Brutalidad policial: el precio de ser negro y con discapacidad en Estados Unidos

En la mañana del pasado domingo, Charleena Lyles llamó a la policía de Seattle para informar de un robo. Lyles era una mujer negra, embarazada, madre de cuatro hijos (uno de ellos con síndrome de Down) y vivía en un piso de realojo para personas que antes habían estado en la calle. Los oficiales se presentaron en el lugar, encontraron a Lyles en medio de una crisis nerviosa, supuestamente armada con un cuchillo, y la mataron.

El asesinato provocó una gran indignación en todo el país, ¿pero que más se puede hacer para superar esto? ¿Cómo se termina, de una vez por todas, con la relación que hay entre violencia policial y racismo, clasismo y discriminación contra las personas con discapacidades psico-sociales o mentales?

Cuando se difundió la noticia de la evitable muerte de Lyles, un grupo de activistas no blancos y con discapacidad de Chicago se tomó la noticia con una triste naturalidad. Ya se saben la canción. Y les preocupa que les estén quitando una de las mejores herramientas que tienen para frenar la violencia.

Internamientos forzados

Chris Huff intentó suicidarse en 2005 y fue internado, contra su voluntad, en el hospital Michael Reese del barrio South Side de Chicago. “Mi mamá me llevó para un estudio. Solo iban a hacerme un estudio y, de repente, me estaban internando”, contó Huff.

La internación no fue de mucha ayuda. Tres meses después, Huff llevó un arma a su escuela secundaria, presa del miedo y la paranoia, como luego lo describió. Se le abalanzaron, Huff sacó el arma y disparó. Le levantaron cargos como si fuera adulto: intento de homicidio, violencia física agravada y uso de un arma de fuego en un establecimiento público. Huff tenía 15 años.

Ahora tiene 27 y vive en Ogden Park (Englewood), un vecindario del South Side de Chicago. Conduje hasta allí para conocerlo. Mientras la calurosa tarde llegaba a su fin, pasamos una hora hablando a la sombra de unos plátanos, sentados en un banco inclinado de madera.

Huff estaba inquieto. Se sentaba. Se ponía de pie. Iba y venía fumando. Poco a poco, comenzó a desgranar sus teorías sobre discapacidad, raza, pobreza, vigilancia policial y sobre el círculo vicioso en el que se ven atrapados los residentes negros y con discapacidad de Chicago.

Chris Huff es miembro de Advance Youth Leadership Power, un grupo de apoyo que se organiza a través de Access Living (una de las principales organizaciones de Chicago en derechos de las personas con discapacidad) con el objetivo de luchar en dos complicados frentes. En primer lugar intentan mostrar a todo el que le interese el comportamiento policial (incluido el cuerpo especial creado en el Ministerio de Justicia para controlarlo), cómo se inscribe el factor de la discapacidad en la narrativa generalizada de abusos de la policía de Chicago: entre un tercio y la mitad de las personas asesinadas por la policía tenían algún tipo de diversidad funcional.

En segundo lugar, y tal vez aún más importante, los activistas de este grupo tienen la esperanza de ayudar a sus propias comunidades a comprender las conexiones que hay entre discapacidad y justicia racial y económica.

Una ola de muertes por disparos de la policía

En 2015 hubo en Chicago una sucesión de muertes provocadas por disparos de la policía. Empezó con el caso de LaQuan McDonald y continuó con los también notorios de Philip Coleman, Quintonio Legrier y Bettie Jones. Los tres hombres tenían una discapacidad o patología psiquiátrica. La mujer, Jones, fue asesinada cuando la policía buscaba a Quintonio.

Las repercusiones políticas de esa ola de muertes terminaron provocando la dimisión del jefe de policía. El Ministerio de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) investigó las actuaciones policiales en la ciudad abriendo foros para que los vecinos pudieran compartir sus experiencias.

Fue en uno de esos foros donde conocí a Chris Huff. En pie frente a la multitud, contaba su historia de vida, instruía a los demás. “No creo que haya sido coincidencia que tres meses después de que me diagnosticaran mi patología, yo estuviera usando un arma en la escuela”, recuerda Huff sobre su arresto.

En su opinión, fue afortunado por no haber pasado mucho tiempo en la cárcel. Con la ayuda del Instituto Northwestern su madre pudo ponerle abogados y lograr que un juez les permitiera mudarse al estado sureño de Georgia, lejos de Chicago, mientras esperaban el juicio.

