El amago autoritario de Milei para ejecutar su plan económico ultra hace saltar las alarmas en Argentina

En menos de tres semanas a cargo de la presidencia argentina, el ultraderechista Javier Milei ha ordenado una abrupta devaluación del peso que disparó la inflación al 30% mensual, ha emitido un decreto de “necesidad y urgencia” que anula decenas de leyes y modifica cientos y ha enviado un polémico proyecto de ley con 664 artículos que afectan todos los planos de la vida pública, intenta desactivar el Congreso y somete el derecho a la protesta a la aprobación discrecional del Gobierno.

El proyecto de ley del Ejecutivo declara la “emergencia pública” en el país hasta finales de 2025 –prorrogable por otros dos años–, período en que se delegan al presidente amplias potestades legislativas. Incluye una reforma de la normativa electoral y facultades al Ejecutivo para privatizar decenas de empresas públicas. El rechazo a las profundas reformas y la pretensión de Milei de contar con “superpoderes” para gobernar disparó protestas espontáneas, unas treinta solicitudes judiciales de amparo y la convocatoria a una huelga general en enero.

Como muestra de un avance denunciado como autoritario por la oposición, constitucionalistas y organizaciones sociales, el proyecto de ley titulado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos establece que quienes deseen organizar una reunión de tres o más personas en espacios públicos deberán solicitar autorización al Ministerio de Seguridad, con 48 horas de antelación y provisión de datos personales de los organizadores. El Gobierno podrá denegar el permiso a su libre criterio.

El complemento de una restricción de esas características es que los participantes de protestas que afecten al “normal” funcionamiento del transporte se enfrentarán a penas de hasta tres años y seis meses de cárcel, y sus convocantes, de hasta cinco.

La reforma que propone Milei elimina la punibilidad de la denominada “justicia por mano propia” en caso de robo, incluso en grado de tentativa. Una redacción laxa habilita el “gatillo fácil” prácticamente sin límites por parte de presuntas víctimas y de policías. Llega al extremo de prohibir que familiares de un presunto delincuente asesinado en ocasión de robo, aunque no se haya concretado, o estuviera en situación de huida, o desarmado, emprendan una querella contra quien ejecutó la “legítima defensa”.

Estas medidas, apenas un puñado entre cientos de este tipo, tiran por tierra uno de los argumentos centrales de muchos de quienes votaron al ultraderechista y de los medios de comunicación que lo apoyaron. La tesis era que Milei sostenía posiciones extremistas en su papel de tertuliano televisivo, pero luego, llegado al Gobierno, iba a dejarlas de lado. En algunos aspectos, la ofensiva del mandatario de La Libertad Avanza va más allá de lo que gritaba por televisión.

Ley gigantesca y decreto de urgencia

El correlato del ambicioso plan económico de Milei viene dado por el decreto de “necesidad y urgencia” (DNU) y el proyecto de ley ómnibus que abordan aspectos de la administración del Estado, la salud, la educación, el trabajo, la seguridad, los derechos humanos, la educación y el medio ambiente, entre otros.

La institución de los DNU faculta al Poder Ejecutivo a sancionar normas en circunstancias excepcionales que luego deben ser refrendadas por una mayoría de diputados y senadores. La trampa radica en que el DNU entra a regir cuando es firmado y, si el Congreso no lo trata o solo una de las dos cámaras lo rechaza, queda vigente.

Celeste Fernández, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), puntualiza que todos los expresidentes “abusaron” del recurso del DNU para avanzar en asuntos que hubieran requerido la aprobación del Congreso. Cada uno de ellos emitió decenas a lo largo de sus mandatos. La particularidad de Milei es que un único decreto sustituye o anula centenares de normas, “lo que no tiene precedentes en la historia democrática y es muy grave”, califica Fernández. “Por la decisión de una única persona, modifica, por ejemplo, el Código Civil, que el Congreso debatió dos años en el marco de pluralidad que le es propio”, puntualiza la abogada.

En cuanto al proyecto de ley para la “libertad de los argentinos”, el problema aparece no en el procedimiento, sino en el contenido. “El primer punto a considerar es que pide delegación de facultades del Congreso hasta 2025, prorrogables por decisión del Poder Ejecutivo hasta 2027. El artículo 76 de la Constitución establece que la delegación legislativa está prohibida, salvo en casos de emergencia y cuestiones relativas a la administración. La emergencia debe ser delimitada en un plazo concreto y con bases específicas”, dice Fernández.

