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Opinión – Lo de Madrid, por Antón Losada

La oposición gallega se une contra la "mordaza" que la presidenta impone al Parlamento

Presidenta del Parlamento gallego retira a los grupos la potestad de llevar invitados a plenos y la asume en exclusiva

Miguel Pardo

Toda la oposición se une ante la decisión de la presidenta del Parlamento de Galicia de prohibir a los grupos políticos invitar a la ciudadanía a los plenos, una medida que los tres partidos con representación en la Cámara, excepto el PP, consideran "una mordaza" para vetar la discrepancia.

Apoyándose en los incidentes sucedidos el pasado diciembre, cuando personas afectadas por las participaciones preferentes de las antiguas cajas interrumpieron un pleno con sus protestas generando momentos de importante tensión, la dirigente popular decidió impedir que los parlamentarios realicen convites, por lo que, de ahora en adelante, nadie presenciará un pleno sin su autorización.

A pesar de la polémica surgida, Rojo volvió a defender este sábado la medida, asegurando que no está en su "ánimo impedir la entrada de nadie". "No voy a cerrar la tribuna de invitados ni impedir que se presencien los plenos, pero tiene que haber respeto", manifestó.

Así, el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, le advirtió este sábado a Núñez Feijóo de que "el PP no es el dueño del Parlamento" y anunció que el grupo nacionalista ha decidido "dirigirse a las demás formaciones parlamentares para, entre todos, acordar medidas para evitar que esta decisión del PP se lleve a cabo".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello Nacional del BNG, que acordó convocar la Asamblea Nacional para el domingo 17 de marzo, el portavoz nacional subrayó que la decisión de la presidenta de la Cámara "no la toma ella unilateralmente, sino que es una decisión del presidente de la Xunta, del señor Feijóo".

Guillerme Vázquez denunció que la propuesta "es antidemocrática y totalmente errada, porque no es el Partido Popular el dueño, el propietario, del Parlamento Gallego". Yolanda Díaz, viceportavoz de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) coincidió en calificar la medida como el intento de la derecha de "poner una mordaza" a la ciudadanía, fruto "de las políticas fascistas del PP". Además, advirtió que su grupo no descarta acudir a los tribunales si Pilar Rojo insiste en su iniciativa.

Además, el portavoz del grupo socialista, Abel Losada, anunció también que los representantes del PSdeG llevarán sus protestas "por el cierre de las puertas de la institución", a la reunión de la Mesa del Parlamento del próximo lunes. El responsable socialista insta a la presidenta de la Cámara que "recapacite y restaure la normalidad en la Cámara autonómica" después de una decisión, la de impedir que los grupos inviten la ciudadanía a las sesiones plenarias, que resulta de "extrema gravedad" por cuanto distancia a las instituciones representativas de sus representados. En caso contrario, advierte, "tomaremos las medidas necesarias para reparar los derechos de la ciudadanía".

Losada recuerda que el Parlamento y los diputados que lo integran "deben dar cuentas delante de la ciudadanía, y el deber de la presidenta de la Cámara es el de garantizar que los cauces de diálogo estén abiertos y sean fluidos". Añade que "la decisión unilateral del PP y de Pilar Rojo de decretar una suerte de estado de excepción en la Cámara autonómica atenta directamente contra la calidad de nuestro sistema democrático".

Para el BNG, con esta decisión "el PP quiere seguir amordazando a la discrepancia con sus políticas nefastas y ocultar la verdad". Por eso, advirtió de que "con esta decisión del PP salta todas las líneas rojas, es inaceptable y haremos todos los esfuerzos para que no vaya adelante".

Por otra parte, Yolanda Díaz (AGE) relaciona la decisión de Pilar Rojo con la visita que varios delegados sindicales del sector naval habían previsto hacer en la próxima semana. Represententes del comité de Navantia aseguran que acudirán, ya que nadie les explicó el motivo por el que no podrán acceder al Parlamento.

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