De perseguir las construcciones ilegales a imputado por corrupción: la historia del alcalde socialista de Ibiza

El Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa investiga una presunta trama de corrupción urbanística por posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. El operativo de la Guardia Civil, iniciado el pasado 13 de junio en el Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, se saldó con seis detenciones: el entonces alcalde socialista en funciones, Ángel Luis Guerrero; la letrada municipal de Urbanismo, Carla García; los abogados Lourdes Marí y Manuel Alcaide; el constructor Benjamín Alonso y el aparejador Miguel López.

Los agentes de la Guardia Civil iniciaron un operativo en diferentes puntos de la isla a primera hora del martes 13 de junio, entre ellos, en el interior del Ajuntament de Sant Josep, donde durante la mañana fue desalojado todo el personal del Consistorio, a excepción de los trabajadores del departamento de Urbanismo. Los funcionarios de esta área colaboraron con los agentes del Instituto Armado a fin de proporcionar toda la documentación relativa a varios expedientes que les fue requerida, según avanzó Periódico de Ibiza y Formentera. Para llevar a cabo el operativo se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Mallorca, de los Equipos de Investigación Tecnológica (Edite) y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

El Ajuntament de Sant Josep se limitó a remarcar, a última hora del martes, que se había llevado una gestión urbanística “diligente” y “transparente”, en relación al registro llevado a cabo por la Guardia Civil en el departamento de Urbanismo. Antes de pasar a disposición judicial, Guerrero, entonces alcalde en funciones, pasó dos noches en el cuartel del Instituto Armado. Su abogado, Josep Maria Costa, señaló que Guerrero se encontraba “preocupado” pero “con ganas de colaborar” para esclarecer las causas de su detención. “El alcalde en funciones tiene la confianza de que podrá esclarecer cualquier sospecha que pueda manchar una gestión urbanística que ha sido diligente y transparente, con acciones contundentes en la materia”, remarcó el Ajuntament de Sant Josep.

Costa, abogado de Guerrero, ha explicado a este diario que por “prudencia” no van a realizar declaraciones. Es el mismo argumento que ha aducido Ascensión Joaniquet, abogada de Carla García y Lourdes Marí. Este diario se ha puesto en contacto con el despacho de abogados que defiende a Manuel Alcaide, que no ha contestado a esta redacción a fecha de 3 de julio. Tampoco lo ha hecho Miguel López, con quien este diario ha contactado a través de Cobblestones S.L.

Cada mes en el juzgado

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Carmen Martín, dejó en libertad provisional a los detenidos en el marco del operativo que investiga presuntas irregularidades urbanísticas de Cala Bassa, es Cubells y Cala Vedella, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). Costa, abogado de Guerrero, explicó que el alcalde en funciones se había acogido a su derecho a no declarar, ya que en ese momento la causa se encontraba bajo secreto de sumario y la defensa no había tenido tiempo de consultar el expediente relativo al caso. El exalcalde se tiene que presentar el primer día de cada mes como única medida cautelar impuesta por el juzgado. Por otro lado, la letrada de Urbanismo, Carla García, ha vuelto a su trabajo en el Ajuntament de Sant Josep después de su detención, según ha podido saber este diario.

Ricard Mesquida, abogado del constructor investigado, afirmó que, una vez levantado el secreto de sumario, iban a estudiar exactamente de qué se trata el caso. “Mi cliente lo que hacía era actuar como constructor y las licencias se las encargaba a los arquitectos y al despacho jurídico de abogados”, aseguró. En conversaciones con elDiario.es, Mesquida ha explicado que su cliente niega los delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio que se le imputan y aclara que en ningún caso ha efectuado pagos a funcionarios para obtener las licencias de construcción.

Locales comerciales como viviendas de lujo

Una de las construcciones que podría estar en el punto de mira es la relacionada con la promoción conocida como Vadella 64. Uno de los detenidos, el aparejador Miguel López, es el responsable de la oficina técnica de dicha promoción, cuyo despacho, en el municipio alicantino de San Vicente de Raspeig, fue objeto también del registro. El conjunto residencial Vadella 64 está formado por 64 estudios de uso comercial y 38 locales-taller, que con el paso del tiempo se han comercializado como apartamentos de lujo. Este diario se ha intentado poner en contacto con Miguel López sin éxito.

