Iván Cepeda, senador colombiano: “El discurso del Gobierno pretende convertir a manifestantes en terroristas”

“No somos ni de derechas ni de izquierdas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba”, dice un graffiti en las calles de Bogotá. Una frase que, para muchos, sintetiza el clima de las protestas que llevan diez días reclamando cambios en la economía, la reforma de la policía y el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP. Organizaciones no gubernamentales, mandatarios y organismos internacionales se han manifestado estos días pidiendo el cese de la represión de las movilizaciones, que ya han dejado al menos 24 muertos, miles de heridos, casos de violencia sexual y desaparecidos.

Para entender qué hay detrás de las protestas, elDiario.es ha hablado con el senador Iván Cepeda, referente en la defensa de la paz y los derechos humanos en el país. Cepeda es co-presidente de la Comisión de Paz del Senado colombiano, facilitador de las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC y fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, una de las organizaciones de víctimas más influyentes del país sudamericano. 

El pueblo colombiano lleva movilizándose diez días consecutivos. El detonante de estas protestas fue una nueva reforma tributaria. ¿Por qué desató tanta polémica?

Fue una sumatoria de factores. Todo empieza en el 2019 cuando se aprobó una reforma tributaria muy regresiva que creaba importantes exenciones a los grandes capitales y cargaba de impuestos a las capas medias y sectores vulnerables. Esto despertó indignación y hubo fuertes movilizaciones en contra de la asfixia que suponía la reforma, pero también porque, no solo la población tenía que hacerse cargo de los impuestos sino que además ese dinero terminaría yendo a la corrupción, al ámbito financiero y a pagar la deuda externa. 

Para aplacar las protestas de 2019, el presidente Duque llamó a una “conversación nacional”, que en realidad era una estrategia para dividir y apaciguar la movilización. En ese momento llegó la pandemia, todo el mundo se confinó y vino el descalabro económico: desempleo del 15%, destrucción de la economía informal, más de un 40% de la población en la pobreza y el cierre de pequeñas empresas. A esto se suma la lenta vacunación, la profundización de la desigualdad durante la pandemia, y que el Gobierno, siguiendo al ex-presidente Uribe, del Partido Centro Democrático, de extrema derecha, que es el partido del Gobierno, ha decidido atacar el Acuerdo de Paz, lo que aumentado la violencia en muchas zonas rurales. 

Esa sumatoria de problemas hizo que, cuando se presentó la nueva reforma tributaria que es todavía más regresiva, porque ataca la economía básica de los hogares —que son los alimentos—  y les pone un impuesto de valor agregado a la papa, a la carne, a los huevos, a la leche, esto detona la indignación de la ciudadanía y por eso, desde el 28 de abril hasta ahora, cada vez las movilizaciones son más grandes.

¿Cómo ha reaccionado el presidente Iván Duque ante la movilización ciudadana?

El Gobierno creyó que lo iba a resolver con los mismos métodos de siempre, profundizando la represión violenta, un modelo que se ha ido extendiendo por la región latinoamericana y que considera las protestas como actos terroristas urbanos o como actos vandálicos. Entonces, la violencia que han desatado algunos sectores de la delincuencia común y la propia violencia que puede ser inducida por las fuerzas policiales encubiertas, se intenta homologar a la movilización ciudadana, lo cual es una fórmula terrible, es echarle gasolina al fuego. La gente no está para soluciones tibias, cuando alguien sale a la calle, en medio del tercer pico de la pandemia, y se moviliza en grandes aglomeraciones públicas es porque está desesperado, es decir, porque la indignación es tal, que ni siquiera la pandemia lo frena. 

Ni siquiera la retirada de la reforma tributaria ni la renuncia del Ministro de Hacienda, cerebro de la reforma, fueron suficientes. ¿Qué está pidiendo la población?

El retiro de la reforma no resuelve el problema, porque retirarla es no seguir asfixiando, pero lo que la gente quiere es una renta básica, quiere tener un ingreso. Ya no basta con que no la sigan estrangulando con impuestos, necesita que haya algún tipo de solución y eso es lo que el Gobierno no está ofreciendo. Ahora ha propuesto un nuevo diálogo. El temor que tenemos es que sea lo mismo de antes, una nueva sentada para hablar eternamente y por separado de asuntos que no van a tener una repercusión en medidas concretas mientras se prepara el nuevo proyecto de reforma tributaria y mientras la policía sigue atacando a los jóvenes en las calles. 

Uno de los reclamos de las manifestaciones tiene que ver con reformar la policía y desmantelar el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia (ESMAD), que ha dejado hasta ahora, al menos 24 muertos, miles de heridos y otros abusos. ¿Por qué se da este nivel de represión?

El problema es que, a diferencia de otros comportamientos policiales que son violentos y brutales, en Colombia, por efectos del conflicto armado, desde hace décadas la policía no es un cuerpo de seguridad cívica sino que es un cuerpo militarizado. Participa en operaciones bélicas y ha participado en lo que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico. Entonces, la policía emplea métodos que a veces traslada de la confrontación armada al control de la protesta pública y estos son hechos muy graves. 

Existen registros de cómo hombres, aparentemente civiles, dispararon a algunos manifestantes durante las protestas, ¿quién está detrás de estos sucesos?

