El Parlament balear ha iniciado, con los votos a favor de PP y Vox, los trámites por la vía de urgencia para la creación de la Universidad de Mallorca (Umac), de carácter privado. El debate de esta iniciativa no estaba previsto en el orden del día del pleno celebrado este martes, pero tanto PSIB-PSOE como la extrema derecha han permitido introducir a última hora la propuesta. El único portavoz que se ha mostrado en contra de que la toma en consideración de la iniciativa se llevara a cabo en la sesión de hoy ha sido el de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha alegado que el texto se registró la semana pasada y no había ningún motivo que justificase que se debatiera por delante de otras proposiciones, lo que ha considerado una forma de legislar “a la carta”.
Menos de una semana después de que los conservadores registraran su proposición de ley para impulsar el nuevo centro universitario, la Cámara autonómica la ha tomado en consideración y, con los votos a favor de los populares y los de Santiago Abascal y la abstención del Grupo Socialista, ha activado los mecanismos de urgencia para tramitarla, tal como reclamaba el PP amparándose en la necesidad de “atender cuanto antes las crecientes necesidades formativas de los estudiantes de Balears”.
No en vano, el pasado mes de septiembre, el gabinete de Prohens ya declaró como proyecto de especial interés estratégico el nuevo centro universitario Beato Luis Belda, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo. Con esta decisión, el Ejecutivo otorgaba un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las Islas. Asimismo, la semana pasada el Govern anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que endurecerá los requisitos para la creación de universidades privadas, El vicepresidente primero, Antoni Costa, afirmó, de hecho, que “no pondrán palos a las ruedas” en el proceso de puesta en marcha de estos centros: “Creemos que la oferta de la UIB [Universitat de les Illes Balears] debe ser complementada con la privada. Se llama libertad”.
En el caso de la Universidad de Mallorca, su impulso parlamentario llega después de que los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades emitieran un informe desfavorable que cuestionaba la viabilidad financiera y las garantías docentes e investigadoras del proyecto, tal como informó El País, lo que Adema atribuyó en un comunicado a que no habían podido valorarse algunos de los documentos que acompañaban al proyecto porque se habían perdido en su “conversión a PDF”. Con todo, dado que el dictamen no era vinculante, la Conselleria balear de Educación inició su propio procedimiento con el objetivo de evaluar la viabilidad del nuevo centro. Finalmente, la Conferencia General de Política Universitaria emitió el informe preceptivo necesario para avanzar en el proceso, un paso que, según denunció Adema, se produjo “18 meses después de haberse remitido la memoria por parte de la Conselleria”, atribuyendo esta demora a una “decisión política” del Ministerio.
Durante el debate de la propuesta, la diputada del PP Ana Isabel Curtó ha señalado que, después de que el Ministerio emitiese el informe preceptivo para la creación del nuevo centro universitario, la toma en consideración de la ley en la Cámara era la “continuación natural” de un proceso administrativo “ajustado a derecho”, asegurando, asimismo, que la Universidad de Mallorca será un complemento que no sustituirá a la UIB, que seguirá siendo el centro público de referencia de las islas. La parlamentaria ha argumentado que el actual sistema universitario balear es “incapaz” de dar respuesta a las actuales necesidades formativas y a la demanda de nuevos perfiles profesionales que “no se pueden obviar para seguir siendo una Comunidad Autónoma competitiva”. El nuevo centro, ha añadido, reducirá la dependencia de otros territorios y creará sinergias con la UIB. “No debilitan el sistema, lo enriquecen”, ha apuntado.
La izquierda critica la “deriva privatizadora” del Govern
Frente a ello, el diputado de Unidas Podemos José María García ha manifestado que “no entiende las prisas” por tramitar esta norma, reprochando que la toma en consideración de la misma “puede suponer un antecedente preocupante para otros casos similares” al no haber sido debatida previamente en Junta de Portavoces, “sobre todo si este proceso empezó en 2024, como afirma el Partido Popular”. “De una u otra manera, se le está haciendo un flaco favor a la ley y a la empresa que la promueve, porque el motivo de atender cuanto antes las crecientes necesidades formativas de los estudiantes de Balears hoy, un martes, no parece ser un motivo de urgencia”, ha incidido.
Asimismo, ha hecho hincapié en que el texto de la ley contiene “varias cuestiones que generan dudas”, como la figura jurídica de Adema, constituida a través de una sociedad de responsabilidad limitada (Academia Dental de Mallorca S.L.), así como en relación con el reglamento de acceso del alumnado: “El actual está redactado según lo establecido en el Reglamento Académico de la Universitat de las Illes Balears, pero el nuevo no sabemos cómo se va a hacer en el caso de las limitaciones por razón de patrimonio”, ha abundado, aseverando que el expediente académico “muchas veces viene condicionado por las condiciones económicas del alumnado o por circunstancias personales provocadas por la situación económica”.
En su opinión, los “esfuerzos” del Parlament deben ir dirigidos al “apoyo a la universidad pública, a la educación superior de calidad en Balears, y no a debilitar el sistema universitario público de nuestra comunidad autónoma”.
En esta misma línea, Més per Mallorca se ha posicionado en contra de la iniciativa del PP al criticar la “deriva privatizadora” generalizada del sistema universitario y la consolidación de un modelo encaminado a convertir la educación en un producto de mercado y no en un derecho universal. En este sentido, la diputada Maria Ramon ha advertido de que la creación de la Universidad de Mallorca puede condicionar la arquitectura educativa del archipiélago de cara a las próximas décadas. “Esto no va de demonizar empresas. El problema es que el Govern confunde una iniciativa privada con las políticas públicas”, ha subrayado.
Para los ecosoberanistas, que acusan al Ejecutivo de Prohens de mirarse en el espejo madrileño con la declaración como estratégico del proyecto del CEU y el procedimiento exprés de la Umac, “está clara la posición del Govern”. Desde Més per Menorca, Joana Gomila ha recriminado que “se ponga el turbo” a la creación de esta universidad privada mientras la educación pública “va al ralentí”. Asimismo, ha lamentado la falta de transparencia y participación en el proyecto: “Si quieren apostar por su universidad privada, como mínimo, háganlo de manera transparente y participativa, con todos los informes pertinentes y mediante un proyecto de ley por parte del Govern”.
Por su parte, la diputada del PSIB Mercedes Garrido ha justificado la abstención de su grupo en que, “a diferencia de la maniobra del CEU San Pablo”, la proposición de ley de creación de la Umac, aunque con “carencias y riesgos”, va “acompañada de garantías”, además de llegar precedida del “diálogo con la comunidad universitaria, sin imposiciones ni operaciones urbanísticas dudosas” y con una oferta educativa “no determinada por cuestiones ideológicas”. Un hecho que, ha apostillado, “no quiere decir decir que no tenagmos dudas y preocupaciones”: “Estaremos vigilantes”, ha remarcado, para evitar que la nueva universidad se convierta “en un activo financiero”.
Tras su toma en consideración, la iniciativa legislativa continuará con su tramitación parlamentaria mediante su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en anuncios en medios de difusión general, tras lo cual se abrirá un periodo de 15 días para que los grupos parlamentarios recauden opiniones. Posteriormente, la Mesa enviará la PL a la comisión competente y abirá el plazo correspondiente de enmiendas, durante el cual no serán admisibles las enmiendas de totalidad de devolución. La proposición seguirá el trámite habitual hasta el debate y la votación final de las enmiendas que se mantengan vivas.