Vox mantiene la ley que prevé 100.000 euros de multa por no usar el castellano aunque la norma incumple el Estatut

Vox ha negado este miércoles que vaya a retirar la proposición de ley balear para la creación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística por “incongruencias jurídicas” y “errores garrafales” técnicos. Este ente, que fue una de las condiciones de los ultraderechistas para investir como presidenta del Govern a Marga Prohens (PP), es una idea del partido liderado por Santiago Abascal para luchar contra lo que la extrema derecha denomina “la imposición del catalán”. Este documento, registrado en el Parlament hace escasos dos meses, contempla multas de hasta 100.000 euros en el caso de las infracciones que el texto considera como más graves.

Sin embargo, en una comparecencia ante los medios de comunicación, Sergio Rodríguez, diputado y portavoz adjunto de Vox en el Parlament, en una declaración insólita, ha reconocido que su partido no descarta presentar enmiendas a su “propio texto”, así como aceptar “las que presenten otros grupos políticos si son para mejorarlo”. Así, el portavoz adjunto de la formación ultraderechista ha incidido en que es habitual “subsanar algún error o modificación que mejore el texto”.

Pese a que Vox no especifica en qué cuestiones han podido cometer algún error, la proposición de ley podría ser contraria al Estatut d’Autonomia, como ha apuntado Última Hora. En su exposición de motivos, la propuesta del partido ultraespañolista indica que “la oficialidad de una lengua regional no deriva en la obligación de su conocimiento por parte de los ciudadanos, obligación que sí que se establece respecto al castellano, que es ‘el idioma conjunto de todos los españoles’, y la ‘lengua oficial común del Estado español’”.

Vox citaba la sentencia 84/1986 que afectaba al Parlamento gallego e impugnaba su ley de normalización lingüística para defender que una cámara autonómica no puede “imponer” el deber de conocimiento “de una lengua regional y cooficial”. Lo que dice el artículo 4 del Estatut d’Autonomia, en su reforma de 2007, es que “las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos de los ciudadanos” del archipiélago balear.

Pese a que Vox lo niega públicamente, la prensa local ha coincidido en apuntar que el partido de extrema derecha iba a derogar la proposición de ley. Por ejemplo, Diario de Mallorca ha recogido que Idoia Ribas, portavoz de Vox en el Parlament y líder de facto de la formación en Balears, llevaría días diciendo que “lo que hay que hacer es retirarla”, en relación a la propuesta de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. Este diario asegura, citando de forma anónima a los diputados de Vox en el Parlament, que la creación de este ente sería una “imposición” de la cúpula de Abascal en Madrid.

Un régimen sancionador polémico

La Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, según la propuesta de Vox, actuará en el ámbito tanto público como privado, desde Govern, Corts y otras instituciones públicas como la Universitat de les Illes Balears hasta las “personas físicas y jurídicas de naturaleza privada”. Dicha norma fija para las infracciones leves multas de hasta 1.000 euros; las graves, hasta los 10.000 euros, y las muy graves hasta los 100.000 euros.

Entre las funciones que entrarían en el ámbito de esta entidad, la proposición de ley marca, por ejemplo, recoger y tramitar las reclamaciones sobre vulneración del derecho a la libertad lingüística, asesorar y formular propuestas y recomendaciones de medidas normativas que se consideren necesarias para garantizar el derecho a la libertad lingüística en el Parlament balear e investigar o inspeccionar posibles casos de “vulneración del derecho a la libertad lingüística” y el cumplimiento de la normativa que lo ampara.

El documento también habla de las infracciones -clasificadas en leves, graves, y muy graves- con las que podrá sancionar la Oficina en caso de incumplimiento de las normas que contempla. Así, en las muy graves entrarían infracciones como “la vulneración del derecho a la libertad lingüística y de la normativa que lo ampara cuando se aprecie mala fe o intencionalidad” o “la remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cuando derive en un perjuicio grave”.

Asimismo, en las infracciones graves se incluyen “el hecho de no responder a las solicitudes o requerimientos efectuados por la Oficina en el ejercicio de sus funciones” o “la vulneración del derecho a la libertad lingüística y de la normativa que lo ampare cuando no tenga la consideración de muy grave”. En cuanto a las leves, se incluye “la remisión de información incompleta o inexacta en los requerimientos de información de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, cuando no derive en un perjuicio para la investigación o el expediente para los cuales se solicita”, entre otros.

Pese a que incluso el PP llegó a afirmar que el régimen sancionador que quiere aplicar Vox está “fuera de lugar”, el partido de Abascal continúa defendiendo su aplicación en la tramitación de la futura norma. “Una ley de este tipo, sin un régimen sancionador, realmente sería un brindis al sol”, ha afirmado Rodríguez, portavoz adjunto de Vox en el Parlament. “Si no existe un régimen sancionador, si simplemente se envía un apercibimiento, al final [la ley] no tiene ninguna consecuencia”, ha insistido Rodríguez.

Fuertes discrepancias entre PP-Vox

Cabe recordar que la proposición de ley de Vox generó fuertes discrepancias con sus socios del PP, que se desmarcaron del contenido del texto formulado por los ultraderechistas. Así, los conservadores aseguraron, tras conocedor su contenido, que se trata de una iniciativa de Vox. Marga Durán, diputada del PP en el Parlament, afirmó que su formación “nunca ha puesto en cuestión” el Estatut d'Autonomia, por lo que “no se aprobará ninguna ley que sea contraria al Estatut” y se “trabajará para reconocer los derechos lingüísticos de todos los baleares”. Prohens, en la misma línea, aseguró que “en ningún caso es una iniciativa que comparta, ni cuyo contenido conociera previamente el Govern”.

Conservadores y ultraderechistas tienen un acuerdo de 110 medidas para dar estabilidad a la legislatura, y que incluye la creación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística. En el punto 58, el acuerdo indica que se eliminará la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos -diseñada para proteger el catalán, lengua propia de Balears- que, en su opinión, ha servido “como instrumento de exclusión del castellano y [para] la imposición lingüística”. El nueve ente, en cambio, trabajará, según PP y Vox, para “defender la libertad de uso y opción lingüística y fomentar la protección tanto del castellano como del catalán y las modalidades lingüísticas de las diferentes islas”.

El catalán, en retroceso

Pese a lo que defienden públicamente PP y Vox -más allá de que ambos partidos no estén en completa sintonía respecto al papel que debe tener el catalán en las instituciones públicas o en la educación-, hay que tener en cuenta que el catalán es una lengua frágil que está en retroceso en el archipiélago balear, aún cuando la legislación la protege. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 94,1% de la población residente habla bien el castellano, porcentaje que desciende al 59,5% en el caso del catalán.

“Durante los últimos años se ha hablado de emergencia lingüística, pero quizás sería mejor decir que la lengua catalana se encuentra en una situación delicada”, señaló a elDiario.es Maria del Mar Vanrell, filóloga y coordinadora del Grupo de Investigación Sociolingüística de Balears (Gresib). Por otro lado, Magdalena Romera, profesora titular de Lengua Española en la Universidad Pública de Navarra, afirmó en conversaciones con este diario que “lo que da prestigio a las lenguas no es solamente la vitalidad lingüística (cuánto se habla), sino que se use en contextos sociales de prestigio”, respecto al contexto sociolingüístico balear y en referencia a la normalización del catalán en la educación y las administraciones públicas.