La emergencia declarada por Milei alcanza prácticamente todas las áreas de gobierno. “Desnaturaliza el espíritu constitucional. El Congreso debería cerrar por al menos dos años porque no tendría trabajo. Sería escandaloso”, señala Fernández.

El proyecto habilita la financiación privada ilimitada de partidos políticos y “pasa por encima con un camión por el derecho a la reunión establecido en la Constitución”, argumenta la cotitular de ACIJ. “Si el Congreso aprueba algo así, habrá que activar denuncias en organismos internacionales, porque no habrá mucho más que hacer acá adentro”, concluye. 

A su vez, Milei trata de incorporar modalidades y tradiciones totalmente ajenas a la cultura argentina. Habilita la educación en los hogares, sin asistir a la escuela, a partir del cuarto grado de la escuela primaria y se mete con cuestiones de indumentaria, al requerir a jueces que utilicen toga y martillo. Además, el ultraderechista pretende autorizar a las universidades nacionales, que son gratuitas, a que cobren un arancel a extranjeros sin permiso de residencia.

Ni la aprobación del DNU ni la de la gigantesca ley deberían ser factibles. La Libertad Avanza, el partido de Milei, cuenta solo con 39 de 257 diputados y siete de 72 senadores. A ellos se sumarían casi por completo los legisladores que obedecen al expresidente Macri, que suman otro tanto. La tradicional Unión Cívica Radical se divide entre los que apoyan, los que ponen reparos formales pero afirman coincidir con gran parte de lo reglado y quienes se plantan en un lugar opositor. La suerte de estas leyes se definirá entre la UCR —alguna vez progresista— y diputados de partidos provinciales, aunque a Milei le queda el recurso de dilatar su tratamiento bajo diferentes excusas.

Bloqueo judicial

La coincidencia de los juristas es prácticamente unánime en cuanto a que el DNU y varios de los artículos de la ley incumplen la Constitución, por lo que la vía para bloquearlos podrían ser los tribunales federales. El problema radica en que la influencia de Macri y otros funcionarios incorporados al gabinete de Milei es muy alta en los juzgados, lo que favorecería demoras de semanas o meses para una medida cautelar, y de años para una sentencia.

El senador Bartolomé Abdala, presidente provisional de la cámara alta, es una figura clave para la aprobación del DNU y el megaproyecto, en la medida en que el partido gubernamental tiene una marcada minoría. Aunque el avance de Milei que inutilizaría el Congreso genera reparos incluso en el terreno de la derecha, Abdala valora, en diálogo con elDiario.es, la herramienta del DNU “como totalmente legal y constitucional”.

Para el senador, tercero en la sucesión presidencial detrás de Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, el nudo del DNU y de la delegación de facultades legislativas pasa por “la confianza en quien las solicita”. “El presidente ha demostrado ejemplaridad en el cumplimiento de la Constitución. Lo complicado hoy no es una delegación que han pedido otros presidentes en el pasado, sino la pobreza, la informalidad del mercado laboral y la inseguridad”, dice.

Privatizaciones y retiro total del Estado

¿Qué pretende Milei con todas estas medidas? En el plano económico, la liberalización que intenta llevar a cabo es total. Barre con el papel regulador del Estado desde los grandes negocios, como los hidrocarburos, los combustibles, la agricultura y la banca, a los nichos de mercado o industrias estratégicas.

Por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia elimina el límite al cobro de intereses punitorios para las deudas con tarjetas de crédito. En una economía que viene arrastrando una inflación superior al 45% anual desde hace seis años, cercana al 160% en 2023 y proyectada –devaluación mediante– por encima del 300% el año próximo, la deuda de los gastos corrientes es una vía habitual de supervivencia para los hogares más humildes. El Gobierno del peronista Alberto Fernández había estipulado límites estrictos para los intereses punitorios, que dejan de existir.

El plan de privatizaciones del ultra incluye la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, Aguas y Saneamientos, Banco Nación, la empresa nacional de satélites, los puertos, la televisión, la agencia y las radios públicas y las centrales nucleares. Ninguna empresa estatal, según lo establecido, quedará en pie como tal.