En lugar de la sentencia de varias décadas que le podía haber caído si lo juzgaban como adulto (una posibilidad que contempla la ley), Huff terminó pasando unos pocos meses en un centro para delincuentes juveniles de Illinois. Cuando cumplió los 18, se borraron sus antecedentes penales. Después llegó el momento de la universidad, en el sur, y más tarde, el regreso al South Side de Chicago para un postgrado. Allí sigue hoy, en el Instituto Vera de Justicia, ayudando a jóvenes recién encarcelados.

Hombres negros con algún tipo de diversidad funcional

Nadie sabe con certeza cuántas víctimas de la violencia policial son personas enfermas o con discapacidad. Para todo el país hay algunos datos (que en 2015 yo puse sobre papel para la Fundación Ruderman) pero dependen demasiado de los testimonios. Los distintos departamentos de policía y los gobiernos de los estados se han mostrado reacios a registrar y controlar el uso de la fuerza. Aún así, los testimonios siguen siendo reveladores. Los principales casos investigados por el DOJ en Chicago involucraban a hombres negros con una discapacidad.

LaQuan McDonald tenía trastorno por estrés postraumático (TEPT) y una discapacidad mental no especificada. Philip Coleman, muerto durante el arresto, estaba sufriendo una crisis nerviosa cuando la policía llegó a la casa después de que los padres llamaran al 911. “Nosotros no los llevamos al hospital, los llevamos a la cárcel”, dijeron los agentes mientras lo detenían. En un vídeo publicado a finales de 2015, se puede ver a Coleman recibiendo descargas con una pistola eléctrica y siendo arrastrado de su celda sin oponer resistencia. Un policía de Chicago mató a Quintonio Legrier, un joven negro que sufría una crisis nerviosa, y también disparó contra la vecina que lo estaba vigilando, una mujer negra llamada Bettie Jones.

En julio de 2016, el grupo Advance Youth Leadership Power (AYLP) y sus activistas decidieron tomar cartas en el asunto con una manifestación en la puerta de la audiencia que trataba el caso, donde también entraron a declarar.

Yo estaba ahí y vi a un niño de 11 años, acompañado por su madre, hablar de su trauma. Cuando tenía 6, la policía entró violentamente en el patio de atrás de su casa con las armas desenfundadas. La persona que buscaban estaba en la misma manzana, pero a varias casas de distancia. Su madre, Melinda Manson, describió los años de pesadillas que había sufrido su hijo tras el episodio.

Timotheus Gordon, un estudiante de doctorado en la Universidad de Illinois, de raza negra y autista (se describe a sí mismo como “un jugador de fútbol americano negro y con rastas”), habló sobre el temor constante a ser detenido por la policía y no responder rápido y de una manera que los agentes consideren satisfactoria. Los familiares de Stephon Watts, un joven negro autista asesinado por la policía en la cercana ciudad de Calumet, hablaron de la pérdida de su ser querido. Huff también contó su historia.

El mensaje era claro: no habría justicia para los habitantes de Chicago hasta que no se abordase el tema de la discapacidad tanto como el de la raza para entender el comportamiento de la policía.

Lo bueno es que los investigadores del DOJ entendieron el mensaje y colaboraron con el grupo AYLP en la organización de una serie de reuniones, algunas públicas y otras privadas (más seguras), para asegurarse de que estos habitantes de Chicago pudieran contar su historia.

El problema es del sistema y de la estigmatización

Durante el otoño entrevisté a varios miembros del grupo AYLP para conocer su punto de vista. Aunque con formas diferentes, todo el tiempo escuché mencionar dos temas.

El primero, que estas personas creen que el sistema legal está diseñado para maximizar la opresión de la gente negra y con discapacidad. El segundo, que dentro de la comunidad negra del área de Chicago, la estigmatización hace que la gente evite hablar de la discapacidad. En otras palabras, muchos piensan que referirse a la discapacidad de LaQuan McDonald es una forma de minusvalorarlo, o que el debate sobre las enfermedades mentales y el accionar policial debería ser diferente al debate sobre el autismo.

Candace Coleman, coordinadora para la juventud en el AYLP, no está de acuerdo. “Soy negra, tengo discapacidad y soy del South Side, en Chicago”, dice. Pero Coleman también sabe que la estigmatización existe. Siempre supo que tenía discapacidad (tiene varias afecciones, entre ellas parálisis cerebral y asma, y toda su vida ha estado entrando y saliendo de los hospitales), pero le llevó mucho tiempo poder sentirse verdaderamente orgullosa de esa parte de su identidad.

