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GALICIA

El mayor hospital concertado de España solicita preconcurso de acreedores para forzar a la Xunta a mejorar su acuerdo

Povisa, centro de referencia para cerca de 140.000 personas del área de Vigo, esgrime pérdidas de 42 millones que atribuye a “interpretaciones lesivas” por parte del Gobierno gallego del acuerdo firmado en 2014 y que aún estaba a la mitad de su duración de ocho años

Hospital privado concertado Povisa, en Vigo

Hospital privado concertado Povisa, en Vigo Povisa

Povisa, principal hospital privado concertado de España, de referencia para cerca de 140.000 personas del área sanitaria de Vigo, acaba de presentar preconcurso de acreedores, según informa la propia empresa y se lo ha comunicado a sus trabajadores. El hospital, perteneciente al grupo Nosa Terra, presidido por el empresario vigués José Silveira, esgrime pérdidas de 42 millones de euros desde la firma en 2014 de su último concierto con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), cuya interpretación "lesiva" por parte de los actuales responsables de la sanidad gallega es la causante de la actual situación, según la empresa. La propia firma admite en su comunicado que la presentación del preconcurso tiene como objetivo forzar legalmente una negociación con su principal cliente, el Gobierno gallego, para mejorar sus ingresos.

Povisa renovó su concierto con la Xunta por última vez el 1 de septiembre de 2014, por ocho años prorrogables dos más y con un tope máximo de población adscrita del área de Vigo de 139.000 personas, por las que percibiría un importe anual por paciente o “cápita” de 540 euros, lo que supondría unos 75 millones de euros al año. El concierto también establecía por primera vez la posibilidad de que pacientes de Povisa puedan solicitar su traspaso a otros centros de referencia de esa zona y a la inversa.

Firma del actual concierto entre la Xunta y Povisa en septiembre de 2014

Firma del actual concierto entre la Xunta y Povisa en septiembre de 2014 Xunta de Galicia

Según Povisa, la “interpretación” que la Xunta está haciendo de ese concierto es lo que está detrás de sus pérdidas, que cuantifica en un desfase por la asistencia concertada de 42 millones de euros al que ha venido haciendo frente en estos últimos años, asegura, “gracias al fondo de reserva con el que contaba la empresa debido a su actividad privada y al hecho de no haber distribuido dividendos entre sus accionistas desde hace 25 años”. La empresa también asegura que un informe encargado por ella misma “a expertos independientes” descarta “que las pérdidas puedan ser atribuibles a cualquier problema de eficiencia” de la propia Povisa.

Según la empresa, esta situación le fue comunicada a la Xunta en reiteradas ocasiones en los últimos años sin lograr cambios por parte del Gobierno gallego. Ahora, admite en su comunicado, “el preconcurso, una figura prevista en la ley concursal, abre un período máximo de tres meses de negociación con el principal cliente de Povisa, el Sergas”.

Ejemplos que pone la empresa

Según el relato de los hechos que hace la empresa, “el equipo del Sergas que negoció y firmó el nuevo concierto con Povisa en 2014 fue relevado de su cargo poco después, dando paso a un nuevo equipo que a partir de ese momento comenzó a realizar unas interpretaciones del acuerdo enormemente lesivas para el hospital, y que serían inimaginables para las personas que participaron en su negociación”. La empresa pone ejemplos como que “el importe que el Sergas destina al pago de medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria no cubre el coste de los medicamentos dispensados por Povisa y autorizados por el Sergas”, lo que cifra en un “déficit de entre cinco y seis millones de euros anuales”; o que “los resultados evidencian que la cápita [los 540 euros al año por paciente establecidos en el concierto] es insuficiente” pero aun así el Sergas hace pagar a Povisa por actividades sanitarias desarrolladas fuera de ella en el resto del área de Vigo.

Povisa también argumenta que tras el nuevo concierto el Sergas “redujo progresivamente el envío de pacientes a Povisa en especialidades que tradicionalmente eran de referencia, como quemados, litotricia o cirugía de la mano, hasta el punto que los ingresos por estos conceptos se redujeron en 1,5 millones de euros anuales respecto al concierto anterior”. Igualmente, la empresa critica ahora que el nuevo concierto permita que los pacientes que voluntariamente quieren pasar de Povisa a otro centro de referencia puedan hacerlo en cualquier momento del año mientras que los que desean hacer el recorrido contrario sólo lo pueden hacer en el mes de noviembre de cada año.

El comunicado añade que “la dirección de Povisa confía en llegar a un acuerdo con el Sergas que evite el concurso de acreedores y las consecuencias que eso tendría para trabajadores, pacientes, proveedores y, en definitiva, para el futuro del hospital”, asegurando que “Povisa no pretende ganar un sólo euro con la atención pública, que de hecho es altamente deficitaria para el hospital” sino que “en este momento se trata, incluso contando con los márgenes de la actividad privada, de lograr un equilibrio financiero que le permita continuar su actividad”.

El conselleiro de Sanidad de la Xunta, Jesús Vázquez Almuiña, con el consejero delegado de Povisa

El conselleiro de Sanidad de la Xunta, Jesús Vázquez Almuiña, con el consejero delegado de Povisa Xunta de Galicia

El anuncio de Povisa se produce después de que la gerencia del hospital fuese asumida a finales del año pasado por María Luisa Brandt, que desde 2009 estaba al frente de la polémica empresa pública autonómica de alta tecnología sanitaria Galaria. En su comunicado nada cuantifica Povisa sobre los beneficios económicos y de sinergias operativas obtenidos en su actividad privada derivados de la mejora de equipamientos y personal logrados gracias al gran volumen de actividad e ingresos garantizados por la actividad concertada constante de las últimas décadas. Por otra parte, Povisa viene siendo con mucha distancia el hospital gallego con mayores listas de espera sanitarias, lo que no impide que venga siendo elogiado de manera recurrente por el Gobierno gallego.

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