La Fiscalía investiga si la Xunta permite a empresas hacer informes ambientales de parques eólicos que ellas mismas promueven

La Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña ha abierto una investigación contra la Xunta de Galicia para aclarar si el Gobierno gallego se maneja con las eléctricas para que sean estas las que, de manera opaca, elaboren las declaraciones de impacto ambiental de las que depende la autorización de los parques eólicos que solicitan.

La investigación, de carácter preprocesal, se impulsa tras la denuncia presentada por el Sindicato Labrego Galego (SLG). Los denunciantes han revisado las declaraciones de idoneidad ecológica que firma la directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, María Sagrario Pérez Castellanos. A simple vista todo es correcto, pero si se consultan los metadatos de esos documentos se comprueba que la huella digital de al menos seis de ellos señala que sus autores no son funcionarios públicos, sino trabajadores de las empresas eléctricas que promueven dichos parques.

Dicho en otras palabras, la Fiscalía quiere saber si el Gobierno de Alfonso Rueda deja en manos de las eléctricas la redacción de los informes de los que depende la autorización de sus negocios eólicos -con una declaración de impacto ambiental negativa no pueden ir adelante- y luego se limitan a rubricarlos con un sello oficial. La Xunta asegura que todo se trata de un error informático, provocado por el corta y pega de los textos que las compañías envían a la administración y que esta estaría usando para elaborar los informes públicos. En caso de que esa versión sea cierta, el Gobierno gallego estaría reconociendo que los informes de impacto ambiental no se hacen ex novo, sino usando la documentación que les envían las empresas interesadas.

Las promotoras de los proyectos cuya declaración de impacto ambiental se cuestiona en la denuncia son Enel Green Power (perteneciente a Endesa), Green Capital Power y Greenalia. Todas ellas niegan, en conversación con esta redacción, que sus empleados se encarguen de redactar los informes que luego la Xunta presenta como propios.

Dentro de esos seis documentos que se investigan hay uno de Enel en el que figura el nombre de quien era entonces uno de los responsables del área de desarrollo de negocio de renovables en Galicia; otro de Green Capital en el que aparece el responsable de promoción en la comunidad; uno de Greenalia en el que figura una persona cuyo nombre coincide con el de su responsable de tramitación, y otros tres de esta última empresa en los que se puede observar un nombre que coincide con un trabajador que ocupó justo antes el mismo cargo.

La Fiscalía ha pedido a la Direccion Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático que le remita informe “acerca de quién es el titular del órgano administrativo que ha suscrito cada una” de las evaluaciones de impacto ambiental y que adjunte “copia de la resolución en la que se emite informe ambiental favorable” para tratar de averiguar quién es el responsable de los documentos oficiales. En su respuesta a las preguntas de elDiario.es, la Consellería de Medio Ambiente atribuye la aparición del nombre de personas que no son técnicos de la Xunta al paso de información desde documentos en formato PDF -utilizado en algunos casos, dice, por las empresas promotoras- a documentos en formato ODT utilizando las funciones de copiar y pegar.

Admite que se calcan datos concretos enviados por las eléctricas y sostiene que, en esa operación, se “arrastran” de forma inadvertida campos, como el de autor, que solo se ven si se consultan los metadatos. Y por eso, según la Xunta, “en vez de aparecer como autores los técnicos redactores de los borradores de las declaraciones, aparecen otras personas que intervinieron en la redacción de los documentos que se utilizaron para copiar datos, pero que no tuvieron nada que ver con la elaboración de la declaración de impacto ambiental”. El departamento de Medio Ambiente explica paso a paso el procedimiento y reconoce que no se parte de cero: el trabajador encargado consulta primero toda la documentación y luego inicia la redacción “sobre otro documento elaborado previamente, que corresponde a otro expediente de características similares”. Sobre esa base se van incorporando informaciones de informes, del proyecto empresarial y de alegaciones. En las declaraciones de impacto ambiental, añade, “tiene que hacerse referencia al contenido de la documentación presentada por el promotor”.

Los parques

Los seis parques sobre los que pide información la Fiscalía se refieren a informes ambientales positivos. En total, los proyectos eólicos suman casi 200 megavatios de potencia instalada. Todos ellos están por debajo de los 50 megavatios, dado que por encima de esa cifra la tramitación ambiental corresponde al Estado. De hecho, la práctica de fragmentar en varios parques lo que en realidad es una única explotación ha sido censurada por la Justicia en Galicia. La motivación es beneficiarse de una tramitación más fácil al presentar proyectos de menor tamaño como si no hubiese un impacto acumulado. Ocurrió precisamente en tres de los proyectos incluidos en la investigación en curso: los de Bustelo, Campelo y Monte Toural (Greenalia), entre los municipios coruñeses de Coristanco, Santa Comba y Carballo. Sobre ellos el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dijo que hay una fragmentación indebida.

Los otros tres proyectos cuya declaración de impacto ambiental se cuestiona por el denunciante son el de Banzas, de Green Capital Power, en los municipios coruñeses de Mazaricos, Negreira y Outes; el de Serra da Piñeira, de Enel, en los ayuntamientos lucenses de Baralla, Láncara y Becerreá; y el de Penas Boas, también de Greenalia, entre Aranga y Oza-Cesuras, en A Coruña.

En comunicación con esta redacción, Green Capital Power niega que haya redactado la declaración de impacto ambiental de ninguno de sus proyectos y señala que está haciendo una investigación interna para averiguar por qué aparece el nombre de uno de sus trabajadores en el documento oficial que deben elaborar trabajadores públicos. Después del análisis preliminar asegura haber obtenido datos que apoyan sus afirmaciones: “El documento oficial está editado con programas no utilizados por nuestra empresa y contiene tipografías propias de la Xunta”. Endesa, por su parte, recalca que desconoce el origen del “error en un documento público ajeno” a la empresa y defiende que no afecta a la validez legal de la declaración de impacto ambiental, puesto que la publicada en el Diario Oficial de Galicia está “correcta” y es “el único documento válido”. Ofrece colaboración con “cualquier instancia jurídica” para aclarar lo ocurrido.

Greenalia asegura que ha revisado las declaraciones de impacto ambiental y ha comprobado que aparece como autora la misma persona en varios documentos, incluidos algunos que se resuelven negativamente y uno que afecta a otra empresa que no está relacionada con Greenalia. Admite que así se llama una de sus empleadas, pero una portavoz de la empresa agrega que se trata de un nombre “muy común en España” y que esta trabajadora no redacta declaraciones de impacto ambiental, “competencia exclusiva de la administración”, y que “ni mucho menos las hace para otras compañías”.