Las sentencias contra el urbanismo de las últimas décadas en A Coruña suponen ya más de 40 millones al Ayuntamiento

Sólo entre 2015 y 2017, el Ayuntamiento de A Coruña tuvo que dedicar más de 7,2 millones de euros a pagos derivados de malas prácticas urbanísticas de anteriores gobiernos municipales. Una factura que, en los últimos meses, se ha elevado hasta los 25 millones en este mandato, tal y como ha desvelado este viernes el alcalde, Xulio Ferreiro. Son, la inmensa mayoría, dinero de indemnizaciones a propietarios ordenados por sentencias judiciales contra la administración local actual por la mala praxis de anteriores mandatarios.

“Una vez más, lamentamos que la laxitud en el cumplimiento de la normativa urbanística en este Concello por parte de anteriors gobiernos tenga estas consecuencias”, lamentó el alcalde sobre una última sentencia, sobre la ilegalidad de una gasolinera permitida por el ejecutivo anterior del PP, y cuyas consecuencias económicas están todavía por determinar. 

El Ayuntamiento comprueba en los últimos meses como además de las cantidades ya abonadas tendrá que afrontar en un futuro inmediato más indemnizaciones y mucho mayores debido a un cuestionado urbanismo, principalmente en la etapa de Francisco Vázquez, que es enmendado en los tribunales cuando, en muchos casos, la solución ya no es posible. Han sido unos 20 millones de euros sólo por dos dictámenes a los que se añaden otros 25 millones ya sentenciados antes y los que quedan por venir fruto de varias licencias y construcciones ilegales con consecuencias por fijar. Más de 40 millones de euros se han pagado ya en total como consecuencia de acciones urbanísticas irregulares llevadas a cabo desde mediados de los 90 y hasta hace tan sólo algunos años.

Las últimas malas noticias llegaron la María Pita al confirmarse el rechazo del Tribunal Supremo al recurso municipal interpuesto por discrepancias con la valoración de las 134 parcelas expropiadas en el entorno del Castro de Elviña hace veinte años. El dictamen supone el pago en indemnizaciones de 14,5 millones al vecindario, a la que le da la razón un dictamen sobre las expropiaciones en una zona que abarca unos 240.000 metros cuadrados. Luego, y después de una junta de valoración, el Ayuntamiento les pagó 12 euros por metro cuadrado. El tribunal consideró que el valor marcado fue escaso y lo elevó a 50 euros por metro cuadrado, lo que unido a los intereses de los últimos años elevó la factura para el Consistorio a más de 14 millones.

Es el único caso que no implicó una operación inmobiliaria y que, además y por el tipo de conflicto, podrá pagarse de manera fraccionada. La mayoría del resto de los casos se derivan de las dudosas prácticas urbanísticas de un gobierno municipal del PSOE encabezado por Francisco Vázquez como alcalde y llevadas a cabo desde mediados de los 90 y hasta hace una década, entre que acababa el plan general impulsado a principios de los 80 y el nuevo aprobado en 1998.

Es el caso, por ejemplo, relacionado con la Agra de Santo Amaro, un terreno cercano a la Torre de Hércules. Los propietarios de fincas en esta zona acumulan unos 2 millones en indemnizaciones del Ayuntamiento derivadas de sentencias judiciales después de que fuesen expropiados a cambio de edificabilidad junto al faro milenario. Después de que este fuera declarado Patrimonio de la Humanidad, aquel proyecto urbanístico decayó y las inmobiliarias reclamaron ante la justicia, que ordenó que fueran indemnizadas después de que se incumpliesen unos acuerdos de 1993 y 2006.

Más grave para las arcas municipales fue el caso Someso, que suma 23 millones de euros en indemnizaciones pagadas también a propietarios expropiados para construir una carretera y un campo de fútbol para el club Relámpago de Elviña. Pero aquella zona acabó por recalificarse para construir pisos, teniendo entre uno de los principales promotores el ex-presidente de la Confederación Gallega de Empresarios, Antonio Fontenla. Un informe municipal había apuntado a Francisco Vázquez como responsable directo de un pelotazo urbanístico y había advertido también de unas pérdidas patrimoniales de casi 20 millones de euros más.

Hubo otro caso que pudo ser todavía mucho peor, con casi el triple de indemnización, según los cálculos de los tribunales. Es el del edificio Conde de Fenosa. El pasado mes de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) validó el acuerdo alcanzado entre las partes en la mediación intrajudicial impulsada por el Ayuntamiento para dar solución al pleito por la licencia y construcción ilegal del inmueble. La amenaza de una demolición y, sobre todo de su costo, que comprometería largo tiempo el futuro económico de la administración local, amenazó siempre al Ayuntamiento, que tendrá que asumir de inmediato el pago de unos 3 millones de euros, pero no de los 60 millones que habría supuesto demoler todas las obras ilegales realizadas en aquel inmueble desde 1997, aunque la mayoría del gasto sería para compensar los dueños de los locales comerciales y viviendas afectadas.

El Ayuntamiento de A Coruña ya ha iniciado el proceso administrativo de investigación para determinar las responsabilidades de funcionarios y autoridades al otorgar esta licencia ilegal.

No fue la única. En la zona de San Roque de Fóra, a pocos metros del estadio de Riazor, fue anulada la licencia de un edificio por no ajustarse a la legalidad, tal y como confirmó una sentencia del TSXG que ordena su demolición. Los propietarios de los 16 pisos presentaron recursos para evitar esta medida pero fueron desestimados y el gobierno municipal ya ha presentado un proyecto para el derribo parcial y su restauración. Queda por ver cómo se soluciona y el costo que le supone a la administración local.

También está por ver lo que supondrá para el Ayuntamiento una nueva sentencia, de esta vez por una licencia otorgada ilegalmente durante el gobierno de Carlos Negreira (PP) y que ya ha sido confirmada. El Tribunal Supremo rechazó admitir a trámite el recurso presentado por Carrefour contra el dictamen del TSXG que declaró ilegal aquella licencia municipal para la gasolinera que el hipermercado montó en su centro de Alfonso Molina y que obliga a demoler la estación de servicio.

Según el fallo, la gasolinera es una nueva construcción, cuando allí sólo se permitían rehabilitaciones, e incumple varias normativas de seguridad en caso de incendio, además de tener tanques de combustible que no están situados a una distancia mínima con el resto de edificaciones de la zona. La complejidad de las obras y la peligrosidad de los materiales a mover hacen temer al Ayuntamiento un importante percance. Y las posibles reclamaciones judiciales de la empresa, otra factura importante. Otra más.

Además, y fuera del ámbito urbanístico, el Ayuntamiento recuerda que “existen otros procedimientos que causaron graves perjuicios al erario público”, como lo de la planta de reciclaje de Nostián. En este caso, la administración local estuvo pagando de forma anual 3,3 millones de euros por un desequilibrio económico que el juzgado desestimó en 2018.