El complejo forma parte del entramado urbanístico que dirigía el fallecido Antonio Huerta Briz, exarquitecto municipal de Sant Josep y cuyo proyecto fue redactado por la empresa de quien era entonces su nuera. Huerta, que falleció en enero de 2016, fue detenido por la Guardia Civil en 2008 en el marco de la ‘Operación Pitiusa’, según documenta el periodista y escritor Joan Lluís Ferrer en Ibiza: la destrucción del paraíso (Balàfia Postals, 2015).

Huerta utilizaba presuntamente la información privilegiada de la que disponía como arquitecto municipal para lucrarse a título personal a través de promociones de bloques de apartamentos y urbanizaciones que se construían en el municipio y que él mismo autorizaba. En el caso de la licencia de obras Vadella 64, se otorgó en el año 2003, con José Serra Escandell (PP) al frente del ayuntamiento. La edificación debía estar ejecutada en diciembre de 2005, pero el plazo se incumplió. La licencia se concedió a Urbanizadora Mediterránea S.A., que a su vez en abril de 2005 la transmitió a Cobblestones S.L., la actual promotora.

Entre los años 2008 y 2015 no hubo actividad, ya que en 2007 se ordenó la paralización de las obras y la apertura de un expediente de infracción urbanística por exceso de construcción. En mayo de 2016, con Josep Marí Ribas (PSOE) como alcalde del municipio, la junta de gobierno acordó iniciar los trámites para la declaración formal de la caducidad de la licencia de Cala Vedella. Sin embargo, la promotora alegó “abuso de derecho” por parte de la administración municipal. Un año después, el gobierno progresista del Consell Insular (2015-2019) denegó las cédulas de habitabilidad de dichas promociones y denunció ante la Fiscalía la comercialización de los estudios de uso comercial como viviendas de lujo para evitar el fraude a terceras personas.

En 2019, el gobierno de PP y Ciudadanos en el Consell Insular concedió las cédulas de habitabilidad de 15 estudios comerciales de la primera fase de la promoción Vadella 64 que la institución insular había denegado anteriormente tras comprobar que en esta parcela no estaba permitido el uso de vivienda. La concesión de dichas cédulas se llevó a cabo previa modificación de las inscripciones registrales que definían las 15 construcciones como locales comerciales (en ningún caso como viviendas de uso residencial).

Por otro lado, la Oficina Anticorrupción de Balears, en su memoria de 2022, detalla que recibió una denuncia el 29 de septiembre de 2022 en la que se informaba de un posible delito de prevaricación continuada por parte de funcionarios y personas vinculadas al Ajuntament de Sant Josep en relación con las licencias de obras concedidas en la zona de Cala Vedella. Posteriormente, dice el informe, Anticorrupción recibió otras informaciones relacionadas con dichas actuaciones.

Alegaciones contra una promoción de lujo

Según recoge el documento, la denuncia se refiere a “una posible prevaricación por parte del personal del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia por inacción, al no declarar la caducidad de una licencia, firmar un convenio urbanístico de dudosa finalidad y transformar una licencia de construcción en suelo de uso exclusivamente hotelero en una licencia para la construcción de viviendas”. Este convenio urbanístico “de dudosa finalidad” podría hacer referencia al firmado entre el Ajuntament de Sant Josep y la empresa Bastiodon S.L., que permite la construcción de 12 viviendas de lujo en Port des Nebot (Cala Vedella). Ciudadanos, que estaba en la oposición en la anterior legislatura, presentó alegaciones contra dicho convenio urbanístico, ya que consideraba que las 23 plazas de aparcamiento público proyectadas no justificaban el “interés general innegable” que recogía el acuerdo.

