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El comité de empresa de Alcoa pide al Gobierno la intervención de la planta

El comité Alcoa de San Cibrao reclama al Gobierno que "sea valiente" e intervenga la empresa

elDiario.es Galicia

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El comité de empresa de Alcoa San Cibrao reclama al Gobierno central que “sea valiente” e intervenga la compañía. El portavoz de los trabajadores, José Antonio Zan, pidió al Ejecutivo que “haga su trabajo” y elabore un estatuto para las empresas electrointensivas “que sea una solución y no un problema” después de que la multinacional anunciara su intención de despedir al 84% de la plantilla, 534 empleados. 

“Si el gobierno de España tiene que intervenir la empresa unos meses o incluso años que lo haga”, afirmó a Europa Press, pero la fábrica “tiene que seguir funcionando”. Zan enmarcó la situación de la fábrica y la acción del Gobierno en un “defensa del país y de su industria”. El comité de empresa urge “un marco estable para poder funcionar” y considera que ahora mismo es “el Gobierno quien tiene métodos de sobra para poder solucionar el problema”. “Si Alcoa no quiere seguir que se solucione vía una intervención”. El responsable de los trabajadores dijo que no se trata solo del despido de más de 500 trabajadores, sino de “si el gobierno quiere tener un sector primario fuerte o no”.

También la Federación de Industria de UGT ha defendido la intervención de la actividad industrial del Grupo Alcoa, incluyendo tanto la producción de aluminio primario como la planta de alúmina, tras los “continuos chantajes” del grupo en los últimos años. La central sindical CIG apuesta por una intervención y “el retorno al ámbito público” del sector del aluminio, tanto de la fábrica de San Cibrao como de A Coruña. La planta coruñesa fue vendida hace algo más de un año por Alcoa a un forndo suizo y revendida hace un mes a un tercero. El anuncio de los despidos por parte de Alcoa coincidió con la marcha de los trabajadores de la ahora llamada Alu Ibérica que circularon en coches desde la fábrica hasta la Delegación del Gobierno en A Coruña. Su plantilla también reclama una intervención del Gobierno central y el nombramiento de un gestor que “asegure la viabilidad” de la planta.

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