El Gobierno central solo garantiza la enseñanza en castellano
Garantías de primera y de segunda (regional). Una vez aprobada la nueva ley educativa, el Ministerio de Educación se encuentra inmerso en el desarrollo reglamentario de algunos de sus puntos más controvertidos, como por ejemplo los referidos al tratamiento de las lenguas oficiales diferentes del castellano. Aunque suavizada en algunos aspectos, la conocida como Ley Wert mantiene intactas previsiones como el pago con fondos públicos de centros privados que tengan el castellano como lengua vehicular para aquellas familias que así lo soliciten. En el proyecto de Real Decreto que regulará ese inédito derecho, tal garantía no existe –ni de lejos– para el gallego, el euskera o el catalán.
Según el borrador de este documento, que el Gobierno de España somete a información pública desde este martes, la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy es “garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”, con evidencias como que la materia de lengua castellana sea impartida en castellano y la “lengua cooficial”, en el idioma que corresponda, gallego en el caso de Galicia. En este contexto, las autonomías “tienen la posibilidad de diseñar e implantar sistemas” adaptados a su realidad, viene a decir el texto, y en cada comunidad la “proporción razonable” de lengua castellana en la enseñanza puede ser diferente “atendiendo a las circunstancias concurrentes”.
Las consellerías de los territorios con lengua propia incluso “podrán establecer sistemas en los que las materias no lingüísticas se impartan exclusivamente en la lengua cooficial”, esto es, inmersión lingüística, “siempre que exista la oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en el que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable”. Pero lo que parece un marco de relativo respeto al gallego y demás idiomas cambia de rumbo al hablar de dinero. Si la “Administración educativa competente no garantiza una oferta razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular”, el Ministerio activará un mecanismo para que el erario asuma “los gastos efectivos de la escolarización de este alumnado en centros privados en los que exista dicha oferta”.
Colegio privado a cargo de la financiación autonómica
No se trata, asegura el Ministerio, de “amparar la pretensión de recibir las enseñanzas única y exclusivamente en castellano”, sino de “legitimar la escolarización en un modelo en el que el castellano sea usado como lengua vehicular en alguna materia no lingüística”. Con este objetivo, la familia podrá solicitar que el alumno o alumna sea trasladado a un colegio privado, cuyos gastos asumirá inicialmente el Ministerio de Educación para, acto seguido, “restarlos” de los “regímenes de financiación de las autonomías”. Así, será finalmente la comunidad autónoma la que pague el nuevo precepto.
Entre continuas apelaciones al “estricto cumplimiento de la doctrina constitucional al garantizar” la “cooficialidad del castellano y de las lenguas propias” de las autonomías, al “reconocimiento y respeto a las competencias de las comunidades autónomas” y a la “garantía de la enseñanza de todas las lenguas oficiales”, el futuro decreto obvia por completo otra posibilidad: que una familia desee, por ejemplo, que un niño o niña estudie mayoritariamente en gallego, euskera o catalán. En este caso no existe garantía ninguna ni, mucho menos, apoyo económico para lograrla.
