California indemnizará a las víctimas de esterilizaciones forzadas en cárceles y hospitales públicos

Años después de ser sometida a cirugía mientras estaba en prisión dentro del sistema penitenciario de California, Kelli Dillon se dio cuenta de que le habían quitado su capacidad reproductiva sin su consentimiento.

En 2001, a los 24 años, se convirtió en una de las víctimas más recientes en la serie de esterilizaciones forzadas en California que se remonta a 1909 e inspiró el programa eugenésico de la Alemania nazi.

Pero ahora, siguiendo nuevas disposiciones incluidas este mes en el presupuesto estatal, el estado de California ofrecerá una indemnización a las miles de personas que fueron esterilizadas en instituciones públicas sin su consentimiento, a menudo por ser consideradas “criminales”, “débiles mentales” o “desviadas”.

El programa será el primero en el país en ofrecer una compensación a las víctimas de los programas de esterilización en las cárceles, como Dillon, cuya abogada obtuvo los registros médicos que prueban que, durante su encarcelamiento en la prisión para mujeres del centro de California en Chowchilla, extirparon sus ovarios durante una operación que, se suponía, consistía en una biopsia y la eliminación de un quiste.

Las investigaciones desencadenadas por su caso, que forma parte del documental Belly of the Beast (El vientre de la bestia), han revelado que, hasta 2010, cientos de internas en cárceles de mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, aunque entonces la práctica ya era ilegal.

El nuevo programa de indemnizaciones de California también busca compensar a cientos de supervivientes de la campaña eugenésica del estado, incorporada a la ley estatal en 1909 y revocada en 1979.

Aquella ley permitía a las autoridades estatales esterilizar a los individuos confinados en instituciones públicas, en caso de considerarse que tenían “enfermedades mentales que pudieran haber sido heredadas” y que fuera “probable que las trasmitieran a sus descendientes”. La cobertura de la ley fue ampliada para incluir a “aquellos que sufrieran de perversión o presentaran desviaciones notables de la mentalidad normal”. Aquellos a quienes la ley apuntaba eran a menudo mujeres negras y latinas, aunque algunos hombres también fueron esterilizados.

“California estableció estas escandalosas leyes de eugenesia, las cuales fueron imitadas por el mismo Hitler, en su esfuerzo por restringir el número de individuos no deseados y de gente con discapacidades dentro de la población”, dice Wendy Carillo, miembro de la Asamblea Estatal de California. Ella presentó el proyecto de ley para crear el programa de compensación.

Carillo dice que, en total, en California más de 20.000 personas fueron esterilizadas, entre las que se incluyen los casos históricos, anteriores a 1979, y los cientos de casos adicionales en las cárceles, registrados hasta 2010. Muchas de las primeras víctimas han muerto, pero el Estado cree que hay unas 400 aún con vida y se espera que alrededor del 25% se presente a solicitar la compensación.

“Ninguna compensación monetaria rectificará esta injusticia”, dice Carrillo. “Pero que el Estado reconozca estas prácticas otorga un cierto grado de dignidad a los supervivientes. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo?”.

Espera que cada solicitante aceptado en el programa obtenga alrededor de 25.000 dólares a partir de 2022.

Ideas que inspiraron a Hitler

California sigue el camino de Carolina del Norte y Virginia al desarrollar programas que otorguen una compensación por las esterilizaciones dentro de las campañas estatales de eugenesia establecidas a mediados de la década de 1900. Sin embargo, California es el primero en reconocer casos mucho más recientes, acontecidos en prisiones.

Los tres intentos previos de crear un programa de indemnización no habían llegado a ser tratados en la asamblea californiana.

Desde sus inicios al comienzo del siglo XX, la campaña estatal de eugenesia se fundaba sobre el tipo de ideario racista que conduciría al Holocausto en la Alemania nazi, según Alexandra Minna Stern, historiadora de la Universidad de Michigan, que en 2007 descubrió archivos con los historiales médicos de las víctimas mientras investigaba para un libro sobre la eugenesia en Estados Unidos.

