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Fútbol de élite, un juicio por agresión sexual y la cárcel en el horizonte: el Celta se pone de perfil y mantiene a Mina en el campo

El futbolista Santi Mina.

Beatriz Muñoz

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El Celta de Vigo esperó apenas unas horas después de que el juicio por agresión sexual contra Santi Mina quedase visto para sentencia para confirmar que el futbolista, uno de sus delanteros más goleadores, está convocado para el partido de este sábado, que será contra el Real Madrid en el campo vigués de Balaídos. Argumenta que está aplicando la presunción de inocencia, como lleva haciendo desde que un juzgado de Almería decidió, en noviembre de 2019, llevar adelante el proceso contra el jugador. Este viernes fue el entrenador del equipo, Eduardo Coudet, el encargado de dar explicaciones en público: “Todos somos inocentes hasta que la Justicia diga lo contrario”. “Hablé con él para saber cómo estaba y hablaré un poco más cuando nos crucemos. Es un jugador importante y por eso está en la convocatoria”, añadió. El club prometió por boca de su presidente, Carlos Mouriño, “tolerancia cero”, pero a partir de que haya una sentencia condenatoria.

El equipo no aclara, sin embargo, si esa tolerancia cero tendrá efecto de forma inmediata en caso de que la Audiencia de Almería, en cuya sección tercera se juzga el caso, condene a Mina o si esperará a que la sentencia sea firme y ya no quepan más recursos. La decisión que se adopte en esta instancia será recurrible en escalones superiores de la Justicia. Aunque considere al jugador culpable, no necesariamente implicará su ingreso en prisión. En caso de que el camino se alargase hasta el Tribunal Supremo, el proceso podría durar muchos meses e incluso años, según fuentes jurídicas. Cada temporada jugando con su salario actual le supone unos ingresos de 1,4 millones de euros.

Integrantes de plataformas feministas reclaman que la primera sentencia, si es condenatoria, debe suponer que el equipo se desvincule de Santi Mina. “Si no, estaría haciendo lo contrario de lo que dice, estaría teniendo una política de tolerancia con las agresiones sexuales”, asegura Jéssica Fernández, de la Plataforma Feminista Galega en Vigo. De hecho, afea que el delantero esté en la lista de los jugadores con los que cuenta el entrenador para el partido de la misma semana del juicio. “También vamos a esperar a la sentencia, pero estamos decepcionadas, pensamos que podrían apartarlo un poco”, expone. En el mismo sentido se expresa Rebeca Martínez, de Feminismo Unitario de Vigo, que cree que, en caso de ser considerado culpable, el Celta debe apartarlo ya “por higiene” y asegura que harán presión si no es así.

Concluidas todas las declaraciones de implicados, testigos y peritos, la Fiscalía mantiene su petición de ocho años de cárcel para Mina y la exculpación para David Goldar, el otro futbolista que se sentó con él en el banquillo. Aunque el fiscal no ve delito en la conducta del jugador de la Unión Deportiva Ibiza, la acusación particular lo sigue considerando cooperador necesario y pide para cada uno de los hombres nueve años y medio de cárcel.

Estrategia exculpatoria y cuestionamiento de la víctima

La estrategia de defensa de los dos futbolistas quedó clara desde su propia declaración, en la primera jornada: relato exculpatorio y cuestionamiento de la víctima. Esa primera jornada, en la que, además de Mina y Goldar, respondió ante el tribunal la víctima, fue a puerta cerrada. La petición partió precisamente del abogado de la mujer, que planteó la medida para proteger su intimidad. Los dos jugadores sostuvieron, según trascendió después, que las relaciones fueron consentidas. El siguiente paso fue poner el foco sobre la víctima y cuestionar su conducta o que sufra las secuelas que las psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Almería declararon que presenta. La defensa del delantero del Celta contrató a un detective privado para investigar a la denunciante, un recurso utilizado también en el caso de La Manada de Pamplona y que ha merecido las críticas de plataformas feministas.

Rebeca Martínez cree que todo el proceso ha sido “denigrante” y considera que este tipo de argumentaciones deberían quedar “abolidas”. “No es válido hacer este tipo de preguntas”, señala, en alusión a las cuestiones de la abogada de Mina sobre la indumentaria -referidas algunas de ellas a si llevaba faldas cortas y ropa ajustada- y las actividades sociales de la denunciante. Jéssica Fernández afirma que “se institucionaliza de nuevo la revictimización” y señala el parecido entre los planteamientos de las defensas en este juicio y en el de La Manada. “Hubo condena [en el caso de La Manada], pero parece que los agresores no aprenden y repiten estas estrategias machistas y patriarcales”, prosigue y considera que la intención es “justificar en el comportamiento posterior de la víctima la agresión previa”.