Golpe a la cultura

Los proyectos buscan cerrar instituciones públicas con décadas de trayectoria, desde las que funcionan bien hasta las que lo hacen mal. El Gobierno extremista puso en el blanco a la cultura.

Argentina va a la vanguardia mundial de la creación teatral. Hay cientos de teatros en Buenos Aires, tanto públicos como comunitarios y comerciales. La ley para dar “libertad a los argentinos” busca cerrar el Instituto Nacional del Teatro, motor de fomento de la producción. El mismo destino aguarda al Fondo Nacional de las Artes, además del desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y unas 2.000 bibliotecas populares. Las instituciones promotoras de arte, cine y teatro se financian con un gravamen que surge de la propia actividad.

Si se aprueban los proyectos, también se levantaría la obligación del precio único para los libros, con lo que beneficia a las grandes editoriales como Planeta y Random House y a las grandes cadenas de librerías, una de ellas, del Grupo Clarín.

El aluvión de medidas ultraliberales que se propone llevar adelante Milei excede la ambición de antecedentes cercanos, como el del derechista Mauricio Macri (2015-2019) y el del peronista conservador Carlos Menem (1989-1999). El primero naufragó apenas zarpó y el segundo terminó en la mayor crisis de la historia argentina, en 2001. Sin embargo, las huellas precisas del plan de Milei deben buscarse en el programa de la última dictadura militar (1976-1983). Existe mucha similitud retórica entre Milei y sus funcionarios y el primer ministro de Economía de ese régimen, José Alfredo Martínez de Hoz.

Especulación y dogma

Juan Manuel Telechea, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, prevé el riesgo de otro ciclo de especulación e inflación, con grandes empresas que ocupan posiciones oligopólicas prestas a aprovechar el retiro del Estado. Luis Caputo, coincidentemente, ministro de Economía con Milei y de Finanzas con Macri, comenzó su gestión con una de las mayores devaluaciones de la historia, del 54,3%, mientras instrumenta el levantamiento de una porción sustancial de los subsidios al transporte y a los servicios públicos, lo que multiplicará las tarifas en los próximos meses.

“Una devaluación de shock, superior a la esperada, es síntoma de que no consiguieron ningún tipo de financiamiento y optaron por ganar tiempo”, dice Telechea a elDiario.es.

La escalada del dólar multiplicó la inflación mensual por tres y licuó los depósitos bancarios en pesos, con la expectativa del Gobierno de que los precios comenzarán a bajar en marzo.

Consumado el primer golpe devaluatorio, Caputo frenó la depreciación del peso al 2% mensual y comenzó a ofrecer bonos en pesos a tasas mucho mayores. El atractivo generó que la brecha entre el dólar paralelo –el que se consigue en el mercado informal– y el oficial se redujera a menos del 20%.

La situación encuentra un parentesco con la que ocurrió durante el Gobierno de Macri. En 2018, cuando los inversores percibieron que el monto de la deuda y las tasas en pesos resultaban insostenibles, abandonaron sus posiciones e intentaron regresar al dólar, una dinámica que hizo colapsar el plan y derivó en el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional. “La diferencia es que el escenario ahora es diez veces más complicado que ocho años atrás”, cuando asumió el presidente conservador, advierte el economista.

La ausencia de financiación, una caída de la recaudación impositiva por recesión y una “memoria de inflación” tras 15 años de precios a la alza pueden llevar a “un nuevo corrimiento a la demanda de dólares y crecimiento de la brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo”, agrega Telechea. “El dogmatismo monetarista que pone todo el acento en la no emisión de dinero no tiene en cuenta los hábitos, la indexación de contratos, la inercia de precios y el factor cambiario que hacen que la inflación persista”.

Los nombres detrás del plan

El dato sería problemático para Milei, porque un factor central por el que fue votado en la segunda vuelta del 19 de noviembre por el 56% de los argentinos fue la promesa de acabar con la inflación que, en tiempos de campaña, con todas las presiones especulativas a cuestas, se ubicaba en torno al 10%.

