La filtración de una conversación entre Lula y Rousseff subleva a Brasil
La aparición de unas grabaciones telefónicas entre Lula da Silva y Dilma Rousseff son el nuevo detonante que podría acabar con el Gobierno brasileño. La divulgación de los audios, incluidos en la investigación del caso Petrobras, sugiere que el nombramiento del expresidente como ministro podría ser una estrategia para evadir responsabilidades por el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
Tan pronto como las escuchas salieron a la luz, el Partido Republicano anunció su retirada de la coalición del gobierno. A su vez, la Cámara baja adelantó que mañana retomará los trámites para un juicio político contra Rousseff, la oposición exigió a gritos su renuncia y en las calles cientos de personas se manifestaron reivindicando la detención de Lula.
El juez Sergio Moro, conocido rival de Rousseff, levantó el secreto de las escuchas en las líneas telefónicas de Lula después de su nombramiento como titular del influyente Ministerio de la Presidencia. La conversación, según diferentes analistas, muestra la preocupación de ambos dirigentes por la posibilidad de que algún juez ordenara la detención preventiva de Lula antes de ser investido como ministro. Sin embargo, después de que las grabaciones saliesen a la luz, el Gobierno ha anunciado que el expresidente asumirá el cargo mañana, lo que le permitirá contar con un fuero privilegiado y ser juzgado únicamente por la Corte Suprema.
En la conversación más polémica de todas, Rousseff le dice a Lula -investigado por sospechas de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos- que le envía un escrito que acredita su nombramiento para que lo use “en caso de necesidad”.
“Tenemos una Corte Suprema totalmente acobardada, un Tribunal Superior de Justicia totalmente acobardado, un presidente de la Cámara de Diputados jodido, un presidente del Senado jodido y no sé cuántos parlamentarios amenazados”, asegura Lula en otra de las intervenciones sobre su arresto. En 4 de marzo, Da Silva fue detenido por la policía en Sao Paulo y llevado a la fuerza a una comisaria para declarar junto a su mujer, Marisa Leticia, y su hijo mayor, Fàbio Luiz. En su versión de los hechos, Lula contó emocionado que se había sentido “secuestrado” y que el interrogatorio del juez Moro había sido una táctica intimidatoria, ya que él mismo se había ofrecido voluntario para testificar sobre el caso.
En otro audio, el expresidente le pide a un ministro que convenza a Rousseff de hablar con una magistrada de la Corte Suprema para que falle a favor de una petición presentada por sus abogados.
La Cámara de Diputados actúa
Marcos Pereira, presidente del Partido Republicano Brasileño (PRB), ha sido el primero en anunciar que su formación abandonará el Gobierno y entregará el cargo que ocupa el diputado George Hilton como ministro de Deportes.
“El país ha perdido el norte”, alegó Pereira, cuyo partido cuenta con 21 de los 513 diputados y solo uno de los 81 senadores. Los números del PRB no son muy significativos, pero cruciales para el Gobierno, ya que la Cámara baja tiene intención retomar los trámites para un posible juicio que acabe con el liderazgo de Rousseff. Este proceso, iniciado el diciembre pasado, estaba a la espera de la confirmación del Tribunal Federal de Brasil.
Aclaradas las dudas, la dirección de la Cámara de Diputados anunció que retomará mañana mismo las acciones legales. Poco después, los diputados de los partidos de oposición interrumpieron en una sesión del pleno de la Cámara baja al grito de “renuncia” e iniciaron una serie de discursos para denunciar la grave situación del país.
Las protestas estallan en Brasil
En la noche del miércoles, cientos de miles de brasileños se congregaron en Sao Paulo, Brasilia, Belo Horizonte y otras grandes ciudades para exigir la renuncia de Rousseff y la detención de Lula. La policía reaccionó con gases lacrimógenos y vengalas explosivas contra los 5.000 manifestantes que rodearon el palacio presidencial y el edificio del Congreso en Brasilia. En el centro de Sao Paulo, una multitud detractora tomó la principal avenida de Paulista a golpe de cacerolazos, cánticos y bocinazos en señal de protesta al Ejecutivo.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, sostuvo en una rueda de prensa que la única intención del juez Sergio Moro era generar “convulsión social”, ya que había autorizado la divulgación de las escuchas cuando el proceso ya no es de su competencia.
Como el cargo de ministro le otorga a Lula la condición de aforado privilegiado, Moro tendrá que trasladar todo el proceso contra el expresidente al Tribunal Supremo Federal, la máxima corte del país y en la que, según los analistas, la toma de decisiones es más lenta.
En una rueda de prensa convocada para defender el nombramiento, Dilma Rousseff negó que su decisión busque blindar judicialmente a Lula y aseguró que las investigaciones seguirán su curso, pero en otra instancia.
