“El desmantelamiento de los servicios en el rural perjudica sobre todo a las mujeres”

Isabel Vilalba es secretaria general del Sindicato Labrego Galego (SLG) y mujer trabajadora del campo. Conoce como pocas las desigualdades que ellas sufren, también -y a veces de manera más acentuada- en el campo, donde sigue sin desarrollarse la ley de cotitularidad. Desde 2011, las labradoras pueden figurar como cotitulares, junto a su pareja, del negocio familiar de explotación agraria, por lo que sus rendimientos económicos y subvenciones se repartirían al 50%. En la práctica, y por falta del desarrollo de esta legislación, la mayoría de las mujeres siguen trabajando en el campo sin ningún reconocimiento legal de su empleo, una problemática más para el género femenino en un mundo rural donde el desmantelamiento de los servicios públicos y el empeoramiento de las condiciones de vida hacen más difícil el futuro. Es una más de las reivindicaciones que se escucharán en este 8 de marzo.

Hace un año, y con motivo del 8 de marzo, usted y el SLG reivindicaban el desarrollo de una ley de cotitularidad que no estaba siendo efectiva. ¿Ha cambiado algo doce meses después?

Un año después, constatamos una clara falta de interés por esta ley. La legislación está, pero en su puesta en marcha no se hizo nada para fijar los criterios para la implantación. Cuando nos dirigimos a hacer los trámites a las administraciones, lo que nos transmiten la mitad de las veces es que no conocen bien la legislación y que los criterios no están claros. En definitiva, que no hubo interés por desarrollar esta ley. Hay casos en los que nos dicen que hagamos los trámites como si constituyéramos una sociedad civil, cuando sabemos que esta es una figura totalmente diferente.

¿Las dudas echan para atrás a las mujeres que habían pensado en acogerse a esta ley?

Esta incertidumbre provoca que muchas mujeres no den el paso para su tramitación. Es una legislación por la que no apostó la administración gallega, que no la quiso desarrollar. Tenemos un montón de expedientes presentados que están por desarrollar y sin terminar.

¿Falta más información o más voluntad política?

La ley de la titularidad compartida habilita un proceso nuevo y diferente de los anteriores, que se basaban en personas físicas propietarias o en sociedades. Las agencias rurales o Hacienda trabajan con estos referentes, pero la titularidad compartida consiste en que a dos personas se les reconozca la titularidad en igualdad. La realidad es que sólo es un reconocimiento legal de lo existente, de que detrás de las explotaciones no hay una persona, sino dos que tienen derechos. Al ser nuevo, no hay directrices desde las administraciones para desarrollarla y todo son dificultades. Aquí el problema es que no creen en que exista problema y tampoco que esta figura sea necesaria. Yo les preguntaría que es lo que sigue pasando con la cantidad de mujeres que trabajan en un lugar, pero que no tienen nada a su nombre, que no tienen ingresos propios o que acaban luchando en los tribunales por cualquier obstáculo. Para nosotros, la necesidad está clara, pero desde el ámbito competencial correspondiente tienen que desarrollar los trámites. No puede ser que nos digan que no saben como funciona.

Y todo se tiene que hacer con el permiso del hombre y con la firma...

Esa es otra parte. Sin la firma del hombre no va a haber reconocimiento de la titularidad compartida. Es una grande anomalía porque en ningún lugar se debería pedir el permiso de otra persona para un derecho que has adquirido y que demuestras. Que te tenga que dar permiso un hombre para reclamar esto sigue a ser una demostración clara de la discriminación que sufren las mujeres en este ámbito.

En definitiva, la ley no arregló problema alguno.

Tenemos expedientes solicitados y no tenemos ninguno terminado. Las administraciones no están preparadas para esta figura nueva y tampoco muestran interés por estarlo. Las personas vuelven a su casa llenas de dudas y no es culpa de cada delegación, sino de quien no hizo el trabajo de desarrollar este proceso.

Los datos indican que tan sólo un 5% de las mujeres campesinas se jubilarán con la pensión completa, frente a un 80% de sus compañeros. ¿Ha mejorado algo esta situación?

En el tema de figurar fuera de la titularidad, la problemática sigue siendo igual que hace veinte años porque, a pesar de existir un marco legal, no hubo desarrollo alguno. En cuanto a las pensiones en el campo, creo que estamos incluso viviendo un retroceso. En estos últimos tiempos, se incrementaron mucho los costes de cotización en la Seguridad Social lo que, unido a la crisis, a los impagos y a los precios bajos que sufren las explotaciones, provoca que a todas horas nos llamen al sindicato mujeres advirtiendo de que dejan de cotizar porque no tienen recursos.

