Los abogados de Trump en el 'impeachment' alegan que es una víctima de la “cultura de la cancelación”

Encendida, aunque breve, fue la exposición de los argumentos de la defensa de Donald Trump. Sus abogados concluyeron que el segundo impeachment del expresidente fue una “caza de brujas por motivos políticos”. Advirtieron que cualquier sentencia del Senado que no equivalga una rápida absolución de su defendido confirmaría que los demócratas desean una “cultura de cancelación constitucional.”

Confiados en que cuentan con el voto de suficientes senadores republicanos como para que el expresidente no sea condenado, los abogados de Trump hicieron una defensa profundamente partidista que intentó equiparar el discurso incendiario del expresidente el 6 de enero -ante una multitud enfurecida de leales partidarios- con la propia retórica política de los demócratas.

Una vez que creyeron haber establecido analíticamente el vínculo entre el estilo grandilocuente de Trump y los hechos que siguieron a su arenga del 6 de enero, los abogados procedieron a caracterizar al ex mandatario como el “presidente más pro-policía y anti-mafia que este país haya visto jamás”. A pesar de las pruebas en su contra, argumentaron que Trump nunca toleró la violencia y que pidió repetidamente la paz a medida que se desarrollaba la insurrección en el Capitolio.

Michael van der Veen, uno de los abogados de Trump, argumentó que sus comentarios incendiarios del 6 de enero no fueron diferentes del lenguaje que los funcionarios y dirigentes usan con frecuencia en la política estadounidense de hoy. Trump exhortó a sus seguidores a “luchar con uñas y dientes” durante un mitin justo antes de que los partidarios marcharan por la avenida Pennsylvania en Washington y atacaran el Capitolio de Estados Unidos.

“Ninguna persona pensante podría creer seriamente que el discurso del presidente del 6 de enero en la Elipse (el parque presidencial al sur de la Casa Blanca) fue, de alguna manera, una incitación a la violencia o la insurrección”, dijo Van der Veen.

También se apartó de los acontecimientos del 6 de enero y se centró en varias situaciones y circunstancias del año pasado  y valiéndose de estos ejemplos acusó a los demócratas de utilizar un lenguaje similar y de no haber hecho, oportunamente, lo suficiente para condenar a manifestantes violentos

“Este esfuerzo sin precedentes no se trata de que los demócratas se opongan a la violencia política. Se trata de que los demócratas intentan descalificar a su oposición política. Es una cultura de la cancelación constitucional”, dijo. “La historia registrará este vergonzoso esfuerzo como un intento deliberado del Partido Demócrata para difamar, censurar y cancelar no solo al presidente Trump, sino a los 75 millones de estadounidenses que votaron por él”.

En un momento dado, los abogados de Trump exhibieron un extenso montaje de figuras políticas demócratas usando la palabra “luchar”. Lo hicieron con el propósito de fundamentar el argumento de que los demócratas estaban siendo hipócritas por acusar a Trump. 

Sin embargo, los demócratas han dicho que Trump no fue acusado simplemente por decir la palabra “luchar”, sino también porque el exmandatario invitó a sus seguidores al mitin de Washington el día en que el colegio electoral estaba reunido en el Congreso contando los sufragios y, después de años de incitar a la violencia, les dijo a sus partidarios que “lucharan” y que se dirigieran al Capitolio.

Esta defensa veloz y breve tuvo lugar después de que los nueve “gerentes del impeachment” designados por la Cámara de Representantes, que actuaron como fiscales, pasaran dos días construyendo metódicamente la acusación contra el expresidente y volvieran a exponer la insurrección en el Capitolio mostrando las imágenes desgarradoras filmadas en un nuevo video. En su presentación acusatoria, argumentaron que el motín fue la culminación de la campaña que Trump llevó a cabo durante meses para revertir su derrota electoral.

Los acusadores alegaron que el discurso incendiario a sus partidarios del 6 de enero, cuando los exhortó a “luchar con uñas y dientes ”, apenas si daba cuenta de la extensión de su culpabilidad, pero significó su último posicionamiento en un intento desesperado por aferrarse al poder.

