Amnistía Internacional ve “debilidades” y vacíos en ley de Memoria Histórica

Madrid 15 dic (EFE).- Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno este martes que el anteproyecto de ley de Memoria Histórica se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos y ha lamentado que la iniciativa contenga “debilidades” y vacíos como no suprimir cualquier obstáculo legal para la investigación judicial o no prever indemnizaciones para las víctimas.

La ONG ha elaborado un informe técnico, que ha remitido al Ministerio de Presidencia, en el que señala que el anteproyecto tiene “un amplio margen de mejora” e identifica “preocupaciones” en materia de derechos humanos que pretende trasladar al Gobierno para asegurar una ley “realmente eficaz en la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares”.

Sin embargo, observa “avances relevantes en verdad, justicia y reparación” por la atribución de un papel activo del Estado en la exhumación de fosas y búsqueda de desaparecidos, así como con la creación de una Fiscalía especializada o anular las sentencias injustas dictadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Entre las debilidades del anteproyecto, Amnistía Internacional indica que persistan “los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos” al no estar garantizado el acceso a la justicia para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

La ONG manifiesta que alberga “serias dudas sobre el alcance y competencias que asumirá la nueva Fiscalía en un contexto en el que se cierra la puerta a las investigaciones con argumentos como la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 o la prescripción de los hechos”.

Pide al Gobierno que elabore una ley en la que se identifique claramente “una política de Estado sobre el derecho a la verdad colectiva”, ya que el anteproyecto del 15 de septiembre no indica que dicha verdad deba conocerse “a través de investigaciones judiciales”.

Opina, por ello, que con lo que plantea el actual anteproyecto el Estado no cumpliría con las recomendaciones de Naciones Unidas que instan “a considerar la creación de un mecanismo independiente que permita esclarecer las violaciones de derechos”.

Amnistía Internacional sostiene que el anteproyecto tampoco incluye la indemnización como forma de reparación, un derecho que, recuerda la organización, se vertebra a través de “medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción” y critica que se niegue “cualquier tipo de responsabilidad patrimonial”.

Incide en el informe en que la reparación comprende la indemnización o la restitución, cuestiones que deben “procurar la devolución de bienes en la medida de lo posible o, en su defecto, la reparación integral”.

También manifiesta que le inquietan aspectos del anteproyecto de ley como el desarrollo de exhumaciones al margen de procesos judiciales, la ausencia de un mecanismo que centralice la gestión de las tareas de búsqueda y que dé apoyo a las víctimas.

Asimismo, la ONG expresa que le preocupa la falta de previsión sobre el acceso a archivos privados como los eclesiásticos que son, subraya, “relevantes para el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos”.

Entre otras carencias de la ley que quiere impulsar el Ejecutivo, la organización apunta a la ausencia de planes de formación en memoria democrática para la judicatura, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros funcionarios de la administración.