La Xunta incluye un artículo en la ley de incendios para prohibir “la información falsa” sin aclarar quién lo determinará

Tras varias modificaciones de la norma anterior y más de dos años después de haber prometido un nuevo texto, la Xunta ha presentado su propuesta para la nueva ley contra los incendios forestales. El texto, que está en la fase de anteproyecto y abierto a sugerencias, contiene un artículo de prohibiciones generales que entra, en opinión de un experto en derecho público, en el terreno de la censura previa y va contra cuestiones básicas recogidas en la Constitución. El punto en cuestión señala que “está prohibida para cualquier persona o entidad pública o privada la creación o difusión de hechos o datos falsos en relación con los incendios forestales por cualquier medio, incluidas las redes sociales”.

Con esta redacción, dice Xermán Estévez, doctor en Derecho Público y Teoría del Estado con una tesis sobre los incendios, el texto es “inconstitucional”, afecta a la libertad de expresión e introduce una “censura previa”. El experto cree que plantea también un problema para concretar quién decide lo que es cierto: “¿Si no lo dice la Consellería es falso? ¿Sus datos son los reales?”. La capacidad de los ciudadanos de recibir información veraz, añade, se ve vulnerada si esta queda sujeta “a lo que dice el poder político”. Considera que el artículo no pasará el análisis de los servicios jurídicos del Parlamento de Galicia, a donde la Xunta remitirá la propuesta cuando haya finalizado su exposición al público.

La Consellería do Medio Rural, de la que dependen las políticas contra los incendios, sostiene que lo que se persigue con este punto es “que no se den informaciones falsas de forma intencionada y que puedan influir en el operativo de extinción”. No obstante, en la redacción no se hace ninguna referencia a los impactos en el despliegue de medios. Agrega que “para determinar lo que son datos falsos se tramitaría el correspondiente procedimiento administrativo, en el que debería acreditarse la falsedad de los datos difundidos”. Sobre las sanciones que conllevaría, el departamento que dirige José González aclara que este tipo de infracciones se considerarían leves -aunque si son reiteradas podrían pasar a tratarse como más graves-, con lo que las multas van de 100 a 1.000 euros.

El Colexio de Xornalistas traslada su preocupación sobre esta disposición, que interpreta como una forma de dirigir al periodista a la Xunta “como única fuente posible en materia de superficies quemadas”, cuando los profesionales pueden obtener datos alternativos de agentes forestales, ambientalistas, vecinos o los propios bomberos. La junta de gobierno de la entidad considera “inadecuada la redacción” y solicita la retirada de este punto para mejorarla, “ya que, a simple vista, puede dar la impresión de ser un artículo mordaza tanto para los periodistas como para las fuentes”. Va a enviar aportaciones en este sentido, añade.

La información sobre incendios forestales es un tema de tradición sensible para la Xunta de Galicia. Durante años, los gobiernos de Manuel Fraga establecieron la política de no dar información diaria sobre los fuegos y en la televisión pública no se emitían imágenes de las llamas engullendo árboles. Tiempo después, Alberto Núñez Feijóo tomó al frente del Ejecutivo gallego la decisión de dejar de ofrecer datos sobre los incendios por debajo de 20 hectáreas.

A estas decisiones hacen referencia las portavoces en materia de incendios forestales de los dos grupos de la oposición en el Parlamento de Galicia. María González Albert, del BNG, interpreta el artículo como un intento de “intimidar, asustar y evitar que se hable” dirigido tanto a particulares como a medios de comunicación. “Me parece una aberración. Lo que es delictivo en concepto de opinión está ya estipulado en el código penal”, recalca.

Albert adelanta que su grupo presentará enmiendas para cambiar la redacción si llega en estos términos al debate parlamentario, al igual que la diputada del PSdeG Carmen Rodríguez Dacosta, que ve un intento de “censura previa” en la propuesta de la Xunta. “El derecho de libertad de expresión no puede estar sometido a una tutela previa de carácter administrativo”, defiende. La redacción actual es “tan abierta” que considera que se podrían perseguir cuestiones muy distintas entre sí y pone en peligro la libertad de información.

Si la preocupación del Gobierno gallego es luchar contra las noticias falsas, añade, “este no es el mecanismo”. Recuerda que la Unión Europea tiene activo un sistema de alerta rápida contra las fake news que ya está pensado para combatir posibles campañas de bulos. Dacosta critica la postura de la Xunta y considera que lo que sí es “desinformación” es la política de no informar de los incendios forestales que no llegan a 20 hectáreas.

El texto presentado por la Xunta incluye en el apartado de infracciones otro punto con una redacción similar pero que sí añade el matiz de los posibles efectos sobre el dispositivo contra incendios. Esta disposición va contra “la creación o difusión de hechos o datos falsos en relación con los incendios forestales por cualquier medio, incluidas las redes sociales, cuando den lugar a la movilización de recursos”. Para Xermán Estévez este apartado “es diferente” al primero analizado, porque castigaría que se tengan que utilizar recursos públicos por cuestiones como alarmas falsas. Para este tipo de conductas, señala, ya hay sanciones en la ley de emergencias.