El aumento histórico del salario mínimo anunciado por Petro desata un choque con el máximo tribunal de Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a tocar un nervio sensible en la realidad de un país poco habituado, hasta ahora, a los cambios drásticos en el manejo de su política macroeconómica. Petro anunció en diciembre por decreto un alza del 23,78% del salario mínimo oficial, la subida más alta en este siglo. Los gremios y grandes industriales pusieron el grito en el cielo. Y los centros de pensamiento advirtieron de los potenciales efectos en el costo de vida. A cinco meses y medio del fin de su Gobierno, sin embargo, el primer mandatario de izquierdas se mantuvo firme y subrayó en múltiples declaraciones que se trata, en realidad, de un avance histórico en equidad social.
La nueva tabla salarial supone, quizás, uno de los últimos pulsos del Gobierno en un país polarizado. El Consejo de Estado, máxima instancia judicial, suspendió el pasado 12 de febrero de forma provisional el decreto del salario mínimo de Petro por falta de base económica y jurídica clara. El presidente ha utilizado la decisión judicial para convocar protestas masivas el 19 de febrero en las plazas del país.
“Ni un peso atrás”, arengó el presidente a los manifestantes que llenaron la Plaza de Bolívar en Bogotá, el corazón político del país. Acto seguido, el mandatario anunció que había firmado un nuevo decreto respaldado esta vez en los estudios técnicos ordenados por el tribunal y manteniendo el incremento inicial.
La oposición ha leído en su maniobra un nítido contraataque electoral. Una táctica para unir a sus bases de cara a las legislativas del 8 de marzo. Y, en especial, la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. “Es salario vital si alcanza para llevar la canasta mínima vital al hogar del trabajador promedio, calculada en 2.155.000 mensuales (unos 470 euros) según los estudios técnicos que consideran una canasta familiar básica de 3 millones (unos 650 euros) para cuatro personas”, enfatizó el líder progresista.
En las semanas previas había subrayado que su decisión forma parte de un “pacto social de la vida y la paz” frente al “gran capital”. La dura pelea que esconde el alza del 23,78%, sin embargo, encierra más de un punto ciego dentro de un frágil mercado laboral: “El nivel del aumento es atípico, incluso en un plano regional porque es de 4,5 veces el promedio de inflación esperada para 2026 que se ubica en el 6%”, explica el doctor en Economía por la Universidad del Rosario Andrés García.
En la mesa tripartita que pacta el ajuste todos los años, los sindicatos habían propuesto un aumento del 16% mientras que los empresarios plantearon un 7,21%. No hubo acuerdo. Y el Gobierno se ha escudado en un estudio con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para avanzar hacia un “salario mínimo vital” que cubra una serie de gastos básicos de alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y salud.
El problema es que en Colombia solo el 10,12% del total de ocupados (alrededor de 2,4 millones de personas) gana un salario mínimo. Y el dato más alarmante es que el 48,9% —casi la mitad de la fuerza laboral— percibe ingresos inferiores. A saber: 11,3 millones de ciudadanos atrapados en el círculo vicioso del empleo informal, o “rebusque”, como se conoce en el país.
Esta población, desprotegida y sin seguro de paro, plantea los mayores interrogantes de fondo: “La cifra actual de desempleo es muy buena para Colombia y, sin embargo, dobla el promedio de América Latina. La gran pregunta es cómo podríamos incluir a los trabajadores informales en el contrato social. Las normas de la OIT no aplican para ellos y tienen menos derechos laborales. No aportan, además, al sistema de salud y pensiones”, detalla el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana Mauricio Salazar.
La tasa de desocupación cerró 2025 en un histórico 8,9%. El indicador más bajo en dos décadas. Pero la aguja de la mencionada informalidad apenas se ha movido. El mercado laboral patina desde hace décadas en un terreno desventajoso, sumergido y minado de carencias. El economista Hernando Gómez Buendía concluye en su libro Colombia después de Petro que ni el modelo económico conservador predominante en las últimas décadas ni las modificaciones del actual Gobierno de izquierdas han logrado impulsar una economía con empleos productivos y de calidad en forma masiva.