Fue crucial, sostuvieron los acusadores, que Trump traicionara su juramento presidencial al no intervenir ni una sola vez para frenar el asalto al Congreso, donde tanto la Cámara de Representantes como el Senado estaban sesionando, y que su “falta de remordimiento” ante las consecuencias mortales provocadas por ese asalto del 6 de enero constituía una prueba inequívoca de que sigue siendo una clara amenaza para la democracia estadounidense.

En una refutación anticipatoria de algunos de los argumentos presentados por el equipo de Trump, los fiscales demócratas reprodujeron las imágenes de numerosos videos que mostraban a los insurrectos gritando a la policía que habían sido invitados allí por Trump. También hicieron referencia a varios documentos legales que probaban que los alborotadores acusados de delitos penales habían dicho que ellos actuaron a pedido de Trump.  

“El presidente Trump no fue acusado porque usó palabras que la Cámara decidió que están prohibidas o que son impopulares. Fue acusado de incitar a la violencia armada contra el gobierno de los EEUU de América”, dijo a principios de esta semana David Cicilline, del equipo de acusadores demócratas en el impeachment que comenzó su curso el 9 de este mes de febrero en la Cámara de Representantes. 

Jamie Raskin, el principal fiscal demócrata de la Cámara de Representantes, abordó la afirmación esgrimida por la defensa a principios de la semana de que las declaraciones de Trump estaban protegidas por la Primera Enmienda y dijo que tal aseveración era “absurda”. Si bien un ciudadano privado puede instar al derrocamiento del gobierno, dijo Raskin, el presidente de EEUU, que jura defender a la nación contra todos los enemigos, no puede hacer lo mismo.

“Si tú eres presidente de los EEUU, tú has elegido un compromiso con tu juramento en el cargo”, dijo Raskin, profesor de Derecho Constitucional desde hace largo tiempo, a principios de esta semana. “Y si el presidente lo rompe, podemos acusarlo, condenarlo, destituirlo y descalificarlo permanentemente para ocupar cualquier cargo de honor, confianza o lucro en los EEUU.”

Los abogados de Trump intentaron desmarcar la responsabilidad del expresidente de la de las personas que tomaron por asalto el Capitolio. También enfatizaron que el discurso pronunciado por Trump en el mitin de ese día 6 de enero estaba protegido por la Primera Enmienda.  

A la vez, buscaron reformular como benigno el comentario de Trump de que había habido “gente muy buena en ambos lados”  refiriéndose al mitin neonazi que tuvo lugar en Charlottesville, en el estado de Virginia, en 2017 y que fue resistido por los contramanifestantes, así como también una llamada telefónica del exmandatario realizada en diciembre de 2020, en la que imploró al Secretario de Estado de Georgia que “encontrara” suficientes votos con la expresa finalidad de anular la victoria obtenida por Biden en ese estado.

Diecisiete senadores republicanos tendrían que unir su voto al de todos los demócratas para encontrar culpable a Trump. La condena le permitiría al Senado votar la proscripción de Trump, que quedaría descalificado para ocupar cualquier cargo de honor, confianza o lucro en EEUU en el futuro.

Los abogados de Trump utilizaron en sus alegatos menos de tres del total de las 16 horas asignadas por ley. Al considerar el juicio como una pérdida ilegítima del tiempo del Senado, Castor instó a los miembros a que utilizaran la ocasión para aprobar medidas de alivio respecto del Coronavirus.

El equipo legal del acusado sostuvo que el juicio era inconstitucional porque Trump ya no estaba en el cargo, a pesar de que la mayoría de los senadores, incluidos seis republicanos, rechazaron el martes ese argumento después de escuchar horas de debate sobre el tema.

Bruce Castor, un exfiscal de Pensilvania que se desempeña como uno de los abogados de Trump, concluyó su caso con una grave advertencia sobre las consecuencias de condenar al expresidente.

“Este juicio es mucho más que el presidente Trump. Se trata de silenciar y prohibir un discurso porque la mayoría no está de acuerdo con él. Se trata de cancelar a 75 millones de votantes de Trump y criminalizar los puntos de vista políticos”, dijo Castor, antes de concluir con la exposición de la defensa. “Este es el único problema existencial que tenemos ante nosotros.”

Traducción de Alfredo Grieco y Bavio