La Audiencia Nacional investiga al tío de Bachar Al Assad por presunto fraude a Hacienda

Hace ahora cinco años, dos sociedades gibraltareñas vendieron las acciones que tenían en una sociedad marbellí, Marbella El Ancón S.A. A priori, una de las muchas operaciones de este tipo que bordean, cuando no traspasan, los límites de la evasión fiscal. Sin embargo, la Audiencia Nacional ha puesto en su punto de mira esta venta, porque cree que pudo servir a Rifaat Al Assad (exvicepresidente y tío del actual presidente sirio, Bachar Al Assad) y parte de su familia para eludir sus obligaciones fiscales en España. Los investigadores creen que habrían evitado el pago de 7,3 millones al fisco español.

El juez José de la Mata, titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, acaba de abrir pieza separada para investigar la posible comisión de un delito contra la Hacienda Pública. De esta forma, se abre un procedimiento paralelo a la investigación que ha llevado a cabo en los últimos tres años sobre el origen del patrimonio en España de la familia Al Assad. El auto de De la Mata, al que eldiario.es ha tenido acceso, ya ha sido notificado a las partes.

El juez de la Audiencia Nacional dispone de un informe preliminar de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que documenta que dos sociedades pantalla domiciliadas en Gibraltar vendieron a un trust también gibraltareño la propiedad de las acciones de Marbella El Ancón, S.A. El precio rondó los 50 millones de euros, según las investigaciones de la UCO. Aunque El Ancón no tiene actividad económica, es dueña de un edificio de oficinas y un solar en Marbella, de modo que vender las acciones “equivale a la transmisión de sus inmuebles improductivos”.

Basándose en un informe previo de la UCO, el juez señala que “parece razonable atribuir indiciariamente la titularidad real [del trust que adquirió las acciones] al clan Al Assad y concretamente, a Rifaat Al Assad”. Es decir, cree que se vendieron a sí mismos las acciones, sin declararlo a Hacienda. El patriarca sería, según De la Mata, el titular del trust, “a quien en última instancia cabe imputar el beneficio fiscal de la operación”.

La ONIF cree que el objetivo era usar la opacidad fiscal de Gibraltar para ocultar la identidad de los nuevos “dueños reales” mediante el uso de sociedades pantalla, y ocultar posteriormente la venta de los inmuebles de Marbella. De esta forma, se habría evitado el pago de hasta 7,3 millones de euros por el Impuesto de la Renta de No Residentes.

Un “complejísimo entramado societario”

De la Mata recuerda que existe un “complejísimo entramado societario a disposición de la familia Al Assad” que ha servido para ocultar durante años la verdadera titularidad de la “ingente cantidad de propiedades inmobiliarias, así como los negocios explotados por miembros de la familia”, según su investigación.

Estas empresas se alquilaban locales y realizaban negocios entre sí, con el fin, según el juez, de “dificultar la localización de flujos y por tanto favorecer la introducción de dinero negro del exterior, su blanqueo mediante falsos contratos de arrendamiento, pago de hipotecas millonarias, realización de grandes obras en los diferentes edificios y negocios propiedad de la familia y obtención de nuevas ganancias que vuelven a ser desviadas al extranjero”. Además del blanqueo, el juez cree que podrían existir delitos fiscales por no declarar a Hacienda las ganancias de estas operaciones.

Por eso, señala que está investigando otros dos trust titulares de varias cuentas en Gibraltar, y pide investigar “si las operaciones cruzadas son ciertas, si no están falseadas o se han utilizado financiera y mercantilmente para enmascarar o facilitar el blanqueo de capitales”. Por último, pide analizar “las utilidades personales y familiares percibidas por los socios y administradores” del entramado de empresas de la familia.

Una investigación fiscal para evitar “efectos perniciosos”

En el auto, fechado el 4 de febrero pero notificado ahora, el juez justifica abrir una nueva investigación para estudiar los posibles delitos fiscales, evitando acumular este presunto delito a los que investiga en la pieza principal. Se trata de “simplificar y activar” la investigación de presuntos delitos contra el fisco, según De la Mata. El juez quiere evitar “los efectos perniciosos” de los retrasos del procedimiento principal, donde hay que practicar diligencias de prueba complejas, como comisiones rogatorias o investigaciones internacionales sobre el patrimonio de los Al Assad, por ejemplo.

Fuentes conocedoras del procedimiento creen que, al abrir una pieza separada, el juez trata de concretar los delitos presuntamente cometidos por la familia en España, algunos de los cuales podrían seguir cometiéndose. También se blindaría ante posibles prescripciones, dilaciones o falta de pruebas en el proceso principal. “El procedimiento principal cuenta cómo se han hecho ricos, pero con cosas que han sucedido en los ochenta y los noventa. Es una novela. ¿Qué pruebas vas a tener ahora? Los testigos están muertos, gaseados, en la cárcel...”.

Fruto de la investigación principal, el pasado 21 de noviembre el juez pidió juzgar a Rifaat, sus hijos, dos de sus esposas y varias personas de su confianza. De la Mata cree que conforman una organización criminal que blanqueó durante décadas un patrimonio descomunal amasado a base de esquilmar las riquezas de su país y realizar actividades ilícitas: desde el tráfico de drogas a la venta de tesoros nacionales. Rifaat Al Assad se exilió de Siria en los años ochenta, en medio de una tensión creciente con su hermano Hafez, padre del actual presidente.

Según De la Mata, Rifaat y su familia habría blanqueado en inmuebles en la Costa del Sol, singularmente en Marbella, una gran parte de ese dinero. Su patrimonio inmobiliario en España tiene un valor de mercado de unos 695 millones de euros.

De la Mata abre ahora otra línea de investigación, con fuentes de prueba más accesibles. El juez quiere saber si no han declarado a Hacienda, y por qué.