El hospital de Santiago aboca a los tribunales la petición de muerte digna para Andrea
Galicia cuenta desde el pasado verano con una ley de muerte digna, cuya aprobación fue fruto de una poco habitual unanimidad y surgida de una iniciativa de la oposición que el PP accedió a aprobar, algo todavía menos común. El texto entró en vigor en julio y su utilidad real acaba de ser puesta en tela de juicio por la vía de los hechos en el duro caso de Andrea, la niña de 12 años ingresada en el Clínico de Santiago cuya familia reclama una “muerte digna” para poner fin a un “sufrimiento insoportable”. “Solo pedimos que la dejen marchar dignamente”, resumía su madre, Estela Ordóñez, en entrevista con eldiario.es. Desde la salida del caso a la luz pública han sido múltiples las voces de apoyo a la petición familiar, que choca con el criterio del hospital sobre una decisión que, todo parece indicar, tendrá que tomar la Justicia.
El ministro de Justicia; el líder del PSOE, Pedro Sánchez; la Organización Médica Colegial e incluso la Conferencia Episcopal se han manifestado en las últimas horas a favor de poner fin al sufrimiento de Andrea, a quien una sonda alimentaria mantiene ligada a la vida a pesar del carácter irreversible de la dolencia que padece. Todas estas voces coinciden con el dictamen del Comité de Ética Asistencial del área de Santiago, que el pasado día 14 avaló la petición de la familia, la misma que rechazan los responsables hospitalarios con el apoyo explícito de la Xunta, manifestado por la conselleira de Sanidad y por el propio presidente.
El gerente del CHUS, Luis Verde, se ha visto este jueves obligado a comparecer ante los medios para advertir de que la decisión de prolongar la vida de Andrea responde “a un auto judicial” del pasado mes de julio que, afirma, sustenta el mantenimiento de la alimentación artificial. Los pediatras que atienden la niña, afirma, no hacen más que actuar “en la línea que marcan los principios de la buena práctica clínica y de la ética asistencial”. No existe la “obstinación terapéutica” que la ley de muerte digna intenta impedir, asegura Verde, que anuncia una nueva consulta al juzgado para comunicar “la nueva situación” y reclamar que la Justicia “oriente” la decisión a tomar. Eso, asegura el responsable del Sergas, es lo “razonable”.
El gerente obvia que el auto judicial se remitía al dictamen del Comité de Ética Asistencial, que apoya la muerte digna, y evita detallar cuáles fueron los límites impuestos por el juzgado, pero reclama “calma”. “Estamos en una discrepancia sobre el alcance de las actuaciones”, asegura, ya que el Servicio de Pediatría “entiende que ya está practicando la limitación del esfuerzo terapéutico”.
La ponente de la ley reclama “ética y justicia”
Mientras Rocío Mosquera y Alberto Núñez Feijóo avalan la posición del hospital y, en el caso del presidente, fía las decisiones al dictamen judicial mientras insta a no plantear un “debate político”, la diputada que impulsó la ley de muerte digna, Carme Acuña (PSdeG), reclama el cumplimiento del texto legal en aras de la “ética” y de la “justicia”. La portavoz socialista en materia sanitaria resalta que la ley es lo suficientemente “clara” para no necesitar “interpretaciones ni a un juez”. “Los enfermos tienen derecho a ser informados y a decidir -en este caso, la familia de la menor- y a partir de ahí, los profesionales tenemos el deber de aceptar la decisión y el tratamiento escogido”.
La también doctora y cirujana resalta que que la familia de Andrea tendría que estar siendo “arropada, cuidada, apoyada y asistida, y no es lo que se está haciendo”. “Ningún responsable de Pediatría -añade- ni el personal de la gerencia de ningún centro puede prolongar el padecimiento cuando no hay posibilidad de curación”. Y, en el caso de hacerlo, resalta, la propia ley gallega recoge “sanciones e infracciones” que la Administración debe “aplicar” si no se cumple.
Ya en el ámbito político la parlamentaria del PSdeG censura, después de que Mosquera se haya referido al caso como una petición de “eutanasia activa”, que la conselleira de Sanidade “o desconozca el caso o, deliberadamente, mienta”. “O no se entera o no se quiere enterar de que no se trata de un caso de eutanasia activa, sino de garantizar la muerte digna de una paciente terminal”. La responsable gubernamental debería haber “leído la ley, escuchado a los profesionales y ayudado a la familia en su momento más duro”, concluye.
