La Xunta da la orden de resolver 1.500 ayudas de Dependencia en la Galicia rural antes de las elecciones
Fue en una reunión en Santiago, celebrada el pasado lunes. A ella estaban convocados “todos los jefes del servicio de Dependencia y Autonomía Personal de las provincias” y también los “coordinadores” de esta área. Quien lo cuenta es Deli Lamas, que desde la Confederación Intersindical Gallega hace público lo que, señala, fue el contenido de este encuentro con responsables de la Consellaría de Bienestar. Consistió, esencialmente, en “dar orden” de “incrementar las horas” para resolver expedientes de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia “durante la próxima semana y media”, notificaciones por correo incluidas, que deberán llegar a las casas de las personas beneficiarias “antes del día 20”, esto es, como muy tarde en la jornada de reflexión previa a las elecciones del 21 de octubre.
Este incremento de horas, que aún debe ser “aceptado” o no por parte del personal, estará encaminado a convertir en “prioritarias” durante estos días las solicitudes pendientes de ayuda a domicilio. Concretamente “la orden es que sea en la zona rural, no en las ciudades” y además, subraya la CIG, se imponen cifras:“se exige que antes día 17 de octubre -las cartas certificadas pueden tardar hasta tres días en llegar- se resuelvan 500 expedientes en la Coruña, 200 en Ourense, 400 en Lugo y 400 en Pontevedra”. Esto se hará, dice el sindicato, aunque “los compañeros y compañeras del servicio vayan a trabajar por las tardes”, esto es, fuera de su horario laboral.
Explica Deli Lamas en conversación con Praza Pública que esta vorágine de concesión de ayudas no se corresponde en absoluto con el ritmo normal de trabajo, menos aún toda vez que las solicitudes “se van resolviendo en función del crédito del que se dispone”. “Hasta ahora estaban paradas porque no había dinero para incrementarlas”, igual que no los hay “para nada de la Ley de Dependencia”. Pero “de repente aparece el crédito”, explica, lo que en su opinión muestra una clara intención de “utilizar la Ley de Dependencia con fines electoralistas”.
Otras “chanchulladas”
No es esta la única, en palabras de la CIG, “chanchullada” sobre la que alerta el sindicato nacionalista nos últimos meses. Hace escasos días la central sindical subrayaba que la estafa de las preferentes de las antiguas cajas se “están convirtiendo en un chollo para privilegiados de la Xunta”. El Gobierno gallego, dicen, “está destinando gran cantidad de recursos humanos, pagando productividades a personal puesto a dedo” para gestionar las reclamaciones de las personas afectadas ante el Instituto Galego de Consumo, aunque “en connivencia con la entidad bancaria”, acusan.
“Hay un colectivo que tiene claramente la consideración de beneficiaron con estas reclamaciones: los árbitros de las preferentes”, explica la CIG. A través de un comunicado remitido a la prensa el sindicato detalla que “cada árbitro cobra 20 euros por laudo emitido en concepto de productividad”. Se trata, dicen, de un colectivo “formado por 23 personas” en el que figuran “altos cargos de la Xunta y amigos y afines” a ellos. Este plus de productividad no lo cobran “los becarios y becarias” que, “aunque tienen que recibir formación en la Dirección General de Comercio” en materia de “actividad comercial, pequeña y mediana empresa o artesanía”, tienen “la orden de trabajar para Consumo, haciendo fotocopias de los expedientes de las preferentes”.
Según la CIG “el destrozo no termina aquí”, ya que “para gestionar los expedientes de las preferentes la Xunta utiliza una aplicación facilitada” por Novagalicia Banco, “donde figuran todos los datos y su estado actual”. “Es el banco quien cita a los reclamados” y “posteriormente, Consumo concreta la hora”. Mientras, “desde las altas instancias de la Xunta hay una orden clara ”sobre las reclamaciones que cualquier ciudadano puede presentar en Consumo: toda otra cosa que no sea relacionada con las preferentes quedará en el cajón“, advierten.