Un problema estructural
Se trata de un debate que despierta intensas polémicas. De todas formas, y pese al descontento inicial, esta semana los empresarios firmaron el nuevo decreto. Para ellos lo más sensato es mantener el alza inalterada. Una de las razones es que en Colombia el precio de los arriendos, de los programas de vivienda pública, los aportes a la seguridad social o el transporte, entre otros, se ajusta cada año al ritmo del salario mínimo. Y con febrero ya avanzado, muchos consideran que volver a reacomodar sus proyecciones solo generaría más desorden y desconfianza en el mercado.
Ahora el Consejo de Estado tendrá que resolver si el Gobierno corrigió las deficiencias del decreto anterior. Para formarse una idea, el sueldo base en Colombia está, con el incremento del 23,7%, en algo más de 2 millones de pesos (unos 450 euros), con un auxilio de transporte incluido. La Administración de Gustavo Petro lo ha justificado en un cálculo que prevé que una familia de tres a cuatro personas necesita 1,8 millones de ingresos básicos para cubrir sus costos esenciales.
Por eso, otro de los temas que ha irrumpido en el debate es cuál sería la remuneración vital que garantizaría una vida digna en el país sudamericano. Una pregunta que los técnicos del Ministerio de Hacienda habían tasado siempre con fórmulas y modelos que se apoyaban en la productividad, el crecimiento y la inflación. Pero Gustavo Petro ha dudado dos veces. Y ha privilegiado un estudio sobre el terreno ¿Los montos que venían funcionando alcanzaban de veras para cubrir la cantidad de calorías diarias necesarias? ¿O pagar la factura de los servicios?. “O, sí, por el contrario, podría reproducir condiciones de esclavismo en la medida que las personas trabajan por una remuneración muy baja. Es una preocupación política y económica legítima”, reflexiona Mauricio Salazar.
No es menos cierto que el grueso de los economistas en Colombia asumen como verdad casi incontestable que un alza tan pronunciada tendrá un efecto negativo sobre el empleo. O la inflación, que repuntó en febrero al 5,31% y se aleja de la meta fijada por el Banco de la República en 3%.
Juliana Morad, especialista en derecho laboral, destaca: “Hay críticas porque el salario mínimo, que antes representaba un 40 o 50% del salario medio, ahora se acerca al 70 u 80%. Es decir, quedan muy próximos y puede empezar a funcionar como un tope”. Y Andrés García añade: “Es una política que podría ser restrictiva porque va dirigida a un grupo muy pequeño de trabajadores formales en una economía bastante sumergida”.
Lo único claro hoy es que el terreno y la hondura del debate han cambiado. La economista Marta Juanita Villaveces, ex viceministra técnica del Ministerio de Hacienda en este Gobierno, abre más preguntas. A su juicio, un incremento importante es, en principio, una señal positiva para los trabajadores. Sin embargo, advierte que Gustavo Petro deja por fuera matices importantes: “Solo mira un pedacito de Colombia, un país tremendamente diverso con mercados laborales distintos entre ciudades, campo y regiones. No es lo mismo hablar de un trabajador urbano que de uno rural: por eso la carga de la medida afecta de manera distinta”.
Esa es una de las razones por las cuales el empresariado ha lanzado una voz de alerta. El 98% del tejido productivo colombiano está formado por micro y pequeñas empresas de una a tres personas. Un enjambre de papelerías de barrio, puestos de comida callejera, talleres mecánicos o peluquerías. En ese orden de ideas, Villaveces recuerda que no son los “ricos” a los que el discurso presidencial suele señalar quienes tendrán que sortear el alza, sino los supervivientes de una economía fracturada. Por eso, advierte que las soluciones actuales son solo un “parche” para un sistema que deambula desde hace medio siglo sin reformas estructurales. Y lastrado por la informalidad crónica.