Piden a CorteIDH medidas de protección ante eventual amnistía en El Salvador

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Tutela Legal María Julia Hernández solicitaron este viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) medidas de protección, ante una eventual ley que brindaría amnistías en El Salvador.

CEJIL explicó que la solicitud de medidas provisionales responde a las condiciones y la celeridad con que se ha dado trámite en la Asamblea Legislativa a la iniciativa de Ley de Reconciliación Nacional (LRN).

Según CEJIL, esta ley pretende “incluir algunas disposiciones contrarias a las obligaciones internacionales asumidas por El Salvador, que pondrían en grave riesgo el derecho al acceso a la justicia de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos”.

“Las consecuencias de este trámite legislativo podrían ser irreversibles para quienes han luchado durante años por la justicia. Además, es un signo claro de desacato a una sentencia internacional. De aprobarse, esta ley tendrá efectos devastadores en los procesos en curso y profundizará la deuda del Estado con las víctimas”, dijo en un comunicado la directora jurídica de CEJIL, Gisela De León.

La Comisión Política del Congreso de El Salvador convocó este viernes a los representantes de las víctimas de violaciones a derechos humanos registradas durante la guerra civil (1980-1992) para escuchar su postura sobre una iniciativa de ley de “reconciliación nacional”.

Esta convocatoria se da después de que este órgano de Estado frenara la noche del jueves la votación de dicha legislación ante el rechazo de casi una veintena de organizaciones sociales, Naciones Unidas y embajadores de la Unión Europea (UE).

El punto más cuestionado de la iniciativa es la imposición de penas excarcelables a quienes sean condenados por crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, y la prohibición de decretar prisión preventiva a los procesados.

Según las organizaciones de derechos humanos, esta propuesta, que inicialmente contaba con el apoyo de cuatro partidos, es una “amnistía encubierta”.

CEJIL señaló este viernes que la solicitud de medidas provisionales se enmarca en el proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia emitida en 2012 por la CorteIDH en el caso de las masacres de El Mozote y lugares aledaños.

En esa sentencia, la Corte determinó la responsabilidad del Estado salvadoreño por los hechos de esta masacre y le ordenó adoptar medidas para que la Ley de Amnistía -vigente hasta esa fecha- dejara de ser un obstáculo para la obtención de justicia de las víctimas del conflicto armado.

La sentencia también ordena a El Salvador llevara a cabo la investigación de los hechos del caso y juzgar y sanción de todos los responsables.

CEJIL aseguró que de aprobarse la polémica ley, se limitaría el acceso a la justicia de las víctimas del conflicto, dejando en manos del Fiscal General la selección de los casos que podrán ser conocidos por los tribunales.

Además, advierte que la iniciativa prevé la suspensión de las penas de prisión para las personas condenadas a menos de 10 años y en el caso de aquellas sentenciadas a más de 10 años, su sustitución por trabajos comunitarios.

El Mozote es uno los procesos penales reabiertos tras una sentencia de 2016 de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General.

Al anular la Ley de Amnistía General, el máximo tribunal ordenó que se “adoptara legislación relativa al acceso a información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, la reparación de las víctimas y la provisión de los recursos necesarios para responder a las necesidades de la verdad y la justicia”, ha explicado CEJIL, de allí la iniciativa que ahora estudia el Congreso.