El convenio urbanístico también se amparaba, decía la formación naranja, en la “sustancial reducción de la edificabilidad”. Daniel Becerra, entonces concejal de Ciudadanos, aseguró que esta rebaja “no evitaría continuar sobreexplotando los recursos hídricos de la zona y el funcionamiento de la maltrecha depuradora, tanto a la hora de levantar la edificación como posteriormente teniendo que suministrar agua a hogares, piscinas y jardines”. El grupo municipal liberal registró 15 alegaciones durante el periodo de exposición pública para que se declarara la nulidad del documento. “El proyecto de Bastiodon S.L. carece de incentivos de interés público que generen puestos de trabajo, dinamicen el comercio local, la agricultura o fomenten el sector turístico”, afirmó Becerra.

El exconcejal de Ciudadanos criticó, además, que el convenio no recogía la creación de infraestructuras públicas (deportivas, sanitarias o de ocio) que fueran de interés público. “El Ayuntamiento de Sant Josep debe anteponer la preservación del medio ambiente y los recursos naturales por encima de los intereses particulares de un fondo buitre”, insistió Becerra. Por este motivo, Ciudadanos pedía que se archivara la licencia que permitía “la construcción de viviendas de lujo tras 15 años sin ejecutarse” y acusó al gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de llevar a cabo “urbanismo a la carta”.

Posteriormente se denunció una posible prevaricación del Consistorio por “inacción ante el abandono de una empresa privada de unas obras durante 9 años y por el incumplimiento del procedimiento administrativo en relación con la licencia concedida”. La Oficina Anticorrupción informaba de que la Fiscalía había abierto diligencias de investigación por supuesta prevaricación del Ajuntament de Sant Josep debido a que no había tramitado la caducidad de la licencia y la elaboración del convenio urbanístico y por haber permitido “la construcción de viviendas en lugar del destino hotelero concedido en la licencia”.

Se habrían concedido licencias incumpliendo la normativa

En cuanto a los proyectos que se investigan en relación a Cala Bassa y es Cubells, la arquitecta municipal de Sant Josep habría constatado las supuestas irregularidades ante la Guardia Civil, según publicó Diario de Ibiza. Esta información, que no ha podido ser verificada por este diario, indica que la arquitecta municipal habría emitido informes desfavorables que se habrían suplido con dictámenes externos favorables. En su declaración, la técnica municipal habría explicado que, al haber dos informes contradictorios (uno interno y otro externo), Carla García, la letrada de Urbanismo, habría dado más valor al externo en lugar de pedir un tercer informe.

Sobre los expedientes de Cala Bassa y es Cubells, que habrían dado lugar al inicio de la investigación, la Guardia Civil encargó un informe al director de la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (el organismo autónomo del Consell Insular que vela por el control de la disciplina urbanística). El auto judicial indicaría que dicho informe respaldaría los que había emitido la arquitecta municipal, que eran desfavorables, y que habrían sido sustituidos por informes externos favorables. Concluye la información del diario local que la concesión de las licencias no se ajustaban a derecho porque “incumplían la normativa”.

El exalcalde socialista defiende su inocencia

Ángel Luis Guerrero, exalcalde de Sant Josep, no recogió su acta de concejal el 17 de junio, cuando se constituyó la nueva corporación local. Guerrero se dio de baja el mismo día como militante del PSOE, al tiempo que informaba de que volvería a la política “tan pronto como se haya desecho de cualquier sombra de sospecha”. “Lucharé para defender mi honorabilidad y la del personal del Ajuntament de Sant Josep”, aseguró. El exalcalde explicó que iba a ayudar también a limpiar la sombra de la sospecha que se ha instalado sobre las personas que han trabajado con él durante este tiempo en el Consistorio como funcionarios.

Durante sus dos años al frente de la alcaldía, Guerrero se propuso, entre otras medidas, el derribo de ‘Casa Lola’, la mansión ilegal promovida por Paquita Marsan, conocida como la casera de los famosos, algo que consiguió apoyado por el TSJIB. El exalcalde socialista, responsable del área de Urbanismo, también tenía en el punto de mira ‘Casa Paola’, una villa que se encuentra muy cerca de Casa Lola, donde hay construcciones que se erigieron sin licencia urbanística y que son ilegalizables por encontrarse en suelo protegido. Una gestión que se ha visto empañada por su imputación en una posible trama urbanística que investiga supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho.