El portavoz de Campaña del PP, Borja Sémper, ha mostrado este lunes su desacuerdo con la participación de la líder 'popular' en Balears, Marga Prohens, en una comida con el histórico dirigente del partido José María Rodríguez, condenado a tres años y medio de cárcel por el conocido como caso Over Marketing, empresa que, como confirmó en julio del pasado año el Tribunal Supremo, financió en negro parte de la campaña electoral de la formación en 2003. Hasta ese momento, el que fuese delegado del Gobierno en Balears con Mariano Rajoy en la presidencia del Ejecutivo central había salido incólume de todas las investigaciones que habían puesto el foco sobre él.
Al ser preguntado por la posición de 'Génova' ante esta comida que mantuvieron algunos miembros de la cúpula del partido en las islas, como informó este fin de semana OkDiario, Sémper ha manifestado que la presencia de la actual candidata del PP a la presidencia de Balears “no fue la mejor de las decisiones”.
“Entienda que no conozco la agenda de ningún dirigente, con quién come o con quién cena, pero los compañeros en Balears han dicho que no fue las mejores de las decisiones, algo a lo que me adhiero”, se ha limitado a señalar Sémper en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP. Por su parte, el partido en las islas ha defendido que esta reunión fue una “comida privada e informal” que, bajo su punto de vista, “no tiene ningún otra trascendencia”.
Cabe recordar que Rodríguez, figura sempiterna de la política balear, alcanzó durante las últimas décadas las más altas cotas de poder dentro de la formación, convirtiéndose en el 'factótum' del expresidente del Govern Jaume Matas (PP), quien, por su parte, acabaría acumulando a sus espaldas más de ocho años de cárcel en condenas y más de 50 de inhabilitación por numerosos delitos durante su gestión al frente del Ejecutivo autonómico. Con él terminaría compartiendo banquillo, en medio del maremágnum de casos de corrupción que durante una década asolaría al PP balear, para responder del trasiego de dinero negro con el que el partido financió parte de su campaña electoral de 2003, como determinaron la Audiencia Provincial de Balears y posteriormente el Supremo.
La condena contra el histórico dirigente llegó diez años después de que el exjuez José Castro comenzase, en 2012, a levantar las alfombras de la contabilidad en B del PP isleño y el amaño de contratos públicos a favor de Over Marketing. Ese año, el propietario de la empresa de publicidad hizo saltar todo por los aires tras confesar que había costeado en negro parte la campaña previa a los comicios en los que Matas, recién salido de uno de los Ministerios de José María Aznar, se postulaba como candidato a presidir, por segunda vez, el Govern balear.
Contratos 'a dedo' a las empresas de confianza del PP
Al frente de la Conselleria de Interior bajo ese segundo mandato de Matas (2003-2007), y erigido en la persona de máxima confianza de éste, Rodríguez supo relacionarse con las empresas que, a su vez, se convirtieron en las grandes mimadas del PP durante aquella legislatura. Over Marketing, como ha declarado probado la Justicia, fue una de ellas. La mercantil, que se había ocupado de financiar en negro parte de la campaña electoral del partido en 2003, se vio regada, como compensación, con numerosos contratos 'a dedo' con cargo al erario público, entre ellos varios procedentes del departamento dirigido por Rodríguez: el relativo a la creatividad de la imagen de la Policía Turística de Balears –cuyo objeto resultó inexistente a pesar de que se pagó por él 9.048 euros– o el referido a la simulación del diseño, por 11.832 euros, de una campaña para la difusión de la oferta pública de empleo del Govern.
Con severas sospechas recayendo sobre él, Rodríguez, quien siempre ha negado su implicación en la financiación irregular del partido, acabó imputado en la causa, lo que le obligó a dimitir en 2012 como delegado del Gobierno en Balears, cargo que ostentaba en el momento en que Castro impulsó las investigaciones y Rajoy se encontraba al frente del Ejecutivo central. Sin embargo, a pesar de la presión ejercida por sus propios compañeros y de que ingente documentación y varias confesiones situaron a Rodríguez en el epicentro del manejo de fondos opacos al fisco, durante varios años se blindó cual estafermo al frente del partido y desafió inflexible el código ético impulsado por el expresidente balear del PP José Ramón Bauzá.
Solo tras ser implicado años después en el caso Cursach, el exdirigente acabaría dimitiendo de su cargo como presidente de la junta territorial del PP de Palma, su atalaya. “Siento una total y absoluta indefensión al no haberme podido defender de lo que se me acusa”, ungía el exalto cargo durante el anuncio de su marcha, en julio de 2016, ya prácticamente sin apoyos. La macrocausa, en la que se investigaba su papel en un presunto “organigrama corrupto” urdido para salvaguardar los intereses del magnate Bartolomé Cursach, fue finalmente archivada ante la ausencia de indicios delictivos.
Salpicado por el caso Andratx
Otra de las causas por las que se vio salpicado antes de que aquella legislatura tocara a su fin fue el caso Andratx, erigido en paradigma de los desmanes urbanísticos en las islas. En la mañana del 27 de noviembre de 2006, cuando en medio de la vorágine inmobiliaria estaba a punto de estallar el que constituiría el primer golpe contra la corrupción bajo el mandato de Matas, Rodríguez telefoneó al entonces alcalde del municipio mallorquín y exguardia civil, Eugenio Hidalgo (PP), para darle un 'chivatazo': iba a ser detenido por irregularidades urbanísticas, como así acabó ocurriendo apenas unas horas después.
Rodríguez negó tajante haber avisado al alcalde de su arresto, jurando “con la Biblia en la mano” que no conocía de antemano lo que iba a suceder, como apuntó durante su intervención por estos hechos en el Parlament balear. Preguntado públicamente acerca de los pormenores que rodearon a la llamada, manifestó que durante la conversación con el primer edil 'andritxol' se había limitado a manifestar: “Hoy es lunes y estoy en mi despacho”, una frase que lo perseguiría el resto de su trayectoria política.
El pasado mes de octubre, tan solo doce días después de ingresar en el Centro de Inserción Social (CIS) de la prisión de Palma para cumplir su condena por el caso Over, Rodríguez obtuvo el tercer grado penitenciario, paso previo a la consecución de la libertad condicional. Fuentes de su defensa consultadas por elDiario.es señalaron que Rodríguez superó los filtros que dan acceso a este régimen de tratamiento, como el hecho, principalmente, de tener 75 años en ese momento y que los hechos sucediesen hace casi veinte. El artículo 196 del Reglamento Penitenciario establece que para que un penado mayor de 70 años pueda acceder a la libertad condicional, antes debe haber obtenido el tercer grado.