Se acerca el final del mayor conflicto inmobiliario de Galicia tras 17 años de recursos judiciales

La semana pasada el gobierno local de Miño (A Coruña) firmó un acuerdo con los vecinos y vecinas expropiadas por Fadesa Inmobiliaria (alrededor de 500) con el objetivo de avanzar hacia la resolución del conflicto judicial abierto hace 17 años y que constituye además un importante lastre para las cuentas públicas del Ayuntamiento, uno de los más endeudados de Galicia. Al acto, calificado por el alcalde como “hito decisivo para el futuro de Miño” asistió la totalidad del Gobierno municipal, otorgándole a la firma un carácter trascendental.

Por una parte, el Ayuntamiento se compromete a gestionar, con cargo al Fondo de Ordenación 2020 del Ministerio de Hacienda, la aportación de los intereses generados por el retraso de más de 15 años en el pago de los terrenos. Se establece como fecha límite para hacerlo efectivo el 31 de mayo de 2020. A cambio, los expropiados aceptan la liquidación de todos los créditos contra la entidad local, derivados del procedimiento contencioso-administrativo que se ejecuta ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), renunciando a cobrar el recargo de intereses que les correspondería, alrededor de 8 millones de euros.

La situación había llegado a ser prácticamente insostenible, con una deuda total para el Ayuntamiento de más de 22 millones de euros, una cifra que casi multiplica por cuatro el presupuesto anual de la localidad, de alrededor de seis millones. La urbanización de Costa Anácara, rebautizada después como Costa Miño Golf, suponía la creación de 1.200 nuevas viviendas (y un campo de golf) al lado la autopista AP-9. Impulsada inicialmente por Fadesa en el año 2002, fue adquirida en 2006 por Martinsa, que en 2008 presentó la mayor suspensión de pagos de la historia de España.

En 2010 el Tribunal Supremo declaró ilegal la adquisición de los terrenos, condenando al Ayuntamiento de Miño a indemnizar con 25 millones de euros a los 500 vecinos afectados por las expropiaciones. En el año 2016 el Gobierno central le prestó al Ayuntamiento de Miño 14 millones de euros para hacer frente a la deuda, un dinero que desde el año pasado, Miño debe ir devolviendo a un ritmo de alrededor de dos millones en cada ejercicio.

El pasado mes de julio, debido a los impagos, el TSXG emitió nuevas providencias obligando a añadir un recargo para el pago de los intereses generados. Miño es el segundo ayuntamiento de Galicia (sólo después de Os Blancos) con más deuda viva por habitante, unos 2.529 euros por persona. A pesar de que su población es de unos 6 mil habitantes, Miño es el cuarto ayuntamiento con una mayor deuda viva en términos absolutos, unos 15 millones de euros, sólo por detrás de A Coruña, Santiago y Ferrol, y por delante de ciudades como Pontevedra, Lugo, Ourense o Vigo.

El pasado mes de mayo el socialista Manuel Vázquez Faraldo consiguió la mayoría absoluta en las elecciones municipales, convirtiéndose en alcalde, después de décadas de gobierno del Partido Popular y, en los últimos cuatro años, del tránsfuga Ricardo Sánchez Oroza (que en la campaña electoral solicitó por carta a los demás partidos que no hablaran en público de la deuda del ayuntamiento). Desde su investidura, Vázquez Faraldo se marcó como objetivo la búsqueda de un acuerdo extrajudicial con los expropiados, al tiempo que mantenía reuniones con Gobierno central, Xunta y Diputación para buscar fondos que le permitieran pagar lo antes posible las deudas con los vecinos afectados.

Vázquez Faraldo destaca que la firma de este acuerdo con los vecinos expropiados supone “un hito decisivo” para “el futuro de Miño”. El acuerdo, según el regidor, es “un primer paso, decisivo, para la resolución del conflicto”. Además, destaca que “es la primera vez que un alcalde miñense se reúne con el colectivo de los expropiados desde el inicio del proceso para llegar a un acuerdo y consigue llevarlo a término”. Y añade que “en los últimos años no se habían puesto en marcha medidas para reducir la deuda o para negociar con los afectados, por lo que los intereses han ido creciendo”.

“Es una barbaridad hacer a los vecinos de Miño partícipes de las negligencias institucionales, y tenemos la responsabilidad de revertir la situación”, afirma Vázquez Faraldo, que en el acto de firma se disculpó ante los vecinos afectados por el trato que recibieron del Ayuntamiento desde el inicio de este largo proceso, en el año 2002. “Sois afectados, y no culpables”, dijo.

La operación de Costa Anácara contó con el apoyo entusiasta del Gobierno municipal de Miño, liderado en ese momento por el Partido Popular, y la apuesta provocó un cambio político en la localidad, ganando las elecciones de 2003 Juan Maceiras, un ex-alto cargo popular que se presentó como independiente con un discurso crítico con la macrourbanización. Sin embargo, ya en el Gobierno, Maceiras cambió su postura con respecto al proyecto de Fadesa y, además, se reintegró en el PP para ganar por mayoría absoluta los comicios de 2007 y 2011, abandonando el puesto en el año 2012.

“Este era uno de los objetivos prometidos en nuestro programa electoral: hablar y negociar para resolver los problemas de Miño, y lo empezamos a demostrar. En apenas tres meses nos reunimos, escuchamos a los vecinos y entre todos conseguimos un acuerdo que es beneficioso para todas las partes”, destaca el regidor.

“Los propietarios expropiados al fin cobrarán todo el debido por sus terrenos, y el Ayuntamiento acaba con la deuda histórica que tenía con ellos, por el dinero y por la falta de respeto que en muchas ocasiones mostró a la hora de dirigirse a este colectivo”, afirma. Y añade que “termina así la sangría de un proceso judicial enmarañado, que ha costado más de un millón y medio de euros a las arcas municipales, entre abogados, procuradores y costas judiciales derivadas del caso Fadesa”.

Vázquez Faraldo dice ser “optimista” con respecto al futuro de la importante deuda que aún tiene el Ayuntamiento. “Creo que con el esfuerzo añadido de Gobierno Central, Xunta y Diputación, podemos encarrilar el tema, para facilitar al Ayuntamiento de Miño que cumpla son sus deberes financieros sin dejar de atender las necesidades de los vecinos”.