“En gran parte, esto surgió de la idea de usar la ciencia para el bien común, para la mejora de la humanidad y de la raza”, dice. “Por supuesto, todo aquello estaba lleno de racismo, sexismo y prejuicios frente a la discapacidad, típicos de la época”.

Casos contra mexicanos

El caso de Andrea García está muy bien documentado: en 1941, la joven de 19 años nacida en México fue esterilizada en un asilo cerca de Los Ángeles destinado a aquellos “afectados con debilidad mental”. El personal de la institución había decidido que no debía poder reproducirse porque era “una niña mentalmente deficiente, una delincuente sexual” proveniente de un “hogar inadecuado”, según un estudio de Natalie Lira, investigadora de la Universidad de Michigan que analizó la documentación médica de las esterilizaciones descubiertas por Stern.

La madre de García recurrió a la justicia para combatir la política de esterilizaciones, pero perdió el caso. Tanto la madre como la hija han muerto.

Lira también describe el caso de Antonio Durán, de 14 años, esterilizado en 1939 tras ser hallado culpable de robo y considerado un criminal por haber entrado a una casa de la que se había llevado varios objetos. Las solicitudes de esterilización lo describen como “temperamental, poco fiable, un matón alborotador” y llaman a sus padres “mexicanos de mentalidad inferior”.

Stern dice que este tipo de pensamiento no desapareció cuando California finalmente anuló la ley de eugenesia en 1979, período en el que también el estado comenzó a cerrar las instituciones estatales en las que durante décadas habían confinado a personas con enfermedades mentales y a aquellos considerados no aptos para vivir en sociedad.

Dice que no es coincidencia que en esta misma época aumentara el número de internos en las cárceles. Fue un tiempo de encarcelaciones masivas, en el que muchas de esas mismas personas que habían pasado por las instituciones de salud mental —a menudo gente pobre de color— permanecían extensos períodos en prisión. No hace falta ir muy lejos para ver cómo los agentes de prisión comenzaban a abusar de su poder en un nuevo intento por prevenir que los acusados se reprodujeran, dice Stern.

“Veo muchos elementos y condiciones similares que permitieron el posterior abuso de las esterilizaciones en las prisiones”.

Menopausia con 24 años

Tras ser esterilizada sin su consentimiento ni su conocimiento, Kelli Dillon dice que comenzó a experimentar síntomas de la menopausia con tan solo 24 años.

“No me decían lo que habían hecho y mi cuerpo estaba descompuesto”, dice Dillon, que fue liberada de prisión en 2009. Actualmente dirige su propia consejería sin ánimo de lucro que busca prevenir la violencia doméstica, así como atender a sus víctimas. Además, trabaja en la comisión de servicios familiares de la ciudad de Los Ángeles.

En aquella época estaba cumpliendo una condena de 15 años de prisión tras asesinar a su violento esposo, después de que él la golpeara con un hierro y amenazara a sus dos hijos pequeños.

Dillon dice que había autorizado a los médicos de la prisión a realizarle una histerectomía solo si detectaban cáncer durante la cirugía, pero ningún signo de esta enfermedad resultó reportado.

Dice que la esterilización destrozó sus sueños de volver a empezar una familia y que le provocó la ansiedad y la depresión.

“Es como si mi vida no valiera nada”, dice. “Alguien creyó que yo no tenía nada que contribuir, hasta tal punto que encontró esta manera tramposa y diabólica de arrebatarme mi capacidad de tener hijos”.

Mientras todavía estaba en la cárcel, Dillon comenzó a darse cuenta de que a muchas de sus compañeras de prisión se les practicaban histerectomías y otros procedimientos de esterilización. A veces, después de dar a luz; otras, mientras se les practicaban otras intervenciones necesarias para buscar cánceres o corregir problemas ginecológicos. Entonces, junto a su abogada Cynthia Chandel, comenzó a recolectar historias de otras presidiarias.