En algunos casos se ha visto que fue la misma policía vestida de civil la que cometió acciones vandálicas e ilegales. Pero también, algunos pueden ser civiles, armados por la propia policía; lo que supone volver a lo que en Colombia se ha conocido como el paramilitarismo, que se dio desde la década del 90 hasta principios de este siglo impulsado por el expresidente Álvaro Uribe. Él implementó un modelo de seguridad que consistía en que los ciudadanos podían crear cooperativas de seguridad a las que se les otorgó licencia para portar armas. Esto dio lugar a la conformación de un ejército paramilitar que fue el responsable de asolar regiones enteras. 

¿Lo que estamos viendo en Colombia apunta a una vuelta de este tipo violencia?

El temor es que con el pretexto de que las movilizaciones están salidas de madre y que hay actos de vandalismo, se proceda a armar a los civiles nuevamente. Esto lo hemos estado viendo en algunas partes de Colombia. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, aparecieron unos señores descendiendo de un camión que era de la policía y empezaron a  disparar contra unos manifestantes. Comienzan a verse este tipo de situaciones, por lo que en relación a  este tema, cualquier precaución y denuncia es poca.

Otro de los descontentos que se expresan en las protestas tiene que ver con el incumplimiento del presidente de los Acuerdos de Paz firmados con las FARC-EP. ¿Qué fundamenta esta perspectiva?

El Gobierno tiene un doble discurso, fuera del país dice que quiere implementar el Acuerdo, ¿pero qué está haciendo? Por ejemplo, en estos días, la Canciller dijo que el hecho de que existan grupos disidentes de las FARC, es culpa de los excombatientes de esta guerrilla. Lo cual es un abierto desafío a la legalidad del proceso. Si a los que están ahora desarmados se les acusa de que haya otros que se están armando, se les convierte en un blanco de agresión. En este momento, hay 270 firmantes de paz que han sido asesinados y un número muy alto de familiares de ex guerrilleros asesinados. Hay también un ataque continuo contra la instancia de justicia que creó el Acuerdo: la Jurisdicción Especial para la Paz y tampoco se ha implementado la reforma agraria. 

¿Qué nivel de responsabilidad tiene el Gobierno en los asesinatos de los ex combatientes de las FARC y familiares?

Nadie dice: “los está matando el Gobierno”, pero discursos como el de la Canciller sí estimulan la situación de altísimo riesgo para estas personas. Hace unos días el Insituto Kroc de la Universidad de Notre Dame - una de las instancias de la sociedad civil, aprobadas en el Acuerdo de Paz para verificar su implementación -, concluyó que, el 27% de las disposiciones del Acuerdo se han implementado y que solo el 4% se ha implementado bajo este Gobierno, lo cual demuestra el nivel de compromiso que tiene el Gobierno con el Acuerdo de Paz. 

La consecuencia más grave de todo es que, en las zonas donde estaban las FARC y donde se había logrado disminuir la violencia por efecto del Acuerdo, como el Estado no ha hecho presencia, ha permitido que esas áreas se vayan llenando de grupos disidentes, narcotraficantes y otros grupos ilegales, por lo que la violencia ha aumentado. Si bien no tiene la misma fuerza, pues ciertamente el Acuerdo ha tenido un efecto muy importante, sí se están volviendo a ver fenómenos violentos, como el desplazamiento forzado, las masacres, el reclutamiento de menores de edad y la instalación de minas antipersona. 

Las comunidades indígenas están fuertemente presentes en las movilizaciones, ¿tiene que ver con el aumento de la violencia en las zonas rurales que menciona?

Exactamente. Estas comunidades son las principales víctimas, son las que están en los territorios que tienen mayor riqueza petrolera, por ejemplo, o donde se cultiva la hoja de coca. Muchas de esas comunidades quieren salir de la economía del narcotráfico, sustituyendo cultivos de coca por cultivos agrícolas; pero como el Gobierno no apoya esta sustitución y cree que la solución es fumigar los cultivos de coca con glifosato - un herbicida- , eso les genera a las comunidades indígenas una situación insoportable. Están entre medias de los grupos de narcotraficantes y las fuerzas militares y policiales que muchas veces actúan en connivencia con esas organizaciones. Esa situación sumada a que no se han cumplido las disposiciones del Acuerdo para con ellos, ha conllevado a una movilización permanente, conocida como La Minga.

¿Cuál es el perfil de las personas que se están manifestando?

Son indígenas, transportistas, maestros y maestras de la educación escolar y preescolar, jueces y sobre todo los jóvenes de las barriadas populares. Estos jóvenes de bajos recursos son el alma de estas protestas. Ellos son los que están soportando el peso más grave de esta crisis, los que se enfrentan a una situación de no futuro. En las barriadas populares no hay opción: o te dedicas a la delincuencia o al microtráfico para sobrevivir. Los pocos que llegan a la universidad también tienen que trabajar en situaciones muy difíciles. Ellos están teniendo un rol protagónico y son los que además están poniendo los muertos. Convertir a los jóvenes en terroristas urbanos como el discurso oficial pretende, es seguir ahondando en el problema y no buscar una solución a esta crisis social tan profunda.