¿Los mensajes de móvil de un gobernante son documentos públicos? La Defensora del Pueblo Europeo cree que sí pueden serlo

¿Los SMS de la presidenta de la Comisión Europea son privados y puede borrarlos? ¿Todos? ¿También los que tienen que ver con la negociación de un contrato millonario entre Ursula von der Leyen y la farmacéutica Pfizer en plena pandemia del coronavirus? ¿Por qué sí los SMS o los WhatsApp o los Telegram o los Signal pero no los correos electrónicos o las cartas postales en pleno 2022?

Según el Ejecutivo comunitario, en respuesta a una petición periodística formal por la vía de transparencia, son privados y no hay obligación de registrarlos. Según una investigación de la Defensora del Pueblo europeo, Emily O’Reilly, conocida este viernes, pueden ser considerados “documentos públicos”, por lo que pide una actualización de las reglas comunitarias.

El caso nace en abril de 2021, cuando The New York Times publicó un artículo en el que informaba de que la presidenta de la Comisión Europea y el director ejecutivo (CEO) de Pfizer habían intercambiado mensajes de texto y llamadas relacionadas con la compra de vacunas contra la COVID-19, y que “esa diplomacia personal [había] jugado un papel importante en el acuerdo, que se concretará [esa] semana, en el que la [UE] se garantizará 1.800 millones de dosis (...)”. El 4 de mayo de 2021, el periodista alemán Alexander Fanta, de netzpolitik.org, solicitó a la Comisión Europea el acceso público a “mensajes de texto y otros documentos relacionados con el intercambio entre [la presidenta de la Comisión] y [el CEO]” de Pfizer.

A raíz de aquella petición, la Comisión identificó tres documentos en respuesta a la solicitud del denunciante: un correo electrónico, una carta y un comunicado de prensa. El 28 de mayo de 2021, el denunciante solicitó a la Comisión que revisara su decisión (presentando una “solicitud confirmatoria”) porque la Comisión no había identificado ningún mensaje de texto. Y unas semanas después, en julio, el Ejecutivo comunitario dijo que había realizado una búsqueda exhaustiva y confirmó que no tenía ningún documento adicional que corresponda con la solicitud de acceso del denunciante, quien se dirigió al Defensor del Pueblo.

Críticas de la Defensora del Pueblo

¿Y qué ha respondido la Defensora del Pueblo Europeo? Pues Emily O’Reilly ha respondido este viernes, después de una investigación, con críticas a cómo ha gestionado la Comisión Europea la solicitud de acceso público a mensajes de texto entre su presidenta y el director general de Pfizer.

Entre otros asuntos, la Defensora del Pueblo lamenta que la Comisión Europea dijera que no se había llevado ningún registro de los mensajes de texto, relacionados con la compra de vacunas contra la COVID-19. Y, al mismo tiempo, critica que la Comisión Europea ni siquiera pidiera explícitamente al gabinete de Von der Leyen que buscara los mensajes de texto. En cambio, sí que se pidió a su gabinete que buscara documentos que cumplieran con los criterios internos de registro de la Comisión. Es, decir, que no se considera que los mensajes de texto del teléfono de la presidenta de la Comisión Europea con el CEO de Pfizer para negociar un contrato millonario cumplan con estos criterios.

Para O’Reilly es un ejemplo de mala administración: “Los límites con que se trató esta solicitud de acceso público evidencian que no se intentó identificar si existía algún mensaje de texto, lo cual no cumple con las expectativas razonables de transparencia y estándares administrativos en la Comisión Europea. No es necesario guardar y registrar todos los mensajes de texto, pero están claramente están sujetos a la ley de transparencia europea y, por lo tanto, los mensajes de texto relevantes deben registrarse. No es creíble afirmar lo contrario”.

La Defensora del Pueblo insiste: “Cuando se trata del derecho de acceso público a los documentos de la UE, lo que importa es el contenido del documento y no el dispositivo o la forma. Si los mensajes de texto se refieren a políticas y decisiones de la UE, deben tratarse como documentos de la UE. La administración comunitaria necesita actualizar sus prácticas de registro de documentos para reflejar esta realidad”.

Y añade O’Reilly: “El acceso a los documentos de la UE es un derecho fundamental. Si bien es un tema complejo por muchas razones, las prácticas administrativas de la UE deberían evolucionar de acuerdo con los tiempos en que vivimos y los métodos que utilizamos para comunicarnos.

Así, la Defensora del Pueblo ha solicitado a la Comisión Europea que pidiera al gabinete de la presidenta Von der Leyen buscar de nuevo los mensajes de texto pertinentes. Si se identifica algún mensaje de texto, la Comisión Europea debe evaluar si cumple con los criterios, según la ley de acceso a los documentos de la UE, para ser publicado.

Ahora, el Ejecutivo comunitario dispone de 90 días para contestar la petición de O’Reilly, como ha recordado el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, este viernes.