Finalmente, esto derivó en una investigación realizada por el Center for Investigative Reporting (CIR) que identificó 132 casos de mujeres cuyas trompas habían sido ligadas en prisión sin la aprobación estatal apropiada. Asimismo, una auditoría estatal de 2014 halló que cerca de 800 histerectomías y otras esterilizaciones se habían realizado en estos establecimientos.

Uno de los médicos de la prisión dijo al CIR que consideraba la esterilización como una manera de prevenir que los prisioneros procrearan y tuvieran “hijos indeseados” que le costarían dinero al Estado.

“Arguyó que era una manera económicamente eficiente de prevenir que la gente necesitara asistencia social”, dice Chandler. “Él en verdad creía estar haciéndoles un favor a los contribuyentes”.

Chandler comenzó a trabajar en el caso a comienzos de los 2000 junto al grupo defensor de los derechos de los presidiarios Justice Now, que ella cofundó. Ha logrado que se aprobara una ley que dejara claro que las esterilizaciones carcelarias eran ilegales y, desde aquel entonces, lucha por obtener una compensación para los supervivientes.

A menudo, los pacientes no tenían claro qué les había sucedido durante las cirugías.

A Gabriela Solano se le practicó una cirugía mientras estaba presa en la cárcel de mujeres Valley State. Los doctores le habían dicho que le iban a quitar su ovario izquierdo, que estaba inflamado, pero después le informaron que le habían extraído su ovario derecho, según cuenta a The Guardian. Cuando les preguntó a los médicos de la prisión al respecto, dice que uno le dijo “¿A ti qué te importa? Estarás aquí de por vida, de todos modos”.

“Lo recuerdo diciéndome eso”, dice en una llamada telefónica desde México, donde reside actualmente. “Se les practicaron histerectomías innecesarias a muchas chicas que conocía”.

Pero a muchos defensores del nuevo programa de compensación les preocupa que en la cultura estadounidense persistan los mismos sentimientos que permitieron que los abusos eugenésicos del pasado ocurrieran.

“Muchos consideran que los presos, los discapacitados y las personas de color están en los márgenes de la sociedad y que no vale la pena tratarlos con dignidad ni respeto”, dice Hafsah Al-Ami, coordinadora de la California Coalition for Women Prisoners (Coalición de California por las Mujeres Prisioneras), que trabaja junto a muchas presidiarias y expresidiarias que pueden ser elegidas para la compensación.

“Cuando la gente escucha el término ‘eugenesia’, a menudo piensa en algo que sucedió hace mucho tiempo”, dice Lorena García Zermeño, coordinadora de políticas y comunicación de Latinas Californianas por la Justicia Reproductiva, agrupación copatrocinadora de la ley. “Pero el legado de la eugenesia continúa hasta hoy”.

Menciona informes recientes sobre mujeres detenidas en los centros de inmigración en EEUU que fueron esterilizadas innecesariamente. Pero también dice que las disparidades en salud, como el alto número de personas negras y latinas muertas por la COVID-19, están arraigadas en el desprecio por las vidas de la gente pobre y de color.

“Es extremadamente importante que el Estado se enfrente a las creencias racistas y sexistas que perpetúan las disparidades sanitarias en la actualidad”.

Dillon dice que la idea de que California finalmente indemnice a los supervivientes de la eugenesia le da ganas de pasearse por las calles como Mary Tyler Moore en su programa de los 70, en el que interpretaba a una reportera de TV.

Lo que finalmente la ha ayudado a aceptar el hecho de que no puede tener hijos, dice, ha sido conocer a su nieto, que hoy tiene ocho años.

“Tuve la oportunidad, bendito sea Dios, de tener hijos antes de ir a prisión”, dice. “Y, gracias a eso, tengo la oportunidad de ser madre o una figura materna para mis nietos”.

Traducción de Julián Cnochaert