La semana 'horribilis' de la Xunta en la gestión eólica: otras dos decisiones judiciales frenan parques en Galicia

Tras una década de parón eólico, los proyectos para levantar aerogeneradores en territorio gallego se agolparon en los últimos años en los despachos de la Xunta. Esa proliferación trajo consigo una reacción de asociaciones vecinales, ayuntamientos y organizaciones ecologistas contra el modelo de desarrollo elegido por el Gobierno gallego. Y la litigiosidad asociada deja un goteo de noticias sobre paralizaciones de parques dictaminadas por la Justicia. Esta semana ha concentrado dos noticias en este sentido: la anulación de los permisos administrativos y de construcción de lo que sería parte de un gran parque entre Coristanco y Carballo (A Coruña) y la suspensión cautelar de la autorización para otra instalación entre Zas y Santa Comba (A Coruña).

Entre los dos proyectos suman otros 18 aerogeneradores en suspenso por decisión de la Justicia, a la espera del resultado de los recursos. Sobre el último de ellos, identificado con el nombre de Lagoa II, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado ya que el Gobierno gallego recurrirá y defenderá su postura de que no hay impacto ambiental, el motivo por el que Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha detenido el avance del proyecto.

La gestión de la Xunta en la materia, con el freno en los tribunales, el malestar vecinal y la salida de industrias eólicas a pesar del boom, es objeto de crítica recurrente entre buena parte de expertos del sector y de los grupos de la oposición. Entre finales de 2022 y el arranque de 2023 la Consellería de Medio Ambiente pisó el acelerador y reforzó el personal para hacer frente a más de un centenar de peticiones acumuladas y que necesitaban una respuesta antes del 25 de enero para no perder el permiso de conexión que da Red Eléctrica Española. Tras el empacho en la tramitación de declaraciones de impacto ambiental (77 de las 120 que lograron resolver fueron positivas), Ana Pontón, la líder del BNG, atacó la “barra libre al expolio eólico para que las grandes empresas se sigan forrando”. El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, puso el caso como “ejemplo paradigmático del déficit de gestión” de la Xunta en la eólica.

Con los varapalos judiciales sobre la mesa, Rueda defendió esta semana, tras el Consello de la Xunta, las evaluaciones que hace su equipo de los parques eólicos. Son, asegura, “muy rigurosas”. Y lo demuestra, en su opinión, que “una de cada tres solicitudes es rechazada”. La Justicia no siempre concuerda. En el último caso que ha trascendido, el TSXG ha suspendido cautelarmente la autorización para los siete aerogeneradores que la empresa Engada Lagoa ha proyectado en una zona de montes entre Zas y Santa Comba, con una potencia instalada de 24,6 megavatios. En el parque de Lagoa II, dice la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, hay indicios de daño ambiental.

En respuesta a una denuncia de la asociación ecologista Petón do Lobo, los magistrados señalan que hay “como mínimo una afectación ecosistémica” derivada de la ejecución de las obras en el espacio natural por los movimientos de tierras y la instalación de las infraestructuras. Se remiten a dos informes presentados por los denunciantes sobre el daño sobre especies de flora y fauna. El argumento del interés público por la crisis energética y la promoción de las energías renovables que da la Xunta, dicen, no es suficiente cuando se trata de “instalar en el territorio una industria de la que hay sospecha fundada de que podría no respetar el medio ambiente”. El documento también cuestiona los informes aportados por el Gobierno gallego y la empresa promotora por mostrar “una escasa percepción del mal que puede suponer su comportamiento al tratar de minimizar [los daños] o desprestigiar a sus autores”.

Las fragmentaciones indebidas

El otro caso sobre el que los tribunales se han pronunciado esta semana es el del parque eólico de Bustelo, que promueve la empresa Greenalia en una zona en la que tiene otros dos proyectos planteados entre los ayuntamientos de Carballo, Coristanco y Santa Comba. El TSXG cree que hay una fragmentación ilegal de lo que en realidad es un solo parque en tres. El objetivo es beneficiarse de una tramitación ambiental -por debajo de 50 megavatios de potencia corresponde a la Xunta- más fácil.

En Bustelo el plan de Greenalia, empresa en la que es consejera Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente con Feijóo, es instalar 11 aerogeneradores con una potencia total de 46,2 megavatios. Lo que acaba de anular la Justicia es la autorización administrativa y de construcción. Los otros dos parques proyectados en la misma zona se han encontrado también con trabas en los tribunales, ante los que los ha llevado la asociación ecologista Adega.

El parque de Campelo tiene las mismas autorizaciones anuladas desde el pasado 1 de junio. En este caso estaban incluidos nueve aerogeneradores y una potencia instalada total de 40,5 megavatios. En el de Monte Toural -con los permisos suspendidos desde enero-, el proyecto habla de cinco molinos y 21 megavatios. Sumados los tres dan como resultado un gran parque con 25 aerogeneradores y una potencia de 107,7 megavatios. La sentencia recalca que los letrados de las codemandadas reconocieron abiertamente que hubo una “fragmentación de la evaluación ambiental de proyectos de tres parques eólicos -Campelo, Monte Toural y Bustelo- que, en realidad, no eran autónomos, sino integrados y dependientes entre sí”. Comparten estructuras y conexiones, a pesar de que “las solicitudes se formularon en fechas distantes entre sí”.

Más denuncias

Hay otros proyectos judicializados en Galicia o con amenaza de estarlo. La asociación vecinal A-Legre ha anunciado medidas similares contra un proyecto en Oza-Cesuras y Mesía (A Coruña) cuya autorización administrativa previa y de construcción acaba de publicar el Diario Oficial de Galicia. Asegura que hay impacto para los animales y que se trata de otro gran parque fraccionado.

En Moraña (Pontevedra), los vecinos se han organizado para localizar e intentar que la Xunta dé protección a patrimonio que había pasado inadvertido. Cuando supieron, sin margen para presentar alegaciones, que iban a empezar las obras, organizaron una ruta para ver dónde iba a ir cada aerogenerador y hacerse una idea de cómo se verían desde su parroquia, Amil. Lo que se encontraron fueron varios grabados en las piedras que han notificado a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que compruebe que son petroglifos e impida daños. Los montes están a un paso de lo que la propia Xunta presenta como la “capital del arte rupestre”, Campo Lameiro, y en estos últimos tres meses no han dejado de encontrar rocas con símbolos.

La construcción de este parque, promovido por Norvento, está parcialmente parada -uno de los petroglifos está en la ubicación exacta en la que iba un aerogenerador- y la Xunta asegura que estudia en colaboración con la empresa el entorno para “definir una propuesta de actuación que permita la salvaguarda del patrimonio cultural”. Los vecinos, que han llevado el caso a la Fiscalía y saben que hay una denuncia presentada en un juzgado, critican lo que consideran que es “desidia” del Gobierno gallego tanto en la revisión de informes para dar su visto bueno como en la respuesta tras los hallazgos. Ante estas acusaciones, la Xunta no aclara por qué estos elementos no fueron encontrados antes de que empezasen las obras.