En el juicio el detective señaló que investigó a la víctima en julio y octubre de 2019, dos años después de los hechos denunciados. El encargo tenía el objetivo, dijo, de comprobar si con amigos, tenía pareja o había modificado su manera de vestir. La abogada de Mina, Fátima Rodríguez, le preguntó en la vista si la mujer “vestía faldas y ropa ajustada” o si llevaba una vida social “normal”, según publicó La Voz de Almería. El detective privado dijo no haber visto “nada anormal”. Admitió también no tener conocimientos de psicología o medicina.

Sobre este punto Jéssica Fernández recalca que el consejo de los profesionales de la salud mental es intentar recuperar la vida anterior al hecho traumático en la medida de lo posible. “Si fuese otro delito, como un robo, nadie te preguntaría si después volviste a pagar en efectivo ni te pondrían un detective a ver si vas sola por la calle con dinero. En los casos de agresiones sexuales buscan, una vez más, encerrar a la mujer en casa”, reflexiona.

Las psicólogas que vieron a la víctima en agosto de 2019 fueron claras en su exposición. La víctima presentaba sintomatología ansiosa grave, depresión, afección de la autoestima y estrés postraumático. Calificaron la depresión de “grave”, como “un estado de tristeza que casi se ha cronificado”. Una de ellas insistió en lo que supone un trastorno de estrés postraumático como el de la mujer y señaló que “únicamente va referido a un hecho concreto, no a una historia, no a 50.000 cosas” y precisó que no se deriva de otras cuestiones previas de su vida. Los síntomas, agregó, son compatibles con los hechos que relata. Puntualizó también que una víctima de una agresión sexual puede tener unos hábitos “relativamente normales” y que su estado emocional “no es lineal”, sino que se parece más “a unos dientes de sierra”.

Los médicos forenses aseguraron que la mujer presentaba cuatro lesiones extragenitales –moratones– y una genital, todas ellas compatibles con los hechos narrados. Ante la exploración ginecológica, me mostró “nerviosa” y con un “rechazo ansioso” al examen al que se tenía que someter. El fiscal apuntó en su informe final que se habían encontrado restos del ADN de Mina. Los tres guardias civiles que declararon coincidieron en que, de inicio, la víctima dijo que estaba manteniendo una relación sexual voluntaria con Goldar dentro de la furgoneta camperizada que los dos hombres tenían estacionada cerca de una discoteca en Mojácar y que Mina apareció y le introdujo el pene en la boca. Cuando hablaron con ellos, señalaron, Goldar mostró “más tranquilidad” que Mina.

400.000 euros

Durante su informe final, la acusación particular reveló que los jugadores ofrecieron a la víctima 400.000 euros para que no mantuviese su acusación. El abogado de Goldar replicó atribuyéndole la iniciativa a la víctima: “Fue ella la que se dirigió [a los acusados] y puso algún cero más”. El argumento del interés económico lo usó también la abogada de Mina, que acusó a la mujer de inventarse lo ocurrido, fingir los síntomas y lograr engañar a las psicólogas. De hecho, pidió que el informe de estas profesionales sea considerado “nulo” porque el estado de la denunciante se evaluó “solo con la información que da ella”.

El fiscal, Miguel Blasco, consideró en su exposición que hay “un cúmulo” de elementos probatorios que respaldan el relato de la denunciante. Defendió que “la violencia se produjo, no solo por la falta de consentimiento, que no fue tácita, sino que fue expresa, sino también porque el acusado actuó de forma absolutamente sorpresiva, inesperada, imprevisible”. Y se preguntó si hay “algo más violento que cometer esa acción de esa manera”. También sostuvo que hubo una “intimidación clara” y que esta se vio incrementada al producirse los hechos en un espacio de “apenas dos metros cuadrados y en presencia de dos hombres jóvenes, atléticos”. El relato de la mujer, añadió, tiene “verosimilitud, permanencia en el tiempo y ausencia de contradicciones esenciales”, mientras que las pruebas periciales forenses revelan que las lesiones tanto físicas como psicológicas “son absolutamente compatibles” con el relato que ella hace.

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