Coleman es hoy una de las líderes del movimiento de orgullo en la discapacidad, pero reconoce que va a pasar mucho tiempo antes de que todos sientan ese orgullo. En muchas comunidades, “no se puede hablar sobre salud mental”. “Te automedicas, haces lo que tienes que hacer para salir adelante pero, incluso hoy, sigue sin estar bien hablar del tema”, dice. Y cuando nadie habla del tema, ni siquiera los reformistas bienintencionados pueden escuchar.

Para Chris, la estigmatización es algo que le sirve a un sistema disfuncional. Ese día que nos encontramos en el parque me lo explicó por encima. En su análisis, las circunstancias opresivas generan estigmatización y profundizan los efectos negativos, especialmente de los problemas mentales; esos efectos negativos a su vez hacen que se provoque la interacción con las fuerzas policiales; como las fuerzas de seguridad manejan muy mal ese tipo de interacciones, castigan con demasiada frecuencia a los que se comportan de manera diferente, reforzando así la necesidad de aislarse (incluso de sí mismas) que tienen las personas con discapacidad.

La policía castiga a los que son diferentes

“Una vez que salí al mundo, ya tenían una serie de sistemas listos para mí”, dice Huff. “Ya tenían preparado mi vecindario, la comunidad... debido a la segregación. Ya estaba todo planeado de antemano. Lo que creo que está pasando verdaderamente es que una gran parte de la enfermedad sí tiene que ver con un factor genético, pero son desórdenes provocados por el hombre. Me tengo que adaptar al sistema y a la estructura actual para recibir educación, trabajo y vivienda”.

Una de las últimas medidas del Ministerio de Justicia de la Administración Obama fue publicar un informe sobre el comportamiento policial en Chicago. Una evaluación devastadoramente cruda de las sistemáticas violaciones que comete la policía contra los derechos civiles de sus habitantes. En un primer momento, el fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, desestimó el informe por considerarlo “anecdótico”, incluso después de admitir que no lo había leído. Sessions se mostró en contra de los llamados “decretos de consentimiento” entre el DOJ y los departamentos de policía, [pensados para que el Departamento de Justicia intervenga y ayude a mejorar el funcionamiento de las policías locales].

El informe del DOJ identificó la práctica generalizada de abusos y añadió una serie de recomendaciones, como la de “trabajar con los miembros de la comunidad procedentes de los diversos grupos raciales, religiosos, étnicos, de género y de discapacidad en Chicago para generar una conciencia cultural conjunta con la policía, informar y sumar propuestas de medidas posibles que mejoren la relación entre la policía y la comunidad”.

La inclusión de la discapacidad en ese listado es una muestra del trabajo del AYLP, entre otros. Pero Trump y Sessions están tratando de tirar el informe a la basura. Como escribió Rachel Cohen en la revista Vice, los expertos en el tema y los activistas dicen que el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, está aprovechando el mensaje antireformista de Sessions para debilitar las reformas en la ciudad.

Cuando terminábamos nuestra conversación, Huff admitió que, a veces sentía un “vínculo traumático” con esta zona de Chicago. “Sé que no soy la única persona que tiene un vínculo traumático con el lugar en que creció. ¿A quién se le ocurre alejarse de una experiencia traumática y volver a esa mierda?”.

“No es una coincidencia que estés viviendo aquí, que estemos en esta plaza. ¿En qué otro lugar podrías estar?”, le dije.

Huff miró hacia otro lado. “Solo intento sumar una voz en el debate sobre la discapacidad. Me gustaría entender cómo la violencia estructural crea o perpetúa las discapacidades psico-sociales o las discapacidades mentales, cómo la violencia estructural crea o contribuye a las disfuncionalidades que se experimentan en la vida”.

Huff siente que no tiene opción, que la disfunción del sistema está en todas partes y que tiene que adaptarse. Pero termina diciendo: “Creo que si uno se adapta a la disfunción, al final está adoptando esa disfunción”.

David Perry es periodista por los derechos de las personas con discapacidad. Su trabajo se centra en la violencia y en la criminalización. Actualmente escribe un libro para la editorial Beacon Press, con el título provisional Disability Is Not a Crime (La discapacidad no es un crimen).

Traducido por Francisco de Zárate