Y la falta de recursos acaba por afectar fundamentalmente a la mujer...

Afecta sobre todo las mujeres porque hay una situación de desigualdad histórica y en muchas explotaciones, cuando uno de los miembros tiene que dejar de cotizar, el primero que lo hace es la mujer. Nosotros intentamos que se aplicara un modelo de cotización en relación con los ingresos percibidos y que se reconociera esta realidad, pero tampoco hay sensibilidad alguna con esta situación. De hecho, incluso hubo casos en los que la propia Seguridad Social acusa de fraude a algunas altas porque hay pocos ingresos. Efectivamente, a lo mejor poco más se gana que para pagar el seguro, pero eso no es un fraude, es un problema social al que hay que ponerle solución. En cuanto a la cotización y a las pensiones futuras, creo que estamos viviendo un gran retroceso que se agrava porque hay un sistema que cada vez pide más cotización.

Es peor la situación de las mujeres en el campo o en las ciudades?

No sabría decirlo. Las personas del campo estamos viviendo un gran empobrecimiento por la merma de recursos y porque tenemos menos servicios y más costes, pero también es cierto que en muchos lugares del campo, la posibilidad de generar ingresos y tener muchas de las necesidades alimentarias cubiertas supone una importante herramienta en tiempos de crisis. Es cierto que en las ciudades a lo mejor tampoco hay tantas posibilidades de hacer la vida más asequible o de generar ingresos propios, aunque sean reducidos, una vez que pierdes el trabajo. Hay fortalezas y debilidades, pero es cierto que vivimos en un medio en el que hay una apuesta clara por desmantelar los servicios públicos.

¿Cómo cuales?

Un ejemplo claro es el modelo de sanidad del Gobierno gallego, donde se disminuyen los recursos y los medios para toda la población, pero donde hay un ataque aún más virulento en cuanto a las dotaciones que existían para el medio rural. Los hospitales comarcales están sufriendo un desmantelamiento enorme y se están recentralizando medios que antes estaban más cerca de la ciudadanía. Es lo que está ocurriendo con las áreas sanitarias de Valdeorras, Monforte o A Mariña. Hay un empeoramiento mucho más profundo de las condiciones de vida en el medio rural y esto afecta especialmente las mujeres.

¿La crisis está provocando que muchas familias apuesten por el campo en lugar de buscar el futuro en otras zonas?

Sí es cierto que hay muchas personas que llevan tiempo en paro que ven en el rural una posibilidad de autoempleo y que incluso retornan al campo. Había una dinámica de pérdida de población importante que parece que está disminuyendo un poco. Creo que el campo tiene muchas posibilidades de futuro, pero tampoco hay políticas idóneas para favorecer su desarrollo.

¿Es el campo una opción también para las mujeres?

Muchas de las mujeres, históricamente, tuvieron este tipo de actividad y sí que es cierto que muchas ven en esta economía de transformación alimentaria una posibilidad. En la crisis actual, el rural podría estar proporcionando muchas más salidas de las que proporciona a las mujeres y a todo el mundo. Galicia tiene reconocida la calidad de sus alimentos y trabajando para darles valor añadido se podrían generar muchos empleos, pero se está apostando por lo contrario. Además, a nivel de calidad de vida, las personas pueden encontrar en el campo valores muy positivos. No obstante, precisamos un marco jurídico apropiado para vivir con dignidad y con derechos, una apuesta por las actividades que se pueden acometer en este terreno y también que las infraestructuras sean adecuadas y que no en los desmantelen el rural, las escuelas, la sanidad, los servicios sociales...

Y más igualdad.

Este planteamiento debe hacerse en igualdad. Vemos también como se desmantelan los exiguos recursos que teníamos para luchar contra la violencia que afecta a las mujeres, para promover programas de igualdad... Hay que apostar, pero revertir totalmente lo que se está haciendo hasta ahora.

El sistema económico actual sigue incidiendo en la discriminación de las mujeres?

El neoliberalismo ataca frontalmente a las mujeres y sus condiciones de vida por todo lo que llevamos relatando en esta entrevista. Se basa en que parte del mantenimiento de la sociedad se haga con las mujeres, pero no con condiciones idóneas para ellas. Al final, actividades importantes que podrían generar riqueza para muchas personas, lo que buscan son beneficios para el capital, para dos o tres firmas. En general, este sistema ponen el beneficio del capital por encima de las personas y esto vemos como afecta a las mujeres cada día.