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Rueda, a favor de rescatar las autovías con peaje en sombra después de que Feijóo renegociase un modelo más caro para la Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, camino del Consello de la Xunta

Beatriz Muñoz

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Un informe reciente del Consello de Contas concluye que el modelo de colaboración público-privada para construir autovías en Galicia, que derivó en que la Xunta pague un peaje en sombra por cinco de ellas, “no fue eficiente” y que está saliendo “caro” para las arcas públicas. La mayor parte de estas infraestructuras fueron impulsadas por el Gobierno gallego cuando Alberto Núñez Feijóo era el conselleiro encargado de obras. Y en tres casos, la Xunta renegoció en 2014, con el ahora líder del PP como presidente gallego, los pagos al alza con las concesionarias. Ni siquiera estudió entonces la posibilidad de poner fin al contrato y asumir directamente la gestión, cesura Contas. Ahora, el actual jefe del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, sostiene que esta opción no analizada hace una década sería la más adecuada.

“Lo ideal es un rescate de esas concesiones, pero eso entra dentro de la responsabilidad y la capacidad económica de un gobierno”, dijo, en respuesta a preguntas sobre las críticas de Contas en su comparecencia tras la reunión semanal de su Gobierno. Su equipo, dijo, hará “las correcciones que sean posibles” tras conocer los informes del ente fiscalizador que cuestionan la gestión de las autovías con peaje en sombra y también el programa de inspección del transporte.

El análisis de Contas se refiere a cinco autovías con peaje en sombra en Galicia. Son la AG-56, entre Santiago y Brión; la AG-41, en O Salnés; la AG-11 en O Barbanza; la AG-31, de Ourense a Celanova; y la AG-55, en la Costa da Morte. La decisión de diferentes gobiernos de la Xunta para construirlas fue la de recurrir a la colaboración público-privada: una empresa privada, la concesionaria, las construyó y financió y, a cambio, la Xunta abona cada año una cantidad vinculada al número de usuarios, que es lo que se conoce como peaje en sombra. Los usuarios no tienen que hacer un pago por utilizarlas.

La adjudicación de dos de ellas -las de Santiago-Brión y O Salnés- la firmó Feijóo en 2005, en su etapa como conselleiro de Obras Públicas en el último gobierno de Manuel Fraga. Dejó publicada la licitación de una tercera, la de O Barbanza, que fue adjudicada en 2006, cuando en la Xunta gobernaba el bipartito de PSdeG y BNG. El trámite para construir la de Celanova lo hizo el bipartito. Unos años después, ya como presidente, Feijóo llevó adelante la autovía da Costa da Morte. Y en 2014 renegoció con tres de las concesionarias -las de O Barbanza, O Salnés y Celanova- y pactó un incremento de las cantidades que se estaban abonando porque las infraestructuras no tenían el tráfico previsto. Contas señala que los pagos se aumentaron en 205 millones de euros.

En el momento de negociar ese “reequilibrio” con las empresas concesionarias, dice Contas, la Xunta no estudió siquiera la posibilidad de rescatar las autovías, pero en su análisis concluye que haberles puesto fin a los contratos hubiese sido una opción “más ventajosa para la administración que la opción por la que finalmente optó”, que fue la de incrementar la tarifa y los pagos a las concesionarias.

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