Primeros pasos en el Parlamento gallego para elegir al nuevo director de la TVG

La Mesa del Parlamento de Galicia ha iniciado este martes el proceso para la elección del nuevo director general de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, la antigua CRTVG). La nueva Ley fija un plazo de tres meses desde su aprobación —se publicó en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el pasado 18 de marzo— para elevar una propuesta al Pleno y casi la mitad de ese tiempo se ha consumido ya. Este primer paso llega sólo una semana después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago decidiese archivar de forma provisional la causa por supuesto acoso laboral contra el actual titular del cargo, Alfonso Sánchez Izquierdo, y otros ocho directivos y exdirectivos de los medios públicos gallegos.

La nueva Ley de servicios de los medios públicos audiovisuales de Galicia recoge como principal novedad frente al texto previo, de 2011, la posibilidad de elegir al máximo responsable de la CSAG por mayoría absoluta en lugar de cualificada. Es decir, que al PP le bastará sólo con el voto de sus diputados para imponer a su candidato (o candidata). Sin embargo, antes habrá que hacer dos intentos. La primera vez que la propuesta llegue al pleno de la Cámara, necesitará el respaldo de dos tercios del hemiciclo (50 votos). Si no lo logra, un mes después será suficiente el de tres quintas partes (45). Si ninguna de las opciones es posible, será a la tercera cuando los populares puedan imponer a su elección.

Aunque su coartada era la “necesidad” de ajustarse a las nuevas necesidades del mundo audiovisual y el reciente reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación —pese a que tanto el Colexio de Xornalistas como la oposición consideran que, en realidad, lo contradice al aumentar el control gubernamental—, el relevo de Sánchez Izquierdo ha sido la gran razón de ser de este cambio legislativo, que incluye también la desaparición de órganos de control profesional como el Estatuto de Redacción o el Consejo de Informativos, previstos por la ley anterior pero que nunca llegaron a crearse

Después de meses de múltiples especulaciones y algún que otro movimiento tímido, los rumores sobre la sucesión ya no apuntan a veteranos del periodismo o la televisión. Las quinielas del sector apuestan ahora por un perfil profesional sin relación con el audiovisual, procedente —como el presidente, Alfonso Rueda— del mundo del Derecho. Y, seguramente, una mujer.

El actual director xeral fue nombrado por Núñez Feijóo en 2009, apenas unas semanas después de su toma de posesión como presidente de la Xunta. Él mismo pronosticaba entonces un mandato breve, casi provisional, ante la previsión de una nueva ley que obligaría al consenso de los grupos para elegir al máximo responsable de la CRTVG. Sin embargo, ese consenso nunca existió, así que el Gobierno gallego introdujo una modificación en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2016 para poder prolongarlo en el puesto hasta que se llegase a un acuerdo.

Una década después, con un Izquierdo que ha cumplido los 76 años e insiste en que su compromiso era con Feijóo, no con Rueda, el PP prefirió usar su rodillo parlamentario para cambiar —otra vez— la ley antes que tratar de encontrar un perfil que la oposición pudiese considerar aceptable para dirigir una corporación que, a las constantes denuncias por manipulación informativa y por funcionar como un órgano de propaganda popular, suma ahora los peores resultados en audiencia de su historia.

El triunfalismo con el que vendió la última oleada del EGM —“la mejor audiencia desde 2008”— no puede ocultar que la TVG cerró marzo con una exigua media del 8% de share y que sus últimas grandes apuestas se han llevado sonoros batacazos. El mejor ejemplo ha sido O Novo Rei da Comedia, el programa de Miguel Lago, relegado del prime time a la hora de la siesta del sábado tras sólo tres emisiones.

Pese a la aparente urgencia, el paréntesis de más de 40 días sin dar pasos para el relevo al frente de la actual CSAG resulta, visto hoy, fácil de explicar. Por un lado, el debate del Estado de la Autonomía, que se celebró entre los días 23 y 25 de abril, aplazó cualquier otro contenido de la agenda parlamentaria. Pero, además, durante su primera jornada, trascendió la decisión de la jueza de sobreseer provisionalmente la causa penal contra el director xeral y varios miembros —actuales y pasados— de su cúpula por un supuesto acoso laboral que lo había llevado al banquillo de los acusados. Aunque casos como el del periodista Carlos Jiménez demostraron la existencia de represalias contra los trabajadores críticos por parte de la empresa, la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de Santiago pemitirá a Izquierdo retirarse sin la mancha de una condena en su hoja personal. Y hacerlo ya.

Al mismo tiempo que se abre el proceso para la elección del director (o directora) general, también comienza la negociación para designar a los seis miembros del Consello de Administración. En la actualidad, el PP tiene cuatro por uno de BNG y otro de PSOE, una proporción que —con posibles cambios de rostros— se mantendrá con toda probabilidad y donde los populares sí necesitarán del consenso de la oposición para configurar la lista única que votará la Cámara. Como sucedió con la aprobación de la ley, la Mesa del Parlamento sacó adelante las normas con el voto en solitario de los populares, la oposición de nacionalistas y socialistas y la abstención de Democracia Ourensana.