La Xunta oculta al Parlamento el coste de las dietas en sus viajes oficiales al extranjero
Hace apenas dos semanas que está en vigor a nueva Ley de Transparencia en Galicia y, con ella, el portal a través del que la Xunta difunde su información. Más allá de que siga empleando formatos de datos cerrados y no reutilizables lo cierto es que, al amparo de la nueva norma, que actualiza la de 2006, el Ejecutivo recopila datos antes desperdigados, agrega otros nuevos y facilita el acceso a informaciones como, por ejemplo, los salarios de altos cargos, de los miembros del Parlamento o de los altos directivos de la Administración. El Portal de la Transparencia incluye también un apartado dedicado a los viajes institucionales, uno de los campos con más deficiencias de este nuevo espacio. En él no se aportan cifras sobre a, por ejemplo, si existen dietas en estos viajes y su coste, que el Gobierno también acaba de evitar revelar al Parlamento.
Al menos por el momento la única información publicada en el Portal sobre los viajes institucionales de la Xunta es la transcripción de la comparecencia en la que, a finales del pasado diciembre, el director general de Relaciones Exteriores, Jesús Gamallo, detalló en el Parlamento los desplazamientos de los seis meses anteriores. Estas comparecencias semestrales tienen su amparo en el “código ético institucional” presentado por la Xunta en 2011, durante un viaje personal de Alberto Núñez Feijóo a Brasil que había suscitado controversia entre la oposición. Con estas intervenciones, que no suelen incluir datos económicos, el Gobierno del PP sustituyó las comparecencias que el anterior presidente, Emilio Pérez Touriño, realizaba ante el pleno del Parlamento después de cada viaje que realizaba al extranjero.
En este contexto, el pasado otoño el diputado del PSdeG Abel Losada se dirigió al Gobierno para, a través de una pregunta parlamentaria escrita, reclamar la “relación nominal de viajes y dietas percibidas por el presidente de la Xunta y los conselleiros y conselleiras del Gobierno gallego” desde el inicio de ese año. La pregunta, registrada el 22 de septiembre de 2015, fue respondida por la Xunta a mediados de este mes de marzo. En ella la Vicepresidencia le indica a Losada que el director de relaciones exteriores “comparece regularmente” para informar “sobre los objetivos, agenda y resultados de los viajes institucionales”, dando así “cuenta de la responsabilidad y coherencia de la acción de gobierno en este ámbito”.
Desde junio de 2011 Gamallo “ha comparecido hasta nueve veces en el Parlamento para dar cuenta de estas cuestiones”, subraya la respuesta. Además, agrega, “todos los miembros del Gobierno informan puntualmente a la sociedad de sus desplazamientos al exterior mediante comunicados a los medios de comunicación y a través de la página web de la Xunta”. “Sin embargo -dice- mediante esta comparecencia se suministra una información de conjunto, de modo que sea comprensible la acción del gobierno como un todo bien articulado”.
Al margen de esta explicación, la Xunta no aporta el detalle de los viajes que le había solicitado el diputado ni tampoco la información sobre las dietas existen y, si es así, a cuánto han ascendido. Así, el Gobierno se limita a indicar que “en lo que respecta a las ayudas de coste” aplica las normas contenidas en un decreto dictado por el Gobierno de Manuel Fraga en el año 2001, en el que se definen los diferentes conceptos de las indemnizaciones por razón de servicio del personal de la Administración autonómica, y en un Real Decreto promulgado en 2002 que regula estos costes en la Administración General del Estado y en el que se fijan importes de hasta 300 euros por día para los altos cargos que viajen a determinados países.
Con esta escasa e inconcreta información el Gobierno gallego no sólo no responde a lo que el diputado le pregunta, sino que incluso reduce la información que la propia Xunta había facilitado en este campo en el pasado reciente. Así, por ejemplo, en 2014 otra diputada del PSdeG, Marisol Soneira, preguntó por los viajes del vicepresidente, conselleiros y conselleiras desde 2009 hasta ese año. La parlamentaria cuestionaba al Ejecutivo por las agendas de los desplazamientos y el coste de cada uno de ellos y, aunque el Gobierno no atendió por completo la demanda de información, sí accedió a facilitar una relación de los viajes y un coste global de los mismos, que rondaba los 300.000 euros.
