enero del 50% de la paga extraordinaria de julio, una posibilidad incluida en los Presupuestos de la comunidad para 2013 y que se instauraba para, según el Gobierno gallego, “reconocer el esfuerzo” que realiza este colectivo, tras la continua reducción de poder adquisitivo derivado de los sucesivos recortes sufridos en su salario nos últimos años.
La medida es “voluntaria” y aplicable al cuerpo completo de los 90.000 empleados públicos lo que, en cuyo caso, supondría un anticipo total de 65 millones de euros. Ni mucho menos serán la mayoría los que pidan ese adelanto, pero los que así lo decidan tienen de plazo hasta lo 11 de enero y desde el pasado 28 de diciembre, fecha en la que se publicó en el DOG el decreto, para llevar a cabo unos trámites que están siendo más complicados del que se esperaba.
Así lo denuncian varios de los empleados públicos que hicieron la solicitud del anticipo, que relatan una situación “caótica”, tanto por la “desinformación”, como por el “desconocimiento” que los funcionarios de las diferentes consejerías tenían de los pasos a seguir durante estos primeros días en los que se habilitó la petición. “Fue anunciado en el DOG, justo en medio de las fiestas de Nadal y sin demasiada información ni claridad”, advierte una empleada pública que denuncia la odisea que le supuso realizar la solicitud y cuya indignación comparte con otros casos.
“El día 31 llamo a la Xunta para informarme de cual es el procedimiento, pero me dicen que no saben nada, que no tienen ninguna instancia determinada para cubrir, ningún modelo ni ninguna instrucción”, asegura esta afectada, que el día 2 de enero acudió a la sección de nóminas de la Consellería de la que depende su puesto de trabajo para solicitar el adelanto de la paga extraordinaria del verano. “Cuando llegamos allí, el propio funcionario que nos atendió mostró su enfado por el hecho de que la Xunta publicara un decreto en el que no se especificaba el procedimiento a seguir”, cuenta.
Su sorpresa aumentó cuando la solución del departamento asignado fue la de “apuntar los datos de los solicitantes a mano en una libreta”. “Fue a volver al pasado, apuntando nombres en esas libretas de medio folio con arandelas”, asegura ahora irónicamente. El siguiente paso sería que cada uno de estos empleados públicos llamaran uno a uno a todos los empleados públicos que solicitaron el adelanto de la paga extraordinaria, aunque el hecho de que no se empleara ninguna instancia oficial hizo que la afectada y un compañero optaran por acudir al Registro de la Consejería para que constara oficialmente que habían acudido a pedir dicho adelanto.
La afectada recibió una llamada el día siguiente para indicarle los pasos a seguir para la solicitud del adelanto tras el “caos” inicial. El procedimiento consiste únicamente en enviar una instancia -un papel en blanco escrito por el propio interesado- a la sección Nóminas de la jefatura territorial corresponsal, indicando allí el nombre, DNI y puesto de trabajo.
“Es todo muy chapucero”, denuncia esta empleada pública, que vuelve a insistir también en la “escasa información” recibida por los trabajadores, tanto en lo que se refiere a los plazos (termina esta misma semana) como al hecho de que casi no se publicitara la posibilidad de solicitud del adelanto. “Mucha tecnología punta no se aplicó”, añade.
Críticas sindicales
Además, el sindicato UGT recordó que “legalmente ya se pueden solicitar hasta dos pagas mensuales por necesidades personales”. Segundo aclara el sindicato en un comunicado, un Real Decreto del año 1929, y que aún está en vigor, permite este anticipo, que se puede devolver “hasta en 14 plazos con descuento mensual en nómina”.
UGT pide “a los señores gobernantes de la Xunta” que “no traten los empleados públicos como ignorantes y dejen de gastar inocentadas”. “Dignifiquen nuestra función, dejen de desanimarnos y desmotivarnos de forma continúa y masiva; restauren los derechos que nos sustraen de forma permanente y tendrán una función pública de servicio con garantías de calidad y eficacia”, remata.
