El Consello de Contas critica el papel de la Xunta en las denominaciones de origen: poco control y dudas sobre su eficiencia

La Xunta hace un control deficiente de los consejos reguladores de las denominaciones de origen gallegas y actúa como juez y parte en estos órganos de gestión. Es una de las conclusiones del Consello de Contas, el ente que se encarga de fiscalizar las administraciones autonómicas gallegas, en un informe específico. Entre las críticas que hace al papel del Gobierno que preside Alfonso Rueda están que la Axencia Galega de Calidade Alimentaria -un ente de la administración paralela vinculado a la Consellería do Medio Rural- hace “actividades de apoyo y gestión económica” en los consejos reguladores y, al mismo tiempo, es la responsable de “las funciones de supervisión y tutela de los mismos”.

En cuanto a la vigilancia, Contas señala que la Xunta “podrá ejercer el control financiero necesario” de los gastos que hacen estas entidades, pero en los años que se analizaron para el informe (2018 y 2019) “no se realizaron controles” sobre los 26 consejos reguladores activos. La supervisión, que compete a la Intervención Xeral de la Comunidade Autónoma, se hizo solo sobre las cantidades que se les reservan en los presupuestos gallegos.

El análisis pone en cuestión también la eficacia de estas entidades: “La Axencia Galega de Calidade Alimentaria debería analizar la conveniencia de continuar manteniendo la actividad de aquellos consejos reguladores que no tienen la dimensión y la capacidad para llevar a cabo de forma eficiente sus actividades”. Añade que, una vez establecidos los que sí se deben mantener, esta agencia “no debería realizar las actividades de apoyo y llevanza de la gestión económica, ya que puede colisionar con sus competencias de supervisión y tutela”. En cualquier caso, Contas reclama que la Xunta refuerce “el papel de supervisión pública” con auditorías y controles de los estados financieros.

El informe detecta más deficiencias en las denominaciones de origen: la información financiera elaborada por los consejos reguladores “presenta debilidades en su régimen jurídico, en su elaboración y en su difusión y publicación”; no hay una norma gallega sobre el régimen contable y esto provoca que los datos no se presenten de forma homogénea; los presupuestos se aprueban fuera de plazo y no se elabora una contabilidad patrimonial en la mayor parte de los consejos. No se rinden cuentas anualmente ante el Consello de Contas, aunque esto es obligatorio, critica. Y, salvo en un caso, el de Rías Baixas, no se publica la información contable en las páginas web de los consejos.

Contas incluye recomendaciones como hacer una regulación específica del régimen contable de los consejos reguladores, que estas entidades hagan cuentas anuales en las que figuren todos los estados contables, tanto presupuestarios como patrimoniales, y que presenten sus datos ante el ente fiscalizador. También pide que se defina el marco jurídico aplicable al personal que trabaja en estas entidades, dado que la norma anterior quedó sin efecto y no hay “una alternativa explícita”.

El análisis del gasto liquidado lleva a Contas a concluir que hay “un nutrido grupo de entidades de tamaño reducido” que conviven con otras mucho mayores. Tienen un “alto” nivel de dependencia de los fondos públicos. En términos globales, indica Contas, el 60% de los ingresos proceden de transferencias públicas. Y dentro de sus gastos, los de personal y bienes y servicios concentran el 95% del desembolso, lo que “refleja una escasa capacidad inversora” por parte de los consejos reguladores.