Telechea pone el foco en otro dogma arquetípico del paradigma de Milei, vinculado a la desregulación total de la economía. “En todo mercado en el que hay un gran jugador o un grupo de empresas líderes, la no intervención estatal favorece a esas empresas, que aprovechan la situación para subir sus márgenes vía precios”.

A la hora de descubrir nombres, gigantes como Techint (siderurgia, petróleo, construcciones), Werthein (agro, TV de pago, construcciones), IRSA (agro, centros comerciales, propiedades, construcciones), Corporación América (aeropuertos, petróleo), Clarín (medios, telecomunicaciones), Claro, Telefónica (ambos de telecomunicaciones, internet y TV de pago), supermercados como Coto, Carrefour, Jumbo y Disco y alimenticias como Arcor, Blaquier y Molinos sacan cuentas de los beneficios relacionados con la desregulación total en mercados que dominan.

Algunas de ellas, como Techint, Corporación América, IRSA y Werthein, lograron hacer designar ejecutivos de sus filas en funciones estatales clave. Otras celebrarán el retiro del Estado en áreas sensibles como la producción de medicamentos y la industria satelital, o mercados en los que las empresas públicas lideran con alta rentabilidad, como el petróleo y la banca.

Para Telechea, la presencia del dogma reaparece en el plan de flexibilización del mercado laboral llevada al extremo. “Prevén que, al bajar el costo laboral, los empresarios contratarán más empleados. En una economía estancada, con un peso tan importante del mercado interno, ¿quién va a contratar trabajadores?”.

En el renglón de la fe neoliberal debería anotarse la intención de Milei de una reducción paulatina del impuesto a los bienes personales (riqueza) plasmada en la ley enviada al Congreso, con la creencia de que el ahorro de ese dinero por parte de los más ricos se volcará a la inversión.

A la intemperie

El rechazo al proyecto de ley no se ha hecho esperar. Además de librar una cruzada contra los planes de Milei en la Justicia, la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, ha decidido convocar huelga y una movilización al Congreso el próximo 24 de enero, un día antes de la fecha en que el Ejecutivo pretende que se vote en el Parlamento el polémico paquete de reformas.

Buena parte del 44% que no votó a Milei se siente a la intemperie. El peronismo y la izquierda quedaron golpeados por la derrota. Desgastados ante la opinión pública, el expresidente Alberto Fernández, la exvicepresidenta Fernández de Kirchner y el excandidato presidencial Sergio Massa se mantienen ausentes del debate. Del campo peronista de izquierda, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y algunos de sus colegas alzan la voz, como Ricardo Quintela, quien presentó una petición de declaración de inconstitucionalidad del DNU ante la Corte Suprema. Los bloques peronistas y del Senado, por ahora, conservan la unidad y el perfil opositor.

Ello no quiere decir que no haya reacción ni que Milei no haya comenzado a pagar un precio por la deriva de su Gobierno. El costado autoritario y un plan de recortes draconianos han demostrado ser una mala combinación para la gobernabilidad en la historia argentina.

Tres días después de la toma de posesión de Milei en la presidencia, cuando el ministro Caputo anunció la devaluación y los trazos centrales de su programa, se produjo un sonoro cacerolazo y cortes de calle que alcanzaron barrios en los que la derecha suele ganar, y marchas repentinas se multiplicaron por todo el país. Bajo el acoso policial y amenazas de arresto, organizaciones de izquierdas organizaron una primera manifestación el 20 de diciembre.

Mucho más numerosa fue la convocatoria de sindicatos peronistas en los alrededores del Palacio de Justicia de Buenos Aires una semana más tarde, cuando sus líderes presentaron un recurso de amparo contra el DNU. La manifestación, que desbordó las pretensiones de los sindicalistas –que prefieren ir despacio–, terminó con incidentes que parecieron provocados por la Policía.

El jueves, la peronista Confederación General del Trabajo, mayor central sindical, convocó a un paro nacional para el 24 de enero.

La tensión podría estallar pronto. O bien el Gobierno se las ingenia para controlar la inflación y lograr los apoyos de diputados que no estén dispuestos a ir contra la presunta corriente que demanda soluciones drásticas, o la espiral del alza de precios, la abrupta subida del desempleo y el avance autoritario del presidente ultraderechista golpearán la puerta de millones de argentinos que lo votaron.