La Xunta pone en marcha su parche “administrativo” para combatir la saturación de atención primaria

Gonzalo Cortizo

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El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo acaba de poner en marcha su plan para solucionar con administrativos el colapso de los centros de salud, agudizado por la sexta ola de Covid-19 pero sobre el que los trabajadores sanitarios llevan años avisando. Sindicatos y colegios profesionales han solicitado una y otra vez mecanismos para ampliar las plantillas de personal médico y enfermería de la exahusta atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Lejos de atender estas demandas, la Xunta redujo las partidas presupuestarias dirigidas a la medicina familiar y, en su lugar, contratará un número indefinido de licenciados y graduados en medicina que incorporará a los ambulatorios a partir del mes de febrero en labores burocráticas.

La Atención Primaria de Feijóo en datos: diez años de contrataciones congeladas

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Se trata de una carga de personal cuya principal función será la gestión de las bajas laborales, derivadas del alto número de contagios asociados a la expansión de la variante Omicron del virus. El Diario Oficial de Galicia ha publicado este lunes la resolución que abre la puerta al fichaje de “técnicos sanitarios”. No se aclara cuántos profesionales se prevé contratar pero sí que esos contratos están previstos para un máximo de dos meses.

Durante una entrevista con la Radio Galega el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aseguraba este domingo que la carga de la atención primaria en Galicia es “más administrativa que asistencial”. Dicho en otras palabras, el jefe de la sanidad gallega defiende que el embudo se debe a la sucesión de bajas laborales que deben gestionar los médicos para pacientes sin sintomatología ni riesgo vital, a consecuencia de los nuevos contagios por Covid-19. Atrás quedan las declaraciones recientes en las que el propio Comesaña reconocía la existencia de “problemas gravísimos” en la primera línea de defensa sanitaria, a conscuencia de la falta de profesionales.

La situación más tensa es la que atraviesa el área sanitaria de Vigo, en la que 14 centros de atención primaria fueron cerrados la semana pasada para cualquier actividad que no sea Covid o urgencias. Fuentes sanitarias consultadas por elDiario.es aseguran que los pacientes de otras patologías están acudiendo a las urgencias de los hospitales como única alternativa ante el colapso que ahora la Xunta califica como “administrativo”.

La resolución aprobada por el Gobierno de Feijóo no entiende de fronteras y solicita la incorporación de técnicos sanitarios procedentes de cualquier país europeo (extracomunitarios incluidos). Al número indefinido de profesionales que respondan a la llamada se suma la incorporación reciente de 86 médicos jubilados, a los que la Xunta ha vuelto a habilitar para atender pacientes en los centros de salud.

Los colegios médicos, por el momento, se muestran vigilantes con las funciones que la Xunta pueda encargar a los nuevos contratados y recuerdan que los técnicos sanitarios “no podrán realizar labores asistenciales”. Otras iniciativas del ejecutivo de Feijóo como la habilitaciónde las farmacias para tareas de registro de contagios tampoco les han gustado y sobre ello han dicho que “pueden influir negativamente en la salud de la población”. Sobre este particular, El Colegio Médico de Pontevedra dirigió una carta la semana pasada a sus representados en la que advierte de que está en riesgo el “principio de confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes”, que corresponde “solamente al personal responsable de su atención desde el momento inicial en que este entra en contacto con el sistema demandando atención sanitaria”.

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo acaba de poner en marcha su plan para solucionar con administrativos el colapso de los centros de salud, agudizado por la sexta ola de Covid-19 pero sobre el que los trabajadores sanitarios llevan años avisando. Sindicatos y colegios profesionales han solicitado una y otra vez mecanismos para ampliar las plantillas de personal médico y enfermería de la exahusta atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Lejos de atender estas demandas, la Xunta redujo las partidas presupuestarias dirigidas a la medicina familiar y, en su lugar, contratará un número indefinido de licenciados y graduados en medicina que incorporará a los ambulatorios a partir del mes de febrero en labores burocráticas.

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Durante una entrevista con la Radio Galega el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, aseguraba este domingo que la carga de la atención primaria en Galicia es “más administrativa que asistencial”. Dicho en otras palabras, el jefe de la sanidad gallega defiende que el embudo se debe a la sucesión de bajas laborales que deben gestionar los médicos para pacientes sin sintomatología ni riesgo vital, a consecuencia de los nuevos contagios por Covid-19. Atrás quedan las declaraciones recientes en las que el propio Comesaña reconocía la existencia de “problemas gravísimos” en la primera línea de defensa sanitaria, a conscuencia de la falta de profesionales.

La situación más tensa es la que atraviesa el área sanitaria de Vigo, en la que 14 centros de atención primaria fueron cerrados la semana pasada para cualquier actividad que no sea Covid o urgencias. Fuentes sanitarias consultadas por elDiario.es aseguran que los pacientes de otras patologías están acudiendo a las urgencias de los hospitales como única alternativa ante el colapso que ahora la Xunta califica como “administrativo”.

La resolución aprobada por el Gobierno de Feijóo no entiende de fronteras y solicita la incorporación de técnicos sanitarios procedentes de cualquier país europeo (extracomunitarios incluidos). Al número indefinido de profesionales que respondan a la llamada se suma la incorporación reciente de 86 médicos jubilados, a los que la Xunta ha vuelto a habilitar para atender pacientes en los centros de salud.

Los colegios médicos, por el momento, se muestran vigilantes con las funciones que la Xunta pueda encargar a los nuevos contratados y recuerdan que los técnicos sanitarios “no podrán realizar labores asistenciales”. Otras iniciativas del ejecutivo de Feijóo como la habilitaciónde las farmacias para tareas de registro de contagios tampoco les han gustado y sobre ello han dicho que “pueden influir negativamente en la salud de la población”. Sobre este particular, El Colegio Médico de Pontevedra dirigió una carta la semana pasada a sus representados en la que advierte de que está en riesgo el “principio de confidencialidad de los datos clínicos de los pacientes”, que corresponde “solamente al personal responsable de su atención desde el momento inicial en que este entra en contacto con el sistema demandando atención sanitaria”.

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo acaba de poner en marcha su plan para solucionar con administrativos el colapso de los centros de salud, agudizado por la sexta ola de Covid-19 pero sobre el que los trabajadores sanitarios llevan años avisando. Sindicatos y colegios profesionales han solicitado una y otra vez mecanismos para ampliar las plantillas de personal médico y enfermería de la exahusta atención primaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Lejos de atender estas demandas, la Xunta redujo las partidas presupuestarias dirigidas a la medicina familiar y, en su lugar, contratará un número indefinido de licenciados y graduados en medicina que incorporará a los ambulatorios a partir del mes de febrero en labores burocráticas.

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