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El Parlament balear ha vivido este martes un nuevo rifirrafe entre el Govern de Marga Prohens (PP) y los grupos de izquierdas a cuenta de la futura ley agraria, un texto que el Ejecutivo defiende como una herramienta para modernizar y dinamizar el sector primario, pero que las entidades ecologistas y la oposición consideran una puerta abierta a la especulación sobre el territorio y a la turistización del campo. “Los payeses acabarán haciendo de camareros para los turistas”, ha deslizado este martes el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, respecto a una norma que dará vía libre a la creación de hasta diez plazas turísticas por cada explotación agrícola en desuso y permitirá ampliar en hasta un 20% las edificaciones existentes en suelo rústico.
Durante el pleno del Parlament, tanto Més per Menorca como PSIB-PSOE han criticado duramente las novedades introducidas en la nueva ley, actualmente en tramitación, entre ellas la relativa a la posibilidad de habilitar construcciones agrícolas en desuso como agroestancias que podrán alojar a hasta diez personas. “Más que una ley agraria, es una ley turística del campo”, ha recriminado durante el debate el portavoz adjunto socialista, Marc Pons, quien ha lamentado que, en lugar de promover “una mejora de la producción agraria y de la calidad alimentaria”, el texto se convertirá finalmente “en una normativa urbanística, comercial y turística” dirigida a “revalorizar económicamente propiedades que nada tienen que ver con la producción agraria”.
Por ello, ha reclamado al Govern que dé “un paso atrás” y retire el texto tal como está en estos momentos planteado, teniendo en cuenta, además, las críticas despertadas entre varios colectivos, representados por una parte de la payesía balear y los agroturistas e incluso a los hoteleros. “Usted ha hecho una cosa realmente complicada, poner de acuerdo a colectivos que no tienen ningún interés en común”, ha incidido Pons, quien ha emplazado al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, a priorizar “aquellas cuestiones que de verdad interesan al sector primario” y a reconocer que “se ha equivocado”.
Por su parte, Castells ha recriminado que el anteproyecto “desprecia absolutamente” las competencias con las que cuentan los Consells Insulars en materia agraria y los deja “sin margen de maniobra para adaptar esta ley a la realidad de cada isla”. “Ustedes nos imponen desde Mallorca la turistificación del campo, ignorando la apuesta tradicional de Menorca que todo el mundo conoce por un sector primario dedicado al campesinado y por un modelo territorial basado en dedicar el suelo rústico a aquello que es su esencia, la producción de alimentos mediante la actividad agroganadera”, ha subrayado el parlamentario ecosoberanista.
Ante las críticas de la izquierda, Simonet ha rescatado frases aisladas que en 2019 pronunció el exdiputado del PSIB Damià Borràs, quien manifestó que “sin incentivar y complementar” la actividad “se hará muy difícil que la agricultura perdure ante las múltiples presiones directas e indirectas, golpes bajos y valor del suelo que sufren los campesinos, propietarios o no”; “La gente del campo tiene que poder participar de los beneficios del turismo” y “se trata de que los campesinos y las campesinas puedan participar de manera efectiva en el negocio turístico y complementar su renta agraria”.
Sin embargo, como ha comprobado este periódico consultando el diario de sesiones de aquel pleno, en el que se debatía la ley agraria aprobada por el anterior Govern de izquierdas, el parlamentario socialista reivindicó en su discurso la preservación de la agricultura como base del territorio y de la identidad rural de las islas y apostó por el fomento de la calidad, la producción ecológica y la sostenibilidad. Para ello, apeló a diversificar los ingresos agrarios mediante la venta de productos locales a hoteles y restaurantes o agroestancias como forma de turismo rural gestionado por payeses y defendió la pervivencia del campo frente a la presión económica del turismo y del mercado del suelo.
Manifiesto por una “ley necesaria para el sector”
El conseller ha aseverado que, en estos momentos, la mayoría de las propuestas efectuadas por el sector están recogidas en el texto, aludiendo, asimismo, al manifiesto firmado por las “organizaciones agrarias profesionales” en favor de la nueva norma. En concreto, este documento, consultado por elDiario.es, ha sido rubricado por Asaja, Unió de Pagesos, la Unió de Petits Agricultors (UPA) i Cooperatives Agrialimentàries, que consideran que se trata de una ley “necesaria para el sector”. Las entidades, que han incorporado propuestas dirigidas a contar “con un buen marco legislativo que defienda los intereses de la payesía de Balears”, aspiran a una “ley moderna, en total sintonía con la nueva PEC”, que ayude “a las explotaciones en dificultades a hacerlas más viables” y, a su vez, defina, impulse y dé protección “a la pequeña explotación familiar o tradicional y a las explotaciones asociativas cooperativas”.
En esta línea, estas organizaciones abogan por “reconocer y dignificar el papel que juega la payesía y el impacto social, económico, ambiental y cultural que genera” y subrayan que se trata del sector económico que “gestiona más superficie”, con “más del 80% del territorio insular”.
En su intervención en el pleno de este martes, Simonet ha recriminado que otros sectores ajenos al campesinado “quieran marcar cómo tiene que ser el futuro de los agricultores de Balears”. En otro momento del pleno, la diputada socialista Amanda Fernández, cuando se disponía a realizar una pregunta sobre materia educativa, ha espetado al conseller: “Usted continúa siendo el mismo gerente de Asaja. Nos lo ha dejado claro”, lo que ha provocado la indignación del titular de Agricultura. Fernández ha aludido al periodo en el que Simonet dirigió la principal organización agraria de las islas, desde la cual protagonizó frecuentes confrontaciones con el Govern de Francina Armengol y llegó a movilizar a una quincena de tractores frente al Consolat de Mar, sede del Govern balear, en protesta contra la declaración de cinco zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), avalada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB).
El campo, “al servicio de la especulación”
Por su parte, las cooperativas agroalimentarias, payeses, ecologistas y asociaciones comerciales han registrado más de cien alegaciones al anteproyecto legislativo. Entre ellas, el Grupo de Ornitología Balears (GOB), que acusa al Govern de Prohens de pretender dar un paso más en su “estrategia de desmantelamiento de la protección territorial y ambiental” con la tramitación de este texto, que, a su parecer, “no defiende el campo ni la payesía sino que forma parte de una ofensiva legal que pone el territorio al servicio de la especulación urbanística, energética y turística”.
Tal como expone la entidad ecologista en sus alegaciones, la futura normativa permitiría la legalización de edificaciones ilegales anteriores a 1991, lo que equivaldría a “una amnistía urbanística encubierta”; autorizaría nuevas construcciones en parcelas pequeñas bajo la etiqueta de 'ocio o autoconsumo' “que podrían transformar el paisaje rural en una red de chalets”; sustituiría las autorizaciones ambientales por declaraciones responsables, e incluiría cambios legislativos “ocultos” que pondrían en riesgo la protección de los espacios naturales.
El Ejecutivo autonómico defiende, sin embargo, que la nueva ley agraria pretende modernizar el sector primario y ofrecer nuevas oportunidades económicas al medio rural en un contexto de envejecimiento del campo, pérdida de rentabilidad y abandono de explotaciones, garantizando su viabilidad mediante la diversificación de actividades, la simplificación de trámites administrativos y la reducción de la burocracia.