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El alcalde de una localidad gallega endeudada por el crack inmobiliario pide que no se hable del tema en la campaña electoral

El proyecto Costa Miño Golf constaba de más de 1.200 viviendas

Marcos Pérez Pena

Miño es un pequeño municipio costero de la provincia de A Coruña de 6000 habitantes. En el año 2002 la inmobiliaria Fadesa (posteriormente fusionada con Martinsa) lanza el proyecto de construcción de la urbanización Costa Anácara, rebautizada posteriormente como Costa Miño Golf. Constaba de más de 1.200 viviendas y contaba con el apoyo entusiasta del gobierno local, en manos de Partido Popular.

En el año 2008 Martinsa-Fadesa entra en suspensión de pagos, dejando la urbanización a medio construir y un gran número de parcelas de las que SAREB (el banco malo) aún intenta deshacerse. Además, en el año 2010 el Tribunal Supremo declara ilegal la compra inicial de los terrenos por parte de Fadesa, condenando al Ayuntamiento de Miño a indemnizar con 25 millones de euros a los 500 vecinos afectados por las expropiaciones. Una deuda que todavía arrastra la localidad.

De hecho, a pesar de su pequeño tamaño, es el cuarto municipio con más deuda total de toda Galicia, por encima de ciudades como Vigo, Ourense, Lugo o Pontevedra. Sus 15 millones de euros de deuda viva suponen una media de 2.529 euros por habitante. En 2015 el Gobierno local recibió del Estado un préstamo de 14 millones de euros para hacer frente a su nefasta situación económica, que ahora debe devolver en un plazo de siete años.

A pesar de todo esto, el alcalde de la localidad, Ricardo Sánchez Oroza (independiente apoyado por el Partido Popular), remitió esta semana una carta a los grupos de la oposición (PSdeG-PSOE y BNG) pidiéndoles “eliminar de la agenda política el debate del pago de la deuda, ya que representa una carga negativa para la convivencia y el desarrollo armonioso de nuestro Ayuntamiento”. En el texto, el regidor dice estar “muy preocupado por la mala imagen que en estos años se ha difundido en base a la deuda contraída por nuestro Ayuntamiento en la actuación urbanística de Fadesa”.

PSdeG y BNG reaccionaron de inmediato rechazando la petición, señalando el portavoz socialista, Manuel Vázquez Faraldo, que “no se le puede hurtar a la población la información y el debate sobre este tema”, que es “crucial” en este ayuntamiento. “No tanto sobre como se generó, sino principalmente sobre como se le va a dar respuesta en los próximos cuatro años”, dice.

Un día después del envío de esta carta se conocía, además, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que obliga al Ayuntamiento de Miño a pagar de forma inmediata parte de la deuda que mantiene con los vecinos que fueron perjudicados por las indemnizaciones ilegales. La institución debe pagar en los próximos quince días 4 millones de euros en intereses no abonados en los últimos años, una cantidad que parece inasumible para esta administración, que cuenta con un presupuesto anual de 6 millones de euros.

El portavoz del PSdeG-PSOE denuncia a este respecto que “en los últimos años no se pusieron en marcha medidas para reducir la deuda o para negociar con los afectados, por lo que los intereses fueron creciendo”. Manuel Vázquez Faraldo acusa a Sánchez Oroza y al Partido Popular de colocar a Miño “en una situación desesperada” por la falta de acciones y de previsión y de querer, asimismo, ocultar la verdadera situación económica de la localidad.

Años de crisis institucional al son del desastre urbanístico

El apoyo del PP a la operación inmobiliaria de Fadesa provocó un cambio político en la localidad, ganando las elecciones de 2003 Juan Maceiras, un ex-alto cargo popular que se presentó como independiente con un discurso crítico con la macrourbanización. Sin embargo, ya en el Gobierno, Maceiras cambió rapidamente su postura con respeto al proyecto de Fadesa y, de igual manera, se reintegró en el PP para ganar por mayoría absoluta los comicios de 2007 y 2011, abandonando el puesto en el año 2012.

Las elecciones del 2015 estaban llamadas a ser las del cambio de Gobierno. Y así pareció ser a la vista de los resultados. El PP perdió la mayoría absoluta, obteniendo 6 de 13 concejales. El PSdeG-PSOE obtuvo también 6 y de hecho fue la lista más votada. El otro edil fue para la lista de Compromiso por Miño, liderada por Ricardo Sánchez Oroza, que hizo una campaña muy crítica con el PP, con la deuda del ayuntamiento y con los desmanes urbanísticos.

Cuanto todo parecía indicar que el candidato socialista se convertiría en alcalde, los concejales del PP anunciaron que votarían a Sánchez Oroza, que se convirtió en regidor pese a haber obtenido únicamente el 6,8% de los votos, 234 sufragios. Pocos meses después Sánchez Oroza formalizó un pacto con el PP.

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