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Las desigualdades sociales y económicas existen incluso post mortem. El precio de un funeral, que oscila entre los 3.000 y los 10.000 euros según el tipo de servicio, el municipio y la voluntad de la familia, se ha convertido en Baleares, y también en todo el territorio nacional, en una barrera económica que muchos hogares no pueden asumir. A los gastos obligatorios que involucra una pérdida –tanatorio, coche fúnebre, ataúd, trámites, inhumación o incineración– se suman otros opcionales, como flores o coronas, cuya subida en municipios como Palma se ha incrementado alrededor del 13%.
La desigualdad marca la diferencia entre un entierro básico, digno y uno imposible y, a pesar de que las administraciones municipales cada vez tienen más competencias para ofrecer este servicio como público, los trámites burocráticos son aún tediosos. Así lo ha señalado el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el pasado jueves durante la presentación del nuevo tanatorio de Santa Eulària, donde se refirió a las “complejidades burocráticas” de la política mortuoria. Los derechos funerarios dependen, así y una vez más, del código postal.
La competencia es estrictamente municipal, lo que deja en manos de cada ayuntamiento la capacidad y voluntad política de garantizar a los ciudadanos el acceso a un entierro digno independientemente de su clase social. De hecho, la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears atribuye a los municipios la regulación y la gestión de los cementerios y servicios funerarios, así como su control sanitario y policía sanitaria mortuoria. Y, por otro lado, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, mantiene el cementerio como un servicio que tienen que prestar obligatoriamente todos los municipios.
Nueve entierros de beneficencia en Vila
Cuando un ciudadano no dispone de recursos suficientes, los servicios sociales emiten un informe acreditativo y los Ayuntamientos han de tramitar un entierro de beneficencia. En el caso de Vila –la ciudad de Eivissa, el único que ha proporcionado datos a elDiario.es–, este 2025 se han tramitado en total nueve entierros de este tipo, indican desde la concejalía de Cementerios. Casi los mismos que durante el año 2024. Para estos casos, suele haber nichos específicamente reservados y es el Consistorio quien asume el coste completo: desde Pompas Fúnebres hasta el resto de gastos asociados al sepelio.
La práctica, remarcan fuentes del Ayuntamiento de Sant Josep, se activa también cuando aparece un cuerpo sin vida en aguas del municipio. Se trata, mayoritariamente, de migrantes que no logran completar la peligrosa travesía en patera desde el norte de África hasta las costas españolas. Solo entre enero y junio de este año, las autoridades encontraron 31 cuerpos sin vida en aguas y playas de Balears, según datos de la Delegación del Gobierno recabados por la agencia EFE. Los primeros 15 cuerpos –en informaciones de las fuerzas de seguridad del Estado– fueron recuperados entre enero y marzo. En cuanto al resto de fallecidos fueron hallados entre mitades de abril y principios de junio.
Inaugurado el primer tanatorio público
La inauguración del primer tanatorio municipal de la isla en Santa Eulària, un edificio de 3,4 millones de euros situado en Cas Llaurador, junto al crematorio y el cementerio, indica que la situación está cambiando. La instalación reúne por primera vez en un mismo espacio los tres servicios funerarios municipales y ofrece tres salas de velatorio, un espacio multiconfesional con capacidad para 90 personas y más de 50 plazas de aparcamiento. Aunque, en el momento del entierro, las personas con otros ritos religiosos, por ejemplo los musulmanes, se ven obligados a repatriar a sus seres queridos a su país para darles sepultura. Según el Corán, el cuerpo, una vez sin vida, se ha de enterrar en contacto con la tierra. Pero el único cementerio musulmán de Balears está ubicado en Son Valentí, en Palma, y, desde hace años, su capacidad está exageradamente desbordada.
Las personas con otros ritos religiosos, por ejemplo los musulmanes, se ven obligados a repatriar a sus seres queridos a su país para darles sepultura
“El proceso de duelo –con todos los pasos que conlleva– es una necesidad y un derecho de cualquier persona”, explica Noelia Blázquez, psicóloga, psicopedagoga y especialista en acompañamiento de procesos en desarrollo de pérdida y duelo. La superación de la pérdida –añade– suele durar alrededor de un año, cuando se viven las primeras veces sin el ser querido, aunque cada persona tiene su ritmo propio. “Es muy importante contar con una red de apoyo”, añade. Algo que no todas las personas tienen y que se complica mucho en el caso de los migrantes. Por eso, en algunas comunidades autónomas, han surgido organizaciones sin ánimo de lucro para compartir el dolor sentido a lo largo del proceso de duelo, como, en el caso de las islas, la Fundación Mémora.
Representantes del Ayuntamiento de Santa Eulària subrayaron en el acto inaugural de las nuevas instalaciones fúnebres que el objetivo del proyecto –ideado en el año 2007– es “garantizar el principio de universalidad”. Los servicios serán gratuitos o bonificados hasta un 50% para quienes no puedan asumir el coste, siguiendo los informes de servicios sociales. Incluidos están aquellos fallecidos en la vía migratoria del Mediterráneo encontrados en aguas del término municipal.
En Vila, la concejalía de Bienestar Social ha detallado a elDiario.es que la atención en casos de pobreza extrema se realiza mediante un contrato con la funeraria y una coordinación directa con el departamento de cementerios. Antes de autorizar un entierro de beneficencia, se revisan los ingresos de la familia a través del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y, si se confirma la falta de recursos, el Consistorio asume todos los gastos.
Subida de los precios funerarios
El mercado funerario ha subido, por otro lado, de manera generalizada. A nivel nacional, un funeral estándar suele costar entre 3.000 y 4.000 euros. Y, en grandes ciudades o en caso de contratar servicios de categoría alta, puede llegar a superar fácilmente los 6.000 euros. A ello se suman las tasas municipales y los costes del cementerio –ataúd, tanatorio, transporte– que encarecen aún más un servicio básico que, sumado a las condiciones de vida de Balears, muchas familias no pueden permitirse.
En concreto, la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma aprobó en septiembre una subida media del 13,4% en los precios de los ornamentos funerarios: coronas, centros florales, cubre féretros y cojines, argumentando el incremento de los costes directos y la necesidad de reforzar su equilibrio financiero, como publicó Última Hora. Además, la funeraria tuvo que eliminar uno de los centros de mayor precio por su escasa demanda y el Consistorio de la capital mallorquina decidió encargar a una consultora una revisión del precio de las unidades de enterramiento ante la caída de demanda de los espacios más grandes. Un fenómeno que desde EFM han atribuido a cambios culturales, familias más pequeñas y al auge de la incineración (que ya representa alrededor del 60% de los servicios).
Palma ha subido 13,4% de media los precios de los ornamentos funerarios y ha eliminado uno de los centros de mayor precio por su escasa demanda. La incineración representa el 60% de los servicios
Esto se debe en parte a una crisis de fe en la sociedad que se ha dado particularmente en Balears. El recuento oficial de datos que el Obispado de Mallorca envió al Vaticano en el año 2022 ya reflejaba una caída de más de 1.700 bautizos, más de 1.500 primeras comuniones y más de 200 matrimonios en solo un lustro. En cuanto al barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), arroja una cifra más reciente: desde 2015 hasta hoy, los ciudadanos baleares autodenominados como católicos han disminuido en un 11,3%, según publicó en julio Última Hora.
Las prácticas en el ámbito eclesiástico también han cambiado. La normativa actual de la Iglesia Católica no prohíbe ya, como sí hacía anteriormente, las exequias a personas que habían decidido quitarse la vida. La oración católica se concede, señala un portavoz del Obispado de Ibiza a elDiario.es, en todos los casos a las cualquier persona fallecida que manifieste esa voluntad. O ellos mismos o bien a través de sus familiares o allegados. Certificando, eso sí, sus creencias.
En el caso de los entierros de beneficencia, debería ser el Ayuntamiento correspondiente quien se ponga en contacto con la Iglesia para que se lleve a cabo el ritual religioso, señala el mismo portavoz de la diócesis. Una ceremonia para la que no se pide dinero, sino la voluntad, que depende del entorno del fallecido o, en el segundo caso, de las instituciones.
Con este desligamiento de parte de la población del cristianismo, las ceremonias de despedida viven también un cambio que amenaza con hacerlas desaparecer. “Los rituales son muy importantes. Cuando se produce una muerte, hay un debate interno, suele pasar que quedan muchas cosas por decir”, indica Blázquez. “Es una manera de despedirse y es importante que se haga de manera